Tal vez lo que puede haber influido en forma determinante es su experiencia al frente de la Intendencia canaria durante diez años, lo cual le permitió conocer e interactuar con casi todos los intendentes, que son, en su mayoría, blancos.
Incluso, Orsi no tuvo inconveniente en compartir una mesa con el titular de la comuna de Soriano, Guillermo Besozzi, pese a que éste está imputado por ocho delitos de corrupción, aunque insólitamente fue candidato y ulteriormente electo.
Ese estilo de cercanía, que ha distinguido al presidente desde la época en la cual gobernaba Canelones, le permitió arribar a un acuerdo en torno a las partidas que recibirán los gobiernos departamentales, que complementarán el flujo financiero que ingresa a las arcas comunales por concepto de cobro de tributos. Obviamente, esos fondos integrarán el proyecto de presupuesto quinquenal que el Poder Ejecutivo remitirá a mediados de este mes al Parlamento, el cual generará un intenso debate en procura de las mayorías requeridas para su aprobación.
El Gobierno aguarda, sin demasiadas expectativas, que el bloque integrado por blancos, colorados e independientes flexibilice posiciones, pese a que fueron intransigentes al no votar el aumento del gasto previsto en la Rendición de Cuentas. En tal sentido, el acuerdo con las intendencias, catorce de las cuales son encabezadas por el Partido Nacional, es un gesto de buena voluntad de la Administración Orsi, que se suma, naturalmente, a los cuarenta cargos otorgados a la oposición en las empresas públicas, sin ninguna obligación constitucional.
Es una mano tendida para que el bloque opositor blanqui-colorado, que parece monolítico, comprenda, de una buena vez, que los intereses del país trascienden a los de los partidos políticos y hasta a las propias ideologías y que el actual gobierno, les guste o no, tiene la legitimidad que le otorgó el mandato de las urnas. Por ende, la actitud debería ser otra, como fue la del Frente Amplio, aprobando, por ejemplo, más de la mitad de los artículos de la Ley de Urgente Consideración en 2020, pese a que faltó tiempo de debate y estudio, en un contexto temporal complejo por la emergencia sanitaria originada en la pandemia. En esa coyuntura, el FA actuó con responsabilidad institucional, pese a sus radicales diferencias programáticas con el Gobierno de coalición encabezado por Luis Lacalle Pou.
Es obvio que el Frente Amplio llegó al poder sin ánimo revanchista ni refundacional, pese a que fue ninguneado durante cinco años por la derecha y, en el caso de las transferencias a las intendencias de Montevideo y Canelones, abiertamente discriminado por el inquilino de la Torre Ejecutiva, quien obviamente privilegió a los gobiernos departamentales blancos, sin contemplar el peso demográfico, que debió resultar crucial para la distribución de los recursos. En efecto, la ceguera y la soberbia de Lacalle Pou le impidieron actuar acorde a las insoslayables responsabilidades de su alta investidura y, en cambio, benefició a los nichos de poder de su propio partido.
Contrariamente a lo que podría pensarse, para lograr el acuerdo, el Gobierno del FA no objetó que la mayoría de las intendencias desfinanciadas, que no tienen ni siquiera para abonar los sueldos, porque sus presupuestos están inflados por el clientelismo y las prácticas de corrupción, reciban el dinero que podría destinarse a otras inversiones, por más que las transferencias están mandatadas por la Constitución de la República. Sin embargo, el manejo discrecional de esos recursos, particularmente en administraciones blancas, puede generar malestar en ciertos sectores o unidades ejecutoras estatales que padecen restricciones, porque el gobierno de derecha dejó el peor déficit fiscal de los últimos 35 años y a las arcas públicas exhaustas.
Como es notorio, durante el pasado quinquenio, el Gobierno central recortó recursos particularmente a la Intendencia de Montevideo, que estaba encabezada por Carolina Cosse, en un claro acto discriminatorio de sesgo político. Otro tanto sucedió con el Gobierno departamental de Canelones, que lideraba el hoy presidente de la República, Yamandú Orsi.
Según lo denunciado por el exintendente Mauricio Zunino, quien fue director de Recursos Financieros, Montevideo sufrió una disminución de transferencias de entre 500 y 600 millones de pesos anuales, lo cual equivale al presupuesto de un municipio capitalino.
Por otra parte, en un documento elaborado por el consejero político por el Frente Amplio en el Congreso de Intendentes, Pedro Apezteguía, en base a información extraída de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se consigna que en pesos corrientes, el total de transferencias del Gobierno a las intendencias pasó de 19.827.983.457 en 2019 a 25.550.829.006 en 2023. Sin embargo, en pesos constantes, pasó de 26.171.806.231 en 2019 a 25.550.829.006 en 2023.
En dicho estudio se sostiene que la diferencia entre las transferencias entre 2021 y 2023 fue una reducción de -2.181.652.764 pesos, lo cual implicó un descenso de -2,8 %.
Sin embargo, esa disminución fue asimétrica, ya que a Montevideo le quitaron 3.695.203.135 pesos y a Canelones 780.256.736 pesos, mientras que otras intendencias recibieron más fondos. En consecuencia, la Intendencia capitalina recibió un 27,7 % menos de recursos y Canelones un 8,8 % menos, con respecto a 2019.
En el documento elaborado por el FA se sostiene que mientras en 2019 Montevideo tenía una participación en el total de transferencias del 17 %, en el transcurso del quinquenio éste llegó al 12,45 %. En consecuencia, a precios constantes, la reducción fue de 94.748.798 dólares. Por su parte, Canelones pasó de tener una participación en el total de las transferencias del 11,25 % al 10,31 %.
Queda claro, entonces, que el gobierno de Luis Lacalle Pou castigó a las intendencias de Montevideo y Canelones, dos departamentos que reúnen en conjunto a más del 60 % de la población del país, por ser gobernadas por el Frente Amplio. Obviamente, intentó horadar vanamente la imagen de ambos gobiernos departamentales, buscando réditos electorales. Sin embargo, su estrategia no funcionó, porque ambas comunas siguen siendo conducidas por políticos frenteamplistas.
El Gobierno del presidente Yamandú Orsi le dio una lección de ética y tolerancia a su predecesor al acordar equitativamente partidas para las diecinueve intendencias, sin discriminar a ninguna por su color político o sesgo ideológico.
