Para continuar, hacete socio de {}. Si ya formas parte de la comunidad, .
{# Opciones de Suscripción #} {# DESCOMENTAR AL IMPLEMENTAR: #} {# {% for n, m in this.getPaywallPlans('thinkindot', 'plans') %} {% if (m.tab == "all" or m.tab == "mensual") %} #}{{m.shortDescription}}
La crisis latente en Perú detonó. Lo hizo luego de que Pedro Castillo anunciara la disolución del Congreso y el inicio de un proceso constituyente. Su inmediata detención seguida de la asunción de Dina Boluarte en su lugar desató una crisis de incierto desenlace.
El anuncio de Pedro Castillo el miércoles 7 de diciembre al mediodía sorprendió a Perú y al continente: resolvió disolver el Congreso, “reorganizar” el sistema de Justicia, crear un “gobierno de excepción”, decretar el toque de queda y convocar a elecciones “para un nuevo Congreso con facultades constituyentes en un plazo máximo de nueve meses”. Lo hizo ante las cámaras, con la cinta rojiblanca de la bandera nacional y las manos notoriamente temblorosas.
Si el hecho dejó bajo impacto a la mayoría, más aún lo hicieron los acontecimientos que siguieron. Castillo, después de leer el texto, salió del Palacio Presidencial con su familia y fue arrestado cuando intentaba dirigirse a la embajada de México, donde había solicitado asilo. Luego el Congreso decidió votar por su vacancia, y finalmente designar a la hasta entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, como presidenta de Perú. “Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional”, había escrito al enterarse de la decisión del entonces presidente.
Tres horas pasaron entre que Castillo dio el anuncio del cual nada se ejecutó y Boluarte juró como presidenta. Sin embargo, lo que fue presentado como el fin de la crisis rápidamente se reveló como el inicio de una mayor, o la detonación de la gran crisis que se prolonga en Perú desde varios años, con algunos datos elocuentes, como el hecho de haber tenido seis presidentes en seis años. Una de las señales que anticipó que nada estaba cerrado fue el hecho de que Boluarte, al dar su primer discurso, no mencionó la realización de elecciones, sino que dejó ver que se mantendría hasta 2026, fecha de finalización del mandato de Castillo.
De a poco comenzó un proceso de movilizaciones, bloqueos de carreteras, tomas de aeropuertos. Ocurrió marcado por la geografía social y política peruana: con epicentro en las zonas andinas, como las regiones de Puno, Apurímac, Huancavelica, Cusco y Cajamarca. En Lima, centro del poder político en su mayoría anti-Castillo, las protestas también crecieron progresivamente, nutridas a su vez por la llegada de organizaciones desde las provincias. Las demandas centrales fueron cuatro, con diferentes grados de intensidad: elecciones generales, cierre del Congreso, libertad de Castillo y asamblea constituyente.
¿Qué pasó?
Aún quedan preguntas acerca de qué llevó a Castillo a realizar ese anuncio ese día, a esa hora. No era una fecha cualquiera: estaba previsto que en la tarde el Congreso votará para vacar o no a Castillo, es decir destituirlo. Para eso debían llegar a los 87 votos, algo que no habían conseguido las dos veces anteriores. Esta vez tampoco parecían estar los votos y Castillo lo sabía, como afirmó, por ejemplo, su abogado, Benji Espinoza, quien renunció al conocerse el anuncio de la disolución, al igual que una parte importante de su gabinete ministerial.
El hecho de que se tratara del tercer intento de vacancia en el año y cinco meses que llevaba Castillo frente a la presidencia da cuenta de lo que fue su mandato. El presidente campesino, oriundo de Cajamarca, fue asediado desde antes de sentarse en el Palacio Presidencial, cuando Keiko Fujimori, derrotada en el balotaje, no quiso reconocer la victoria del outsider de sombrero grande y blanco. Castillo debió sortear un intento de golpe para asumir, y desde entonces la derecha no cesó en el intento de derrocarlo: acusaciones de corrupción, ataque a ministros designados, impedimento para que pudiera salir del país, sumado a una avalancha de titulares contrarios en medios de comunicaciones.
Los ataques principales vinieron por parte del Congreso, con una bancada mayoritaria de derecha en un sistema de partidos frágiles y bancadas cambiantes, síntoma de la crisis política. Castillo, al leer el comunicado del día 7, denunció la existencia de una “dictadura congresal”. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo resumió de la siguiente manera en un tuit luego del hecho: “Consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución”.
La pregunta, sin embargo, carece aún de respuesta clara: ¿pensó Castillo que tendría apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía para llevar adelante un hecho por fuera de los marcos constitucionales? ¿Le aseguraron que sí para luego dejarlo solo? ¿Calculó que habría rápidamente una movilización en su defensa? Castillo llamó efectivamente a las organizaciones sociales y rondas campesinas a respaldar la decisión. Son varias las especulaciones sobre qué lo llevó a ese salto, lo que es seguro es que Castillo luego de la lectura del comunicado quedó solo, pero esa soledad comenzó a revertirse con las horas y los días.
La crisis detonada
Castillo tenía 31% de aprobación en noviembre según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en una tendencia al alza. El Congreso, por su parte, contaba con 86% de desaprobación. Es decir que el presidente no estaba en un momento crítico y, en cambio, el órgano legislativo tenía una imagen cada vez peor debido, justamente, a su política permanente de desestabilización del Ejecutivo. El hecho de que Castillo sea titulado de golpista por los grandes medios y el Congreso pasara a ser presentado como garante de la institucionalidad no revirtió esos números. Por eso miles comenzaron a movilizarse pidiendo la libertad de Castillo y el cierre del Congreso.
El apoyo de Castillo siempre fue mayor en las provincias, reflejo de un país partido entre su capital, Lima, donde se concentran las élites en barrios como Miraflores o San Isidro, y el inmenso Perú de costas, montañas y selvas, indígena, mestizo, excluido. Allí recibió la mayor cantidad de votos en 2021, y allí comenzaron a producirse las movilizaciones y cortes de ruta en su defensa, en particular a partir del día siguiente del anuncio. El proceso fue creciendo: más personas, más carreteras bloqueadas, tomas de aeropuertos, de instituciones y un aumento de la represión con gases lacrimógenos lanzados desde helicópteros, los primeros fallecidos que, al día lunes en la noche, ya eran siete.
Boluarte, quien no se había referido a un llamado a las urnas, anunció el domingo en la madrugada que presentaría un proyecto de ley en el Congreso para “adelantar las elecciones generales para el mes de abril de 2024”. También anunció que impulsaría una ley de “reforma del sistema político”, sin detallar en qué consistiría. Finalmente decretó el “estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social”. Esto último no apaciguó los ánimos y las movilizaciones crecieron el lunes.
Ese día ocurrieron además dos hechos centrales. Por una parte, Castillo transmitió vía Twitter una carta escrita por él donde afirmó estar “humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado”, anunció que “no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones”, acusó a Boluarte de “usurpadora”, llamó a “no caer en su juego sucio de nuevas elecciones” y se pronunció por una “asamblea constituyente ahora”. Castillo afirmó entonces seguir siendo el mandatario, algo que fue ratificado horas después por un comunicado conjunto entre los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia, que llamaron a que se “respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y se le garantice la protección judicial”.
Un desenlace incierto
Con el correr de las horas y días comenzó a circular un cuestionamiento a la vacancia del miércoles 7: esta habría sido hecha de manera irregular. Así lo comunicó, por ejemplo, el ex premier de Castillo, Aníbal Torres, al escribir que “el Congreso llevó a cabo una pseudo moción de vacancia vulnerando su propio reglamento”, debido a que “no se fundamentó en los hechos descritos en la única moción de vacancia en trámite (…) además de contar con una resolución legislativa ya redactada y votada en tiempo récord, sin debate ni dejar constancia de la ausencia de la defensa del presidente”. Y afirmó: “Por ello esta vacancia es manifiestamente nula y ha conllevado a un gobierno usurpador”.
El señalamiento de nulidad de la vacancia se entremezcló con la demanda de liberación de Castillo en las calles. La soledad de Boluarte se hizo nítida: una antigua vicepresidenta nombrada mandataria el miércoles sin respaldo social visible, sin bancada propia en el Congreso ni partido político. Boluarte había llegado a la fórmula presidencial vía Perú Libre, que la expulsó en enero del corriente año como parte del proceso de fragmentación del partido que también llevó a Castillo a la presidencia para luego distanciarse. Una de las preguntas, desde que se sentó, fue cuánto tiempo duraría la nueva presidenta del Perú.
Resultó claro desde el inicio que Boluarte sería probablemente un elemento transitorio. Quienes intentaron derrocar a Castillo desde la hora cero y finalmente lo lograron se plantearon volver a sentarse en primera persona en el Palacio Presidencial. Y Boluarte no es de las élites limeñas, tampoco de las del interior, sino una mujer de Apurímac sin trayectoria política fuerte anterior, la última representación del gobierno que encabezó Castillo, considerado un enemigo por quienes siempre gobernaron un Perú tan neoliberal como colonial.
Resulta difícil saber cómo terminará la crisis en lo inmediato: si Boluarte renunciará y asumirá el presidente del Congreso -un fujimorista- para llamar a elecciones de forma inmediata como debería ser según el orden constitucional. Si esta se mantendrá y la contienda será en abril de 2024. Dependerá de las movilizaciones, bloqueos, el volumen de las protestas que no impugnan solamente al Congreso y ahora también a Boluarte, sino a un sistema político agotado, fundado con la Constitución redactada en 1993 bajo Alberto Fujimori. ¿Qué sucederá finalmente con Castillo acusado por la Fiscalía? Son muchas preguntas aún sin respuestas.