Ahora el IAVA, que luchó enconadamente contra la aguda intransigencia del pasado gobierno educativo, representada por el reaccionario docente y hoy senador colorado Robert Silva, será Sitio de la Memoria, un galardón que ciertamente se ganó hace más de medio siglo, pero también en el pasado reciente y en el fragor de la batalla por preservar la democracia y contra el atropello, cuando defendió a su director Leonardo Ruidíaz, quien fue separado de su cargo, destituido y mancillado por Silva y su acólita Jenifer Cherro, exdirectora general del inconstitucional Consejo General de Educación Secundaria. ¿Qué decir que no se haya dicho de ese luctuoso episodio, aparentemente originado por la decisión de las autoridades de la época de quitar el salón gremial a los jóvenes con el pretexto de construir una rampa que nunca se construyó? Pasada la tormenta, la Justicia y las nuevas jerarquías educativas le dieron finalmente la razón al damnificado, que recuperó sus derechos.
No satisfechas con ese acto abiertamente arbitrario, las autoridades de la época, al mejor estilo de Pacheco Areco, intervinieron al centro educativo, suprimieron cantidad de grupos y hasta le rebajaron la categoría. Fue la reacción de una derecha furiosa que quiso escarmentar a la comunidad educativa y, sobre todo, a los jóvenes que opusieron fuerte resistencia al avasallamiento de la libertad de educadores y educandos.
Esta aberración no fue perpetrada hace más de 50 años, fue perpetrada en 2023. Más allá de diferencias de coyuntura histórica, los autores del atropello fueron dos colorados: Jorge Pacheco Areco y su émulo Robert Silva, pertenecientes a una colectividad partidaria que nunca pidió perdón por haber encabezado el golpe de Estado de 1973, ni por el perpetrado por Gabriel Terra en 1933 ni por otras rupturas institucionales, porque son golpistas contumaces.
Empero, no sólo el IAVA es ahora un sitio de la memoria. Los son también El IEC (Instituto de Enseñanza de la Construcción de la UTU), porque allí fue asesinado Hebert Nieto, quien fue ultimado el 24 de julio de 1971, por las fuerzas represivas del colorado Jorge Pacheco Areco, con sólo 16 años de edad. Incluso también lo es la Escuela Técnica de Malvín Norte, por haber funcionado como el centro de reclusión “Álvarez Cortés” del Consejo del Niño. Entre 1968 y 1978, el Estado utilizó este lugar para recluir y vulnerar los derechos humanos de adolescentes varones por motivos políticos e ideológicos.
Empero, quiero detenerme particularmente en un caso concreto. El año pasado fue declarado sitio de la memoria el Liceo “Instrucciones del Año XIII” Nº 8, del cual yo fui alumno, donde, hace 54 años, durante la presidencia “legal” del luego dictador Juan María Bordaberry, fue vilmente asesinado el estudiante Santiago Rodríguez Muela por una horda fascista de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), una organización parapolicial de ultraderecha que sembró el terror antes incluso del golpe de Estado, con la aquiescencia del gobierno de la época.
En el local situado en 8 de Octubre entre Avenida Garibaldi y Urquiza, se colocó una pieza que expresa, elocuentemente: “Nunca más terrorismo de Estado”, en alusión a la pesadilla desatada por militares y civiles, todos ellos blancos y colorados, aun antes de 1973. Coincidentemente, el centro educativo está ubicado en la acera de enfrente de la sede del Ministerio de Defensa Nacional, donde otrora estuvo emplazado el Estado Mayor Conjunto (Esmaco), organismo de planificación y asesoramiento de la dictadura, que actuó como una entidad clave para coordinar y ejecutar los objetivos del régimen, operando en conjunto con otras fuerzas represivas. Su existencia y funciones se basaron en la aplicación de la criminal doctrina de seguridad nacional.
Como se recordará, Rodríguez Muela fue abatido por las jaurías fascistas el 11 de agosto de 1972, en horas de la noche en el anexo del centro educativo, durante una asamblea de madres, padres, alumnos y docentes. En la oportunidad, la víctima fue asesinada de un disparo en la espalda y los responsables jamás fueron enjuiciados, pese a que el crimen nunca estuvo amparado por la inconstitucional Ley de Caducidad.
Los autores del deleznable homicidio eran miembros de la denominada JUP, una organización ultraderechista de jóvenes fascistas liderada por Hugo Manini Ríos, hermano del exsenador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Según los testimonios oculares, la asamblea fue interrumpida por una banda armada de catorce personas que, en el decurso del tumulto, mató a Santiago Rodríguez Muela a sangre fría.
Evidentemente, sabían bien a quién estaban matando, ya que la víctima, de apenas 24 años de edad, casado y empleado de Ancap, era un militante activo del Partido Comunista Revolucionario, una organización política de izquierda radical opositora al gobierno autoritario del luego dictador Juan María Bordaberry.
Uno de los autores materiales del homicidio, según se ha denunciado reiteradamente, sería el hoy mayor retirado del Ejército Enrique Mangini que, vaya casualidad, es integrante de Cabildo Abierto desde su fundación, uno de los hombres más cercanos a Guido Manini Ríos y fue guardaespaldas del general golpista Iván Paulós. Incluso, los servicios de inteligencia revelaron que esta mafia recibía apoyo, adiestramiento militar y financiación de la CIA. Es decir, era una célula terrorista del imperialismo yanqui.
Sus tropelías nunca fueron investigadas, ni antes ni después de la dictadura, lo cual constituye una rémora que remueve la conciencia colectiva y permanece enquistada como un tumor que contamina nuestra democracia.
