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A partir de ahora se trata de avanzar en el programa votado por la ciudadanía y hacerlo de la manera más rápida y sostenible que se pueda.
Transcurridas las primeras tres semanas de gobierno, el presidente Orsi y el Frente Amplio pueden exhibir que el grueso de la administración pública cuenta ya con sus nuevas autoridades, incluida una buena parte de aquellas que requieren del voto conforme de 3/5 del Senado.
En efecto, el pasado martes, la Cámara Alta otorgó la venia a 29 de los nombres enviados por el Poder Ejecutivo, permitiendo la conformación de directorios completos de algunos organismos, como la ANEP o el BPS, y la designación de los presidentes de las empresas públicas. Resta designar el resto de los cargos, para los que habrá que esperar que la coalición envíe los cuarenta representantes que acordaron en la negociación con el Ejecutivo.
Conformar un gobierno pleno rápidamente alcanzando un acuerdo con la oposición por los cargos que se le otorgarán no es un logro de gobierno desdeñable, aunque, naturalmente, es sólo el desembarco. Claro que sin desembarco no hay descubrimiento, pero no es ni la exploración ni la conquista, sino apenas su condición de posibilidad. A partir de ahora se trata de avanzar en el programa votado por la ciudadanía y hacerlo de la manera más rápida y sostenible que se pueda, porque los problemas de Uruguay son muchos y la gente votó al Frente Amplio para resolverlos sin demora o, por lo menos, iniciar caminos que mejoren las cosas.
El martes que viene se reunirá el primer Consejo de Ministros y se espera una puesta a punto de las condiciones de partida en todas las reparticiones del Estado. Por lo que ha trascendido, no se esperan aún grandes anuncios y, mucho menos, grandes anuncios de grandes políticas. La expectativa está en conocer algunas primeras medidas con señas de identidad; medidas que, además de su impacto objetivo, constituyan verdaderos mensajes a la población, mientras se comienza a delinear el camino que conducirá al proyecto de presupuesto nacional que contendrá todos los proyectos que requieran recursos sustantivos y nuevas asignaciones de los fondos públicos.
Además de eso, seguramente el informe posterior al Consejo de Ministros dé cuenta de la situación real de las dependencias públicas, las conocidas en la transición y las desconocidas hasta después de la asunción, aquellas situaciones de las que, lamentablemente, no informaron los salientes, o se informaron poco o mal. Los pasillos hablan de una herencia sensiblemente peor a la esperada, pero difícilmente eso modere las demandas de la ciudadanía, salvo que se hayan encontrado portentosos cangrejos debajo de las piedras. Y esto último habrá que verlo.
En paralelo a la nueva gestión continúa el tiempo electoral y es probable que oficialismo y oposición continúen con la mirada repartida entre el inicio de la gestión nacional y la campaña electoral por los gobiernos departamentales y municipales. Esa mirada condiciona debates y ocupa muchas de las energías del sistema político, por lo que no puede sorprender esa pesadez en el arranque, como si fuera una dificultad de despegar, y más aún teniendo en cuenta que por primera vez el Gobierno de Uruguay no tiene una mayoría automática en las dos cámaras del Parlamento, por lo que no puede hacer sin negociar nada que requiera de aprobación de leyes en un Poder Legislativo donde la nueva realidad, desconocida por todos, anima a los legisladores –muchos de ellos, novatos– a presentar proyectos a mansalva con la esperanza de que algunos superen los escollos de la indiferencia ajena y se conviertan en verdaderos debates parlamentarios, y aún más: con suerte y viento a favor, en leyes que inmortalicen el aporte a la patria de los representantes que se cuenten entre sus redactores.