En Uruguay, el sistema mixto se instauró en 1995, incorporando las AFAP como administradoras del ahorro individual dentro del esquema previsional. Desde su origen, el modelo fue objeto de críticas, especialmente desde el movimiento sindical y organizaciones de jubilados, que cuestionaron la introducción de lógica de mercado en un área tradicionalmente asociada a derechos sociales.
A diferencia de otros países, Uruguay mantuvo siempre un debate activo sobre el sistema. Incluso durante los gobiernos del Frente Amplio, donde se introdujeron ajustes y mejoras, la estructura de las AFAP se mantuvo en lo esencial.
La reforma de la seguridad social aprobada en 2023 (Ley 20.130) fortaleció algunos aspectos del sistema, incluyendo el rol de las AFAP, lo que reavivó las críticas y el debate público.
El punto de inflexión llegó con el proceso de Diálogo Social impulsado por el gobierno en 2025 y 2026, que reunió a actores políticos, sindicales, empresariales y sociales para discutir cambios en la seguridad social.
Entre los principales planteos que emergieron se encuentra la posibilidad de quitar a las AFAP la administración directa de las cuentas individuales, trasladando esa función a un organismo público, mientras que las administradoras privadas continuarían con la gestión de inversiones.
Desde el PIT-CNT y sectores del gobierno, esta propuesta es vista como un avance hacia un sistema “más solidario y sin fines de lucro”. Como era previsible, la reacción no se hizo esperar. Las AFAP, a través de su asociación ANAFAP, cuestionaron los cambios planteados, advirtiendo que no implicarían mejoras significativas en las jubilaciones y que podrían generar mayores costos para el Estado.
Desde sectores económicos y políticos más liberales, también surgieron críticas. Se argumenta que las modificaciones implican una “estatización” del sistema, reducen la libertad de elección de los trabajadores y debilitan el ahorro individual como herramienta de protección previsional.
Además, desde la oposición se ha planteado que algunos de estos cambios buscan concretarse por vía legislativa tras no haber prosperado iniciativas previas en el ámbito plebiscitario. El debate sobre las AFAP trasciende lo técnico. En el fondo, se trata de una discusión sobre el rol del Estado, el mercado y la solidaridad en la seguridad social.
Por un lado, quienes defienden las AFAPs sistema actual destacan la importancia del ahorro individual, la acumulación de capital y el desarrollo financiero. Por otro, quienes impulsan cambios señalan que la seguridad social no puede regirse por lógicas de lucro y que el sistema debe garantizar niveles adecuados de cobertura y equidad y terminar el foco en la edad como si el aumento de la esperanza de vida fuera un problema.
Uruguay se encuentra hoy en una nueva etapa de esta discusión, con propuestas concretas sobre la mesa y definiciones políticas en el horizonte. El documento final del Diálogo Social será la base para eventuales cambios legislativos en los próximos meses. En ese marco, la frase inicial vuelve a cobrar sentido. El sistema previsional no solo refleja decisiones técnicas del pasado, sino también las alianzas, las ideas y los modelos de sociedad que lo construyeron. Y ahora, nuevamente, está en discusión quién quiere ser Uruguay en materia de seguridad social.
