También hay que considerar la percepción de los habitantes, es decir, cómo vive cada uno ese entorno en el que se desempeña y se relaciona. Percepción que también se construye recibiendo mensajes que se disparan a través de diferentes emisores, entre los cuales los medios de prensa hegemónicos juegan un papel fundamental. Es cierto que hoy las redes sociales vinieron a eludir, en parte, ese direccionamiento que ejercen los medios imponiendo una agenda noticiosa, pero siguen teniendo el privilegio de entrar sin pedir permiso en cada hogar. Así las cosas, la merma de la información policial que sufren los noticieros en horario central, o la desaparición casi que absoluta de los titulares de la crónica roja (ya no hay fines de semana trágicos como antes, a pesar de situaciones iguales o peores de violencia extrema ocurridos hace pocas semanas) abonan a correr el foco de la atención ciudadana que sigue padeciendo los mismos o peores eventos de inseguridad, pero ya no tan mediatizados.
Por eso es que se hace imperioso ejercer control ciudadano y estar atentos ante la omisión de informar algún caso, para que sea la propia ciudadanía la que exija la información. Así ocurrió por estos días con el caso de una anciana del barrio de la Unión, que fue copada por varios días en su casa, desvalijada por delincuentes y que, de no ser por los vecinos, que advirtieron la situación, nadie se hubiera enterado. Una vez denunciada, la Policía encontró a la víctima tendida en el suelo, con heridas que le provocaron la muerte. La noticia no se conoció hasta pasados varios días del incidente y ante la insistencia ciudadana que contactó medios de prensa y solo uno se hizo eco –Telemundo de Canal 12– lo que generó la indignación de los vecinos. Los mismos vecinos que reconocen que ahora el celo por informar descendió al influjo del interés de las nuevas autoridades por “vender” un estado de situación de la seguridad que es absolutamente irreal.
Corrupción policial, el veneno
A Bonomi le criticaron siempre, desde el inicio mismo de su gestión, cuando abandonaron rápidamente aquel acuerdo multipartidario al que siguió como guion al punto de darle cabal cumplimiento a todo lo acordado. Si algo hizo punta en su gestión, fue el combate a la corrupción policial. Un flagelo que padecía una institución dañada por la desidia y el abandono institucional de décadas.
En ocasión del discurso de asunción, en marzo de 2010, propuso una serie de cambios y prometió devolverle la dignidad a la función policial. Pero, al tiempo de hacerlo fue muy claro advirtiendo que ello no sería gratis, en contrapartida sería inflexible con la conducta de cada policía y el compromiso en la función que estaba dispuesto a mejorar a cambio del mismo. Así cumplió, devolviéndole la dignidad perdida en salario, capacitación, vestimenta, tecnologías, vehículos, y armamento. Todos esos ítems a cambio de mejorar la respuesta de los servicios en favor de los habitantes. Entre esas medidas, el frontal combate a la corrupción policial llevó al cese de casi 300 policías por año, una cifra récord que permitió depurar los cuadros policiales y dar el claro mensaje de cumplir aquella promesa vertida en 2010: no sería gratis.
Hoy se ha procesado una especie de purga en los cuadros policiales de la anterior administración, las autoridades entrantes descabezaron las cúpulas y trajeron viejos cuadros que, a la desactualización notoria de sus capacidades, sumaron viejas prácticas que empezaron a desnudar el nivel de corrupción que los impulsaba. Seguramente el desconocimiento llevó a confiar en quienes no merecían esa confianza. Le pasó al fallecido Larrañaga y lo padece hoy el ministro Heber. Pero cuando son tantos los casos que se acumulan es evidente que hay una falla superior a la que debería responder el director de la Policía Nacional, que es -en definitiva- quien sugiere los nombres para la operativa (o al menos debería sugerir).
Es notorio que se tomaron decisiones basados más en la confianza política que en la capacidad profesional, diametralmente opuesto a como había ocurrido en la década pasada, cuando a nadie se le preguntaba a quién votaba.
Hasta tanto no se entienda a la seguridad como una verdadera cuestión de Estado, se la pretenda manejar cual botín electoral y se decidan cargos según la orientación política, seguirá habiendo una puerta abierta al peor enemigo que tiene hoy la gestión pública: la corrupción.
El peor legado será la desconfianza que empieza a generarse a partir de estos episodios que llevaron a la remoción de las principales jerarquías de varias jurisdicciones policiales del país. Y ya se sabe que si no hay confianza en la Policía, bajarán las denuncias en forma notoria, desandando un camino construido a base de capacitación y mucho profesionalismo. Aumentará la cifra negra de eventos no denunciados, y -en consecuencia- los datos que pueda aportar la cartera ya no tendrán (ni siquiera por aproximación), un valor referencial.
Lo peor que deja el flagelo de la corrupción es una crisis de confianza tanto hacia adentro de la fuerza (algo que ya han denunciado los propios sindicatos policiales), como hacia afuera, con una ciudadanía que tendrá recelos fundados antes de radicar una denuncia.
Bajan los delitos, pero ¿Quién te hace los números?
