Esa misma noche comenzaron a llegar las primeras informaciones sobre detenidos y apareció un insólito tweet del oficialismo, extendiendo cálidas felicitaciones por la represión que, según ellos, restauró el orden ante la inminencia de un apocalipsis. Prefiero recuadrar textualmente en su totalidad ese tweet en un aparte, junto a una fe de erratas interpretativa propia. Basado en ese tweet, el fiscal Stornelli intervino desde el fuero federal modificando los precedentes de ya absurdas intervenciones en el fuero citadino procesando con prisión a 33 ciudadanos, cuyos familiares y organismos de derechos humanos no pudieron conocer su paradero durante las primeras 24 hs. El organismo emisor del tweet carece de toda existencia en el organigrama estatal. Es solo una cuenta en la red social. Le sigo atribuyendo el carácter oficialista porque su contenido coincide plenamente con las afirmaciones del vocero presidencial, Adorni, y del propio presidente Milei en un reportaje del martes pasado.
Las imágenes desgarradoras de las detenciones que comenzaron a llegar, tomadas por celulares de ciudadanos o las cámaras televisivas, reflejan una violencia inusitada. Buena parte de los detenidos, particularmente varones, fueron arrojados al suelo mediante zancadillas, y luego llevados en el aire entre cinco agentes, uno por cada miembro y el quinto rodeándolo por el cuello al límite de la asfixia. La mayoría estaba bajo los efectos de gas pimienta en sus rostros. La totalidad de ellos relatan haber sido objeto de alguna forma de tortura física y psicológica al apresarlos o en el transcurso de su prisión, además de abandono.
A la mayoría de los detenidos se les imputa el “delito” de "atentado y resistencia a la autoridad", aunque también a varios de arrojar piedras (y consecuentemente atentado la integridad física del personal policial), sin que haya registro fílmico o fotográfico que lo demuestre. Efectivamente se lanzaron piedras en la plaza del Congreso, pero muchos de los detenidos fueron arrestados en las mismas intersecciones, específicamente en Lima y México (más de 1 km de distancia de los hechos) y Santiago del Estero y Avenida de Mayo (500 metros de distancia). Varios ni siquiera eran manifestantes, sino vendedores ambulantes de comidas. Algunos fueron liberados por la jueza el fin de semana y once de ellos a horas de entregar este texto a edición, mientras cinco continúan aún detenidos. Sin embargo, la condición de liberación también varía, ya que el fiscal apela las medidas y solicita su regreso a prisión.
A las imágenes de las violentas detenciones que las redes fueron multiplicando, deben sumarse actos vandálicos que considero vergonzosos, inaceptables y contrarios a toda expresión de protesta o movilización social: quema de automóviles y una estación de bicicletas públicas, rotura de baldosas para arrojar piedras, entre otros. Difícil que haya sectores progresistas o de izquierda que los reivindiquen y los ejerciten, pero, si los hubiera, cuentan con mi más pleno y absoluto repudio. Reconozco, sin embargo, que he participado de debates en las asambleas populares o en el ámbito universitario, oponiéndome firmemente a la celebración del combate físico con las fuerzas represivas. No solo por la desigual proporción de fuerzas y el consecuente riesgo para quienes lo ejercen, sino por la oposición visceral a toda forma de violencia física y por el espero involuntario desaliento a la participación que supone la asociación de la protesta con la confrontación física. Hasta he llegado a escuchar a algún jubilado exultante por haber hecho “cobrar a la cana”, como se dice popularmente en el Río de la Plata. Ilusión a la vez pueril, dada la imposibilidad de causar algún daño físico a un represor, ya que nada de su cuerpo queda expuesto, considerando la cobertura total que las actuales armaduras tecnologizadas de este siglo ofrecen, en reemplazo de las pesadas medievales.
Un tardío documento de la CGT no solo repudia la criminalización de la protesta, sino que afirma que los actos vandálicos fueron perpetrados por “personal profesional infiltrado”, cosa que a nadie sorprendería. Pero resultaría confirmatorio el hecho de que en las acusaciones cruzadas de diversas fracciones sindicales, se reconocía la información y advertencia de que las mismas fuerzas de seguridad provocarían desmanes a partir de las 15 hs, momento en que la principal columna había decidido iniciar la retirada.
Ninguno de los detenidos está imputado en la quema de vehículos cuando al menos el primero, perteneciente a una cadena televisiva, fue vandalizado ante un cordón policial, que se mantuvo impertérrito, incluyendo motos a menos de 50 metros. El fiscal tampoco está investigando la identidad de quienes lo dieron vuelta e incendiaron, a pesar de que sus rostros fueron tomados en primer plano por las cámaras televisivas. Sólo la detenida Calarco Arredondo está acusada de prender fuego a la estación de bicicletas, aunque ya debería haberse probado o desechado, porque también ese hecho fue registrado por la televisión. Aún indaga a los otros cuatro por supuesta agresión con piedras o en un caso por portación de una vieja granada de humo.
Volviendo a la afirmación de la complicidad del Poder Judicial con la que inicio estas líneas, los artículos del Código Penal habituales en antecedentes represivos (art. 239, resistencia a la autoridad, o el art. 237, atentado contra la autoridad) se potencian por el tweet oficioso que estimula al hacendoso fiscal a ir en busca de mayores imputaciones delictivas. El extremo de estas imputaciones serían los delitos “contra los poderes públicos y el orden constitucional” (art. 226) y/o el de “perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos” (art. 241), entre otros.
Estos se enfrentan en tensión, por caso, con el art. 144 bis, que sanciona a funcionarios que cometan actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o el art. 18 de la Constitución, que establece que ningún habitante de la nación puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Además, el art. 75 inc. 22 otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, reforzando la protección de los ciudadanos frente a abusos del poder.
Cuando dos derechos coliden, debe ser la política la que ordene cuál de ellos prevalece. Lo está haciendo en este caso. La fuerza política gobernante, llamada “La libertad avanza”, contiene una omisión literalmente paradojal, ya que avanza hacia un estado de excepción. Es la libertad condicional avanzando sobre la vigencia constitucional aherrojada.
