Estas declaraciones son de extrema gravedad porque, al igual que los fascistas nostálgicos de las catacumbas de los clubes militares, termina calificando a los criminales como meros “presos políticos”, como si no hubieran sido condenados por una Justicia independiente y en plena vigencia del sistema democrático y no gozaran de las garantías del debido proceso. A este esperpento, al igual que a la inefable Bianchi, corresponde caratularlos como negacionistas, porque, además de mentir groseramente, emiten juicios de valor que no se condicen con la realidad.
Botana maquilla su no tan soterrada afinidad con los antiguos aliados de connotados blancos colaboracionistas, esbozando la posibilidad que finalmente se desemboque en una ley que establezca la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años de edad de alcance general, por razones de humanidad, aunque volvió a mostrar la hilacha cuando aludió a “los que están presos por mera convicción del fiscal y el juez, sin prueba alguna”, quienes, a su juicio, están privados de libertad “por exceso absoluto”. Esta afirmación es un artero ataque contra la Justicia, pero también contra la Fiscalía de la Nación, pese a que al frente de este organismo descentralizado está la Fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero, quien, con sus sospechosos traslados, parece querer blindar penalmente a exjerarcas de la colectividad partidaria que integra Botana.
El diputado frentista Sebastián Valdomir calificó la actitud de ambos parlamentarios blancos de “pasar todos los límites de la decencia democrática” y anunció que propondrá a la bancada del FA que se desarchive el proyecto sobre el negacionismo del terrorismo de Estado, que la fuerza política presentó en 2024, “porque lo que están haciendo tanto Botana como Bianchi y otros actores es negacionismo de la cantidad de gente que sufrió persecución, tortura y muerte. De ese modo, se podrá discutir en el Parlamento quiénes son los que están a favor o en contra de los derechos humanos en este país”.
El urticante tema se reflota ahora, luego de sendos proyectos presentados por el diputado blanco Rodrigo Goñi, actual presidente de la Cámara de Representantes, y del senador colorado Pedro Bordaberry, hijo del dictador Juan María Bordaberry, quien encabezó, el 27 de junio de 1973, el golpe de Estado que arrasó con las instituciones e instaló la dictadura cívico militar.
La iniciativa de Bordaberry, que apunta a favorecer a los represores privados de libertad de más de 75 años de edad, invoca razones de humanidad, que ya están contempladas por la Justicia y no requieren ninguna otra solución legislativa. ¿Cuál es el significado del concepto razones humanitarias universalmente admitido? Las razones humanitarias refieren a la protección de la vida en situaciones extremas, como guerras, en las cuales la que sufre más es la población civil, en una hipótesis de refugiados a causa de conflictos bélicos y masivas deportaciones o en una hambruna. En todos los casos, hay un problema de urgencia y lo que naturalmente se prioriza es la supervivencia.
Los represores uruguayos perpetraron también barbaridades, con particular ensañamiento con las mujeres. Hubo torturas, pero también vejámenes, porque estos criminales tenían impunidad para perpetrar estos actos deleznables. Sin embargo, a ellos no se les condenó al encierro en condiciones infrahumanas, sino todo lo contrario.
Mientras a los pobres se los deposita en cárceles hacinadas y en contextos de indignidad, a los represores de la dictadura se los interna en una cárcel VIP. Incluso, en algunos casos, cobran jubilaciones de entre $180.000 y $200.000. Más que encerrados, estos criminales están alojados en una suerte de hotel, ya que sus espacios de confinamiento no son realmente celdas sino habitaciones, dotadas de televisión por cable, un beneficio del que muchos uruguayos carecen, aire acondicionado y computadora, entre otros lujitos. Las puertas no están cerradas con llave ni tienen horario para apagar la luz, a diferencia de lo que sucede en los penales convencionales. Obviamente, también pueden practicar deportes u otras actividades que requieran, sin mayores restricciones.
Los criminales tienen visitas diarias de enfermeras que chequean su estado de salud y atención psicológica semanal. En la hipótesis de que hubiera una patología importante, son derivados a un nosocomio o a prisión domiciliaria. Por supuesto, se alimentan bien, ya que la comida que consumen es elaborada por el Ejército, a lo cual se suman los víveres que les proporcionan sus familiares.
Es decir, que estos monstruos están privados de libertad, pero ese es casi el único derecho que tienen conculcado, pese a la extrema gravedad de las tropelías cometidas. Por ende, son convictos con privilegios, de los cuales no goza ni siquiera un mero ratero callejero. No son pobres viejitos que merezcan piedad. Incluso, la inmensa mayoría de ellos ya están en régimen de prisión domiciliaria y sólo quedan 32 en Domingo Arena.
