Estos episodios son apenas una muestra de una realidad carcelaria cada vez más alarmante. En septiembre de 2021, mientras el presidente Luis Lacalle Pou denunciaba en la ONU violaciones de derechos humanos en Venezuela, en Uruguay se descubría que un recluso llevaba dos meses secuestrado en el módulo 11 del ex Comcar. El joven, primario, de 28 años, estaba en grave estado de desnutrición y sufría múltiples heridas e infecciones. Sus carceleros lo golpeaban con maderas con clavos y lo mantenían retenido.
Lo más impactante es que no fueron las autoridades quienes lo rescataron, sino otros internos de una celda vecina que, tras la liberación del líder del grupo que lo tenía cautivo, exigieron que se lo sacara del lugar para recibir atención médica.
Estos casos reflejan la crisis de un sistema penitenciario que, en lugar de rehabilitar, perpetúa la violencia.
Muertes y hacinamiento: una crisis sin control
Un informe publicado en enero de 2024 reveló que las muertes en cárceles uruguayas aumentaron un 26% en 2023 respecto al año anterior. Entre 2020 y 2023, se registraron 229 fallecimientos: 70 homicidios y 55 suicidios.
La tasa de prisionización en Uruguay alcanzó niveles alarmantes en los últimos años. En 2021, la población penitenciaria era de 13.402 personas, con una tasa de 383 presos por cada 100.000 habitantes. En 2023, esa cifra creció a 419 por cada 100.000, superando la media de las democracias plenas.
Para mediados de 2024, la población carcelaria superó las 16.000 personas, con una densidad promedio del 120%. En algunos módulos, como el 3 del Comcar, esa densidad supera el 200%. Esto significa que celdas diseñadas para cuatro personas albergan a diez.
El hacinamiento y las condiciones edilicias deplorables agravan los problemas. En septiembre de 2023, un habeas corpus denunció el nivel de hacinamiento en la unidad femenina N.º 5, que alcanzaba un 184%.
Un informe del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) señaló que en los módulos 3, 4, 8, 10 y 11 del Comcar, los internos cocinan en sus celdas, donde también hacen sus necesidades. La falta de condiciones higiénicas básicas y un sistema eléctrico precario generan riesgos constantes.
El impacto social de un sistema fallido
¿Es extraño, entonces, que Uruguay haya iniciado 2025 con récord histórico de homicidios y suicidios en sus cárceles? ¿Es extraño que la reincidencia alcance el 70% y que la violencia en las calles siga en aumento?
Como señalamos en nuestra nota anterior, "Yamandú: la próxima batalla", los delincuentes primarios entran al penal con una licenciatura en criminalidad y egresan con un doctorado. Hay módulos donde los internos saben que necesitarán un ataúd antes que una cama.
No tenemos penales de alta seguridad; tenemos penales de alta inseguridad. Y en esas condiciones, nada bueno puede surgir, salvo raras excepciones.
Un cambio urgente y necesario
El sistema carcelario uruguayo no es una solución; es parte del problema. Por supuesto que es necesario proteger a la sociedad y encerrar a los criminales, pero lo que hoy existe en Uruguay no rehabilita ni resocializa. Por el contrario, perpetúa un ciclo de violencia y destrucción.
No se trata de un problema ideológico, sino de un desafío humanitario y de seguridad pública que nos afecta a todos. El Estado —en sus tres poderes— debe actuar con urgencia para poner fin a estas condiciones inhumanas.
Si queremos un país mejor, necesitamos un sistema penitenciario que busque rehabilitar, no torturar. Lo que hoy existe es un infierno. Y en el infierno, es imposible no convertirse en demonio.
