Los expertos en gestión
Durante la administración de Luis Lacalle Pou, el entonces ministro de Defensa, Javier García, impulsó la compra de dos Hércules KC-130H usados a España por 21 millones de euros, además de incorporar un importante lote de repuestos por valor de un millón de dólares.
La operación fue presentada como una gran apuesta para modernizar la capacidad logística de la Fuerza Aérea. Sin embargo, poco después comenzaron los problemas. Uno de los Hércules fue enviado a Portugal para una inspección mayor (PDM), un mantenimiento profundo cuyo costo se estimó en torno a dos millones de dólares. Lo que inicialmente sería una intervención de algunos meses terminó prolongándose durante un período cercano a los dos años, dejando al país sin una de sus principales aeronaves de transporte estratégico.
Mientras tanto, el otro Hércules sufrió desperfectos tras cumplir la campaña antártica. Posteriormente quedó varado en Chile por una falla en uno de sus motores. La solución fue reemplazar completamente el motor, una reparación cuyo costo también fue estimado en alrededor de dos millones de dólares, además de la logística necesaria para trasladar el nuevo motor por tierra y ejecutar los trabajos. Hubo un momento en que Uruguay tuvo simultáneamente sus dos Hércules fuera de servicio: uno en Portugal y el otro en Chile. Sin embargo, en aquel momento no hubo conferencias de prensa diarias denunciando improvisación. Tampoco abundaron los editoriales indignados.
Pero la memoria ofrece otros ejemplos. Durante la crisis del agua de 2023, el Gobierno anunció que traería desde Estados Unidos una planta desalinizadora utilizando uno de esos Hércules. La operación fue presentada casi como una demostración de eficiencia logística. Después hubo que admitir que la planta no entraba en el avión por apenas unos centímetros. ¿A nadie se le ocurrió medir las dimensiones del avión y la planta antes de hacer un viaje tan costoso?
Y recordemos los problemas que presentaron las lanchas neumáticas adquiridas por el Ministerio de Defensa, que registraron filtraciones de agua y debieron ser reparadas poco después de su incorporación.
Y, por supuesto, nadie puede olvidar el caso Cardama. Allí no estamos hablando de una avería mecánica sino de un proceso de contratación cuestionado por las propias autoridades que participaron en él.
Los blancos hicieron lo imposible para que el Estado contratara al astillero español. No les importó que el estudio Delpiazzo les hubiera advertido “de forma sistemática” sobre irregularidades. No les importó que Cardama jamás hubiera construido esa clase de naves. No les importó dar prórrogas una y otra vez y se hicieron los distraídos cuando Cardama presentó una garantía falsa y documentación adulterada. “Tenemos el documento original del escribano español y tenemos el documento trucho presentado por Cardama, totalmente falsificado”, afirmó recientemente el diputado frenteamplista Joaquín Garlo.
Pero la confesión más contundente no la hizo ningún dirigente del Frente Amplio. La hizo el propio exministro de Defensa, Armando Castaingdebat, cuando reconoció que la garantía presentada por la empresa era inválida. Su frase ya forma parte de la historia política reciente: “Capaz que si en el Código Penal existiera la figura de nabo, a nosotros nos tendrían que procesar por nabos”.
A confesión de parte, relevo de pruebas.
Y agregó otra admisión difícil de olvidar: “La garantía era un desastre”. No fueron palabras de la oposición de aquel momento. Fueron palabras del propio gobierno. Palabras que ahora lamentan.
Nadie sostiene que un vehículo militar, un barco o un avión no puedan sufrir desperfectos. Ocurre aquí y ocurre en cualquier parte del mundo. La diferencia aparece cuando se observa la reacción política.
Si un blindado rompe una conexión neumática, se repara en menos de veinticuatro horas y vuelve a patrullar, el Partido Nacional habla de improvisación. Pero cuando durante su administración un Hércules permaneció cerca de dos años detenido en Portugal, otro quedó varado en Chile esperando un motor de millones de dólares, una planta desalinizadora no cabía en el avión destinado a transportarla y el propio ministro terminó admitiendo que aceptaron una garantía que calificó como “un desastre”, entonces todo pasa a ser apenas una sucesión de infortunios.
Pura mala suerte…
Por algún extraño motivo, el Gobierno de Luis Lacalle Pou siempre tuvo mala suerte con las compras y los proveedores. ¿Recuerdan los convenios con las fundaciones A Ganar y Uruguay Adelante, envueltas en escándalos en medio de los gritos del Tribunal de Cuentas y la Junta de Transparencia y Ética Pública? ¿Recuerdan las compras a Vertical Skies, cuyos directivos terminaron condenados junto con Alejandro Astesiano, hombre de máxima confianza del presidente Luis Lacalle Pou? ¿Recuerdan las facturas perdidas por Martín Lema en el Mides?
¿Recuerdan por qué Uruguay fue el último país de toda América Latina en adquirir la vacuna contra el covid-19 durante la pandemia y por qué fue también el último en comenzar a vacunar (1° de marzo de 2021)?
Repasemos. El Gobierno uruguayo anunció a fines de enero de 2021 la compra de 1,75 millones de dosis de Sinovac. El presidente Luis Lacalle Pou afirmó que el acuerdo se había hecho con un "representante autorizado" de Sinovac y sostuvo que el Gobierno tenía documentación que acreditaba esa representación. Poco después surgieron dudas desde Brasil. El director del Instituto Butantan, Dimas Covas, declaró inicialmente que Butantan era el socio exclusivo de Sinovac para América Latina y que no existía un acuerdo con Uruguay a través del instituto, lo que generó interrogantes sobre quién había negociado realmente las vacunas.
Sinovac emitió un comunicado advirtiendo que algunas empresas e individuos estaban utilizando documentos falsificados para presentarse como distribuidores autorizados de la vacuna fuera de China.
El Gobierno uruguayo respondió que el comunicado no modificaba la situación de Uruguay y mantuvo que había negociado con un representante válido cuya identidad era confidencial. Presidencia incluso sostuvo que el país podía haber quedado “en medio de una disputa comercial” entre actores vinculados a la distribución de la vacuna. Finalmente, la versión que terminó predominando fue que Uruguay cerró el acuerdo directamente con la casa matriz de Sinovac en China, y no mediante Butantan.
Y en medio de todo ese embrollo, miles de orientales seguían sufriendo y muriendo.
Sin embargo, no le achaco al Gobierno anterior ese enredo. Al fin de cuentas, nadie sabe muy bien qué sucedió realmente, ya que todo quedó bajo el manto de la confidencialidad. El punto es la soberbia y las actitudes mediocres, como sucede con las críticas en el tema seguridad. Quienes fracasaron estrepitosa y escandalosamente como jerarcas del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Desarrollo Social ahora pretenden dar cátedra sobre gestión.
Lo mejor que podrían hacer Sebastián Da Silva, Javier García, Graciela Bianchi, Juan Martín Rodríguez, Nicolás Martinelli y otros es rebajarse el copete ellos mismos, antes que se los rebaje la memoria del pueblo uruguayo. Y es que mientras el pueblo tenga memoria, el futuro de los nacionalistas será negro.
Porque la memoria, aunque los blancos deseen lo contrario, suele terminar pasando la factura.
