El 23 de octubre, en la Fundación “Faro”, Milei señaló a periodistas y pronunció una frase que la propia transcripción oficial conserva: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) denunció un salto cualitativo en el hostigamiento. Una fundación que lleva por nombre Faro acabó alumbrando el oscurantismo. La ironía, sin embargo, no debería amortiguar lo ocurrido. No hace falta que exista una orden administrativa para que el señalamiento presidencial aumente la exposición de quienes lo reciben. Entre sugerir un castigo y ejecutarlo hay una distancia que otros pueden sentirse autorizados a recorrer.
Cuatro días después, el vocero presidencial Adrián Ravier justificó el enojo y sostuvo que la hoguera era una metáfora. Distinguió entre quienes ejercen lo que el gobierno considera periodismo verdadero y quienes, a su juicio, operan y mienten. El poder que agrede también se reserva la facultad de decidir quién merece las garantías del oficio. Una metáfora no es una instrucción literal, pero puede señalar blancos y volver tolerable una violencia antes inadmisible. El sentido figurado no exonera de responsabilidad política a quien ocupa la presidencia. El lenguaje está plagado de metáforas y a la vez nos constituye. Aquí mismo las hay.
Del otro lado del continente, el corresponsal Guillermo Idiart reconstruye en “La Nación” una semana de ataques de Trump contra periodistas. Andrew Feinberg le preguntó a Trump por los campos de golf del propio presidente y por un programa federal de denuncias de fraude. Recibió una advertencia personal. JD Vance celebró después la humillación desde sus redes. Trump puso en duda la inteligencia de Kaitlan Collins, ordenó callar a otras reporteras y atacó a los medios para los que trabajan. La noticia termina siendo el estallido del presidente y el asunto que lo provocó queda esperando en el pasillo. El gobernante consigue transformar una obligación de responder en una oportunidad para juzgar a quien pregunta.
Cuando quien pregunta es una mujer, el agravio puede adquirir una forma particular. A la exigencia de que la pregunta sea del agrado presidencial se suma otra, dirigida a quien la formula. A Collins se le exige que sonría. Mientras la periodista espera que el presidente rinda cuentas por su gestión, es ella quien termina rindiéndolas por la expresión de su cara.
Supongamos que un periodista pregunta por un contrato público y que el presidente lo llama imbécil. La pregunta sigue en pie. El insulto humilla. La falacia ad hominem aparece cuando se pretende que el desprecio por el periodista baste para dar por falsa su lectura del contrato. Hasta el más torpe puede haber leído bien la cláusula. Los antecedentes de una fuente pueden aconsejar que se compruebe su testimonio. Muy otra cosa es descartar por anticipado toda información que publique el medio donde trabaja. A eso se llama envenenar el pozo. La amenaza de la hoguera agrega un motivo para callar. Hay apelación a la fuerza, ad baculum, cuando se exige aceptar la versión presidencial bajo amenaza de castigo. Aun quien calle por miedo conserva sus razones para dudar.
La eficacia del agravio depende también de quienes lo hacen circular. Los partidarios del presidente celebran que diga lo que, a su juicio, todos callaban. La indignación del ofendido les confirma la puntería. Quienes escribimos para denunciar el hostigamiento también podemos prolongar sus efectos. Si el lector de este artículo recuerda cómo Trump humilló a Feinberg pero olvida qué le preguntó el periodista sobre los campos de golf del presidente, habremos contribuido a ese desplazamiento. También esa pregunta merece circular.
El Latinobarómetro 2026 registra que el 78 % de los consultados en América Latina dice que en las redes circulan muchas o algunas noticias falsas. Ante dos opciones, el 61 % prefiere controlar la información falsa aunque se limite la libertad de expresión. ¿Quién decidirá qué es falso? Un presidente dispuesto a juzgar a los periodistas podría invocar esa demanda para arrogarse la función de árbitro. Combatir la mentira exige que incluso quien acusa al gobierno pueda contrastar públicamente su versión con los hechos.
¿Quién gana cuando la culpa es del vecino?
El agravio también ofrece un culpable. Se presenta al inmigrante o a la persona trans como obstáculo para la prosperidad prometida. Las decisiones que distribuyen los ingresos y la propiedad quedan fuera de foco. Así se fabrica un chivo expiatorio. Al periodista se lo castiga por preguntar; a una minoría se la presenta como amenaza. Quien culpa al inmigrante por el deterioro del salario le ofrece al trabajador alguien contra quien enojarse y le ahorra al empleador la incomodidad de explicar cuánto paga.
Harold Meyerson observó en “The American Prospect” una asimetría en la campaña estadounidense. Mientras los demócratas hablaban del costo de vida, los republicanos insistían en amenazas culturales y acusaciones de socialismo. La controversia cultural merece discutirse por derecho propio. El desvío consiste en ofrecerla como respuesta a quien pregunta por qué ya no le alcanza el salario. ¿En cuánto mejoraría ese salario si mañana desapareciera el enemigo señalado? La furia puede conservar su auditorio y perder capacidad explicativa.
El senador electo por Texas James Talarico observa que el señalamiento de minorías vulnerables protege a los multimillonarios. Que Jorge Fontevecchia recoja esa advertencia en las páginas de “Perfil” da una idea de hasta dónde se ha extendido la preocupación por la concentración patrimonial. La crítica excede los malos modales. Una batalla cultural puede encubrir la distribución de los beneficios. Si al inquilino se lo convence de que la culpa es del vecino inmigrante, el propietario puede aumentarles el alquiler a los dos sin verse envuelto en la polémica. ¿Quién gana con aquello que a tantos les impide vivir?
En Estados Unidos, las elecciones legislativas del 3 de noviembre impusieron un límite concreto a Trump. Las proyecciones de “Associated Press” dieron a los demócratas la mayoría en ambas cámaras. Los ataques que reseña Idiart precedieron a la derrota. Cabe preguntar si ese repertorio perdió eficacia durante la campaña. Entre las posibles razones del voto castigo figuran la inflación, las consecuencias de la guerra y el rechazo a las políticas autoritarias. La agresividad puede resultar menos convincente cuando se vuelve difícil atribuir a otros las consecuencias de las decisiones propias.
Reducir la victoria a un regalo de Trump sería concederle el monopolio de la iniciativa. En distintas campañas, militantes demócratas cuestionaron el poder empresarial y se organizaron alrededor de demandas concretas. Ganaron candidatos de varias tendencias. El descontento no trae candidato, programa ni instrucciones de uso. Puede alimentar la abstención, la resignación o nuevos deseos de castigo. Convertirlo en alternativa requiere escuchar, proponer y sostener vínculos. Las urnas no hicieron solas lo que después resumieron en números. También hubo experiencias que enlazaron vivienda, derechos laborales, defensa de migrantes y solidaridad con Palestina.
Allí aparece una respuesta al falso dilema entre necesidades materiales y reconocimiento. Quienes padecen discriminación también trabajan, pagan alquileres y necesitan atención sanitaria. La discriminación pesa sobre el salario que pueden obtener, la vivienda que les alquilan y la atención que reciben. La ultraderecha ya habría ganado algo si hasta sus adversarios les pidieran a los discriminados que esperasen su turno. Lo común se construye ampliando la capacidad de protegerse y decidir juntos. En Estados Unidos, la posibilidad de decidir así por medio del Partido Demócrata sigue siendo remota. Hasta ahora, ese partido ha administrado las relaciones de explotación con mejores modales puertas adentro y ha compartido con los republicanos las grandes orientaciones de la política imperial estadounidense. Quienes se organizaron para ganar estas elecciones tienen por delante una disputa bastante más difícil que la campaña: conseguir que el poder de decisión que construyeron juntos sobreviva en sus manos después del voto.
La disputa por la capacidad de decidir alcanza también a las inversiones en tecnología. Michael Roberts, en “The Next Recession”, y Kate Aronoff, en su contribución al dossier sobre las elecciones estadounidenses reproducido por “Sin Permiso”, examinan la expansión de la inteligencia artificial, los centros de datos y sus tensiones con las condiciones de vida. Las mismas empresas que deciden qué se hace visible en las pantallas invierten en instalaciones que demandan energía y trabajo. ¿Quién decide dónde invertir? ¿Quién afronta el costo y a quién le quedan los beneficios? El avance técnico no determina por sí solo el reparto. La nube tiene suelo, consume energía y presenta facturas. También tiene dueños.
Entre el voto y la voz
En Argentina, hasta las universidades que forman a las élites gobernantes registran un malestar que excede los modales de Milei. Entre el 5 y el 13 de octubre, la Universidad de San Andrés consultó a mil personas. El 60 % desaprobaba la gestión del gobierno y el 36 % la aprobaba. El 54 % declaró que sus ingresos eran insuficientes para cubrir sus gastos. Otro indicador, el índice de confianza en el gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, mostró ese mes una leve recuperación respecto de septiembre. La pregunta es cuánto consigue explicar la maldad de los enemigos cuando las dificultades persisten bajo quien prometió remover sus causas.
El Latinobarómetro ayuda a distinguir el rechazo a un gobierno del valor que los ciudadanos atribuyen a la democracia. Entre mayo y junio, el 73 % de los argentinos consultados la prefirió a cualquier otra forma de gobierno, frente al 52 % regional. En otra pregunta, también el 52% de los latinoamericanos declaró que le resultaría indiferente la llegada de un gobierno no democrático si resolviera los problemas. La coincidencia de porcentajes deja abierta la cuestión de cuántos respondieron afirmativamente en ambos casos. Y la palabra democracia deja abierta otra. Las elecciones y las libertades públicas dan a los ciudadanos la posibilidad de escoger a quienes gobiernan, criticarlos y reemplazarlos. En ese orden fiduciario-representativo, ¿qué capacidad conservan entre comicios para intervenir en las decisiones que los afectan? Un gobierno puede distribuir la riqueza con eficacia y reservar a sus beneficiarios el único papel de recibirla. También una decisión adoptada con amplia participación puede fracasar en sus resultados. La pregunta inquietante que deja la encuesta es cuánta voz propia estarían dispuestos a ceder los ciudadanos a cambio de la promesa de que alguien resolverá por ellos aquello que los apremia.
Cuando el gobierno tropieza con los límites de sus promesas, importa a quién atribuye el tropiezo. El señalamiento de periodistas le permite desacreditar información incómoda. La categoría de “casta” se ensancha hasta dar cabida a nuevos culpables. Su elasticidad merece atención: ¿cuándo designa posiciones efectivas de privilegio y cuándo sirve para reunir a quienes resisten una decisión presidencial? No toda denuncia de intereses es falsa, pero identificarlos exige demostrar relaciones, beneficios y decisiones. El insulto permite saltearse ese trabajo. Si todo disenso acredita corrupción y toda adhesión certifica pureza, la presunta crítica del privilegio termina ofreciendo al gobernante el privilegio de no responder. La oficina presidencial de limpieza moral funciona sin ventanilla de quejas y apelaciones.
Milei guardó silencio ante el triunfo de Lula sobre Flávio Bolsonaro y el resultado adverso para los republicanos. Un dirigente puede responder con furia a una pregunta y con mutismo a un desenlace. Tampoco el repliegue de Jair Bolsonaro mide por sí solo la fuerza del movimiento que lleva su apellido. Hemos subrayado en estas páginas su considerable base electoral, distinguiendo expansión de las derechas y hegemonía consolidada. En Paraguay, el escándalo por el vaciamiento de Ueno Bank desembocó en la destitución de Santiago Peña. Lo sucedió Pedro Alliana, de su mismo partido. Sumar reveses de distinto alcance no demuestra una retirada general de la reacción.
La visita que proyectaba el vicepresidente JD Vance ofrece otro indicio. Fuentes consultadas por “La Nación” en Washington atribuyeron la postergación de la gira por Argentina, Colombia y Chile a las urgencias internas que dejó la derrota republicana. No había anuncio formal ni agenda confirmada para Buenos Aires, y las fuentes no descartan reprogramarla. El embajador Peter Lamelas ratificó el respaldo a la Argentina. La alianza sigue en pie, aunque la foto de Milei con el vicepresidente quedó en suspenso. También se importan las dificultades del protector.
El poder que queda después de las urnas
Conviene distinguir la crisis de un dirigente, las fracturas de su coalición y el desgaste de su proyecto. En diciembre de 2025, Serge Halimi, exdirector de “Le Monde diplomatique”, describía en ese periódico cómo el apoyo a Israel dividía a republicanos y demócratas y abría diferencias entre generaciones. Queda por ver si esas diferencias modificarán la política exterior estadounidense.
Las nuevas mayorías estadounidenses asumirán en enero. Podrán abrir investigaciones y disputar presupuestos. El Senado podrá frenar nombramientos. Entretanto, Trump conserva las atribuciones de la presidencia y, con ellas, recursos para intervenir en América Latina. Perder consentimiento no equivale a perder capacidad de hacer daño. En el frente interno, restringir el acceso a la prensa permite eludir preguntas. Podemos defender el derecho del periodista a preguntar y discutir al día siguiente el editorial de su diario.
Fontevecchia celebra el resultado como un regreso de Estados Unidos al mundo. Comparto su alivio ante el límite que las urnas le impusieron a Trump. Tengo mis reservas sobre la idea del regreso. ¿A qué normalidad habría que volver si parte del malestar se produjo dentro de ella? La defensa de las garantías puede reunir fuerzas distintas sin obligarlas a suspender sus disputas sobre la propiedad, el trabajo y la distribución. Bhaskar Sunkara, fundador de “Jacobin”, advierte en el dossier de “Sin Permiso” sobre las elecciones estadounidenses que una derecha menos errática podría ser igualmente perjudicial para los trabajadores y ofrecer menos oportunidades a sus adversarios. El problema no termina cuando el programa de la desigualdad encuentra un administrador de voz serena. Una sociedad puede abandonar la hoguera y conservar la costumbre de dejar a muchos a la intemperie.
La oportunidad exige algo más que esperar el próximo error de Trump o anunciar la próxima decepción demócrata. Eric Blanc, profesor de estudios laborales en la Universidad Rutgers, propone en “Labor Politics” construir una fuerza social independiente capaz de impulsar reformas y exigir su cumplimiento. Las mayorías parlamentarias encontrarán límites, pero pueden presentar propuestas que hagan visibles los intereses que las bloquean. Que esas propuestas lleguen a cumplirse dependerá también de sindicatos, redes territoriales y movimientos capaces de exigir cuentas después del festejo. Dejar esa tarea a los elegidos sería devolverles la facultad de decidir cuánto de la esperanza merece cumplirse.
Trump y Milei obligan a escuchar el grito sin quedar encerrados en su acústica. Importa saber qué pregunta interrumpe, contra quién dirige la indignación y a quién le conviene que la conversación termine ahí. En Milei, quien agravia desde la presidencia es también quien ejerce el poder del Estado en favor de la clase que vive del trabajo ajeno. Podría bajar la voz mañana y seguir gobernando para los mismos. Para denunciar esa violencia y construir una voz propia, poco ganaríamos con esperar su silencio o dar por inminente su caída. La posibilidad más fértil se abre cuando quienes fueron invitados a despreciar al vecino empiezan a reconocerse en lo que padecen y en lo que podrían decidir juntos. La hoguera ofrece una comunidad alrededor de alguien que arde. Una política emancipadora tendrá que reunirla alrededor de una vida que valga la pena compartir.