Hablemos de medidas concretas. En el año 2020, la ley 19.889 (la famosa LUC) disuelve los Consejos de Enseñanza (el de Secundaria había sido creado en 1985, a la salida de la última dictadura), a excepción del Consejo de Formación en Educación, y los sustituye por Direcciones Generales, lo que favorece la concentración de las decisiones en una sola cabeza, e impide el diálogo y la deliberación, silenciando toda voz que no sea la del partido de gobierno. La figura del Consejero Docente, creada recién en el año 2010, queda en ese marco muy desdibujada, casi erigida en un adorno inútil. Vinieron casi enseguida los más duros conflictos. El peor, el del IAVA, un instituto considerado por las actuales autoridades como el principal bastión de todo aquello que les parece levantisco, antisocial y subversivo. La emprendieron primero contra los estudiantes agremiados y continuaron con el sumario del director, al que acusaron nada menos que de insubordinación (como si se tratara de un militar subalterno, en el marco de una organización castrense), para lo que debieron echar mano de una norma creada, vaya casualidad, en plena dictadura. Atrás quedaron, aplastados por la acción conjunta de la LUC y de la norma trasnochada, conceptos tan caros a la educación como el principio de autonomía institucional, dentro del cual el director o la directora ejercen amplios cometidos vinculados a la comunidad educativa y elaboran proyectos pedagógicos.
Ninguna de las acciones de estas autoridades descansa en el menor argumento lógico o racional, ni en un mínimo sustento educativo verdaderamente basado en la autonomía y en el reconocimiento; antes bien, obedece a móviles políticos, es decir a banderías ideológicas o partidarias, con una praxis represiva basada en la obediencia ciega y no en el diálogo, lo cual contradice por su base los altos cometidos y objetivos de las instituciones educativas. Las consecuencias de semejante actitud son graves. Se empobrece la interacción libre y democrática entre los ciudadanos, reduciéndola a un conjunto de órdenes, admoniciones, represión y sanciones. El disenso, a contrapelo de las leyes estatuidas en la República Oriental del Uruguay, se castiga sin disimulo. La lógica del enemigo induce a desplegar toda una batería de controles que sofocan cualquier idea no alineada en los rígidos esquemas manejados por el discurso oficial. Si esto no es autoritarismo, habrá que inventar otra palabra para designar el fenómeno.
Mucho hay para cambiar, y a fondo. Si seguimos con las obviedades, la educación pública es un asunto público y no privado. No admite lógicas gerenciales en las que se habla de clientes y no de padres y estudiantes. No admite procedimientos bancarios, ni lucro, ni compraventa, ni tercerización ni mercantilización, sino servicios públicos en el marco de un estado de bienestar.
Necesitamos desterrar esa lógica, barajar y dar de nuevo, plantear las viejas preguntas, que hoy son más necesarias que nunca. ¿Cuál es, si existe, el sentido de la educación pública? ¿Es preciso defenderla?, ¿y de qué manera podríamos hacerlo? Acá se trata de la educación del pueblo. No de lucro empresarial, y mucho menos de garrote vil, de autoritarismo desenfrenado y de persecución a todo aquello que suponga el menor signo de oposición. La democracia es diálogo, tolerancia, convivencia en pie de igualdad y búsqueda permanente de consenso, o no es democracia. Así de fácil. Así de difícil.
