En Uruguay, en la historia cercana, políticos y periodistas se reunían en el bar “El Águila” y allí hacían acuerdos de diverso tipo. Otro tanto ocurría en el club de pesca La Estacada, empresarios, militares, jueces y periodistas haciendo “lobby”, fortaleciendo vínculos y favoreciéndose unos a otros, según la circunstancia.
Base social y poder
En el libro “Los grupos de presión y el proceso político” —del autor Néstor Campiglia— se analiza la experiencia uruguaya y se vincula el tema con la representatividad. Documenta la incidencia de esos grupos en diferentes niveles del sistema de gobierno. Un nivel es el presidente y sus ministros y, otro, la Cámara de Representantes. Es interesante que Campiglia diga en 1969 que el sistema de relaciones de poder “se esfuerza por mantener integrada la sociedad”. Pero ya en ese año aparecían indicios claros de confrontación, violencia y ruptura. La polarización violenta comenzaba a dominar el proceso político.
El concepto de “sociedad integrada” vertebra al Uruguay político desde la restauración de 1985. Los partidos políticos y las fuerzas sociales comprendieron que las diferencias se debían laudar sin dinamitar puentes. O sea: en democracia. Cada quien ha hecho el esfuerzo que le cupo, sin abandonar sus representaciones. Un indicio de esa conducta de Estado —no dinamitar puentes— la han brindado diferentes exponentes políticos en este año, cuando se cumplen 40 años de democracia.
Luis Lacalle Pou entendió esa línea de acción que convivió durante su mandato con las fuerzas de su base social relevante: el empresariado. En declaraciones realizadas en 2019, antes de ganar las elecciones, Lacalle Pou dijo que defendía a los grupos de presión, pero que fueran transparentes. “Son necesarios los grupos de presión en la sociedad”, apuntó. Cuando fue preguntado sobre los “corporativismos” —hay una narrativa crítica muy fuerte sobre los sindicatos y su “corporativismo”—, Lacalle manifestó que no le “parecía mal”. “Lo que me parece que no debería primar es que la acción de gobierno necesariamente se vea influida por el corporativismo”, y advierte que un gobierno no debe perder “la capacidad de mirar a toda la sociedad. (…) Lo que debe guardar un gobierno es la equidistancia de esos grupos”.
José Mujica ha sido otro gran observador de los grupos de presión. “El Quincho de Varela” ha sido un escenario de construcción de confianza y relaciones de poder. En su presidencia continuó la línea de ejercicio de administración de los grupos de presión. En su gobierno —con determinada base social— tuvo un conjunto de decisiones en función de ese registro social, aunque adoptó otras actitudes que satisficieron a sectores no afines. El tema —como luego Lacalle ejecutó— era intermediar, representar, administrar tensiones y adoptar decisiones según lo que entendía como “interés general”.
Un capítulo a desarrollar en otra oportunidad es el lobby judío. Es un poderoso actor en el proceso político uruguayo, así como la Masonería y la Iglesia católica, aunque con diferente poder, articulación con el poder e incidencia. Un indicio interesante de este gobierno de Orsi con relación al lobby judío: ¿cuál fue el argumento central para designar a un expresidente del Comité Central Israelita, Sergio Gorzy, para presentar al nuevo ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, en una ceremonia institucional?
Historias del lobby financiero
El año 1944 —un año antes de que culminase la Segunda Guerra Mundial— la revista “Orientación” del Centro Militar difundió un extenso artículo elaborado por el Cr. Orlando Dovat. En el inicio de la columna se presenta al articulista: “Conferencia pronunciada en el Instituto Militar de Estudios Superiores por el profesor de Economía Política de dicho instituto, Cr. Orlando Dovat. La base de esta conferencia que se transcribe corresponde a un informe producido por el Cr. Dovat a solicitud de la Federación Rural y la Asociación Rural del Uruguay”.
Parece clara y evidente la relación del lobby financiero con otros lobbies poderosos, como el militar y el agroganadero.
Dovat luego sería, en 1969, presidente de la Asociación de Bancos. (Su hijo, con el mismo nombre, fue el desarrollador de Zonamérica). El Uruguay de esos días era volcánico. Ese mismo año, el MLN secuestró a Gaetano Pellegrini Giampietro, presidente del Banco Francés e Italiano. Pellegrini también era presidente de la empresa periodística Seusa, propietaria de los diarios La Mañana y El Diario. Se suma a los sectores mencionados el mundo periodístico.
En dictadura, existieron representantes de esos lobbies y en los gobiernos sucesivos —hasta 2005, con el advenimiento de la izquierda al gobierno— estos actores disminuyeron su influencia. En el caso de los gobiernos de Jorge Batlle y Luis Lacalle Pou aparecen apellidos vinculados a lo financiero: en Economía, Bensión, como ministro de Batlle, y luego su hija, Marcela, que migró de la banca privada al Ministerio de Economía como asesora de Azucena Arbeleche.
Pero el lobby financiero no se detiene en las estructuras jerárquicas. “Yo sé que trabajo en el ‘vientre de la serpiente’ y eso tiene su peso”, dijo un exdirigente sindical bancario. El lobby de AEBU también es poderoso. En el primer gobierno de izquierda varios dirigentes de ese colectivo asumieron cargos de responsabilidad. En este de Yamandú Orsi, nuevamente aparece AEBU. Leonardo Di Doménico, exdirigente sindical bancario, fue designado director nacional de Seguridad Social. Tiene a su cargo una importante tarea: solucionar el problema urgente de la Caja de Profesionales. Claro: en el horizonte inmediato tendrá que desactivar otra bomba: la Caja Bancaria.
