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OPV

Comisión especial que investiga compra de las OPV recibió a exjerarcas de la Armada

El senador del FA, Nicolás Viera, dijo que la compra de OPV "siempre estuvo en la agenda, el problema es cómo las adquirimos, y cuánto pagamos por ellas".

La Comisión Especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas (OPV) celebró este lunes su tercera instancia de reunión en el Parlamento. En esta jornada, el grupo de trabajo recibió a ex jerarcas del Poder Ejecutivo y ex mandos de la Armada Nacional para profundizar en los antecedentes técnicos y financieros de los proyectos de compra desde el año 2010.

La comisión recibió el testimonio de Pablo Ferreri, ex subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, así como de los ex Comandantes en Jefe de la Armada, los almirantes (r) Carlos Abilleira y Alberto Caramé.

Durante la sesión, se dio a conocer un informe jurídico de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo que ratifica las facultades del cuerpo. Según explicó el senador frenteamplista Nicolás Viera, vicepresidente de la comisión, este documento "avala el funcionamiento de la Comisión Especial de la Asamblea General para que pueda contar con información sensible" y otorga a los legisladores "las mismas prerrogativas que una comisión investigadora".

Respecto a la declaración de Ferreri, el senador Viera señaló que se brindaron explicaciones sobre por qué no se concretó la compra en periodos anteriores. "Lo que fue claro de parte de Ferreri es que el presupuesto de aquel momento no daba la oportunidad de poder construir", indicó el legislador, añadiendo que una adquisición bajo la modalidad de acuerdo entre Estados "requería una inversión de varios millones de dólares, mucho más que sacar dos patrullas por 90 millones de euros".

Viera enfatizó la postura de su fuerza política respecto al modelo de gestión: "El Frente Amplio siempre tuvo claro que la forma de conseguir las OPV debe ser entre Estados, acuerdos entre Estados". Asimismo, contrastó este criterio con la actual situación del astillero Cardama, calificando de "problema" el negocio con una empresa privada y subrayando que "se trata del manejo de los recursos de todos los uruguayos".

Próximos pasos

La comisión, que dispone de un plazo de seis meses para expedirse, aguarda actualmente el envío de documentación oficial por parte del Poder Ejecutivo antes de avanzar en citaciones específicamente vinculadas al contrato vigente.

"No queremos avanzar con convocar y citar personas referidas exclusivamente al contrato de Cardama hasta que no tengamos la documentación. Una cosa es la documentación oficial y otra cosa son los trascendidos", concluyó Viera.

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