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Editorial | Cardama

Las investigadoras de Cardama

Esperemos que la investigación avance y que esclarezca, más allá de las fuerzas interesadas en la confusión.

22 de febrero de 2026 - 10:39

La esperada rescisión del contrato con el astillero Cardama para la construcción de las patrullas marinas, luego de probarse una cantidad llamativa de irregularidades y actos de mala fe en la presentación de garantías de fiel cumplimiento truchas que llevaron al Gobierno a realizar la denuncia penal y a realizar sendas ampliaciones de ésta ante la sede en diciembre de 2025 y febrero de este año, ha tenido, naturalmente, sus repercusiones en la opinión pública y en las Cámaras del Parlamento.

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El pasado miércoles, el Senado de la República constituyó una comisión preinvestigadora para que el pleno conforme en las próximas horas una investigadora que analice todo el caso desde 2014, cuando el sistema político alcanzó y manifestó su acuerdo con el carácter estratégico de la adquisición de este tipo de capacidades militares para la protección de nuestro mar territorial. Ni cortos ni perezosos, los blancos presentaron en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría, otra iniciativa de comisión investigadora, pero sobre la rescisión del contrato, y analizando desde 2005, es decir, desde que asumió el primer gobierno del Frente Amplio, hace más de veinte años. Lo más probable es que las dos comisiones tengan los votos, porque en el Senado los tiene el oficialismo, que quiere hacer foco en el escándalo del contrato de Cardama –tema que, objetivamente, es el único que importa dirimir en sus responsabilidades y eventuales desviaciones o actos de corrupción–, y en Diputados tiene mayoría la oposición que, liderada por el Partido Nacional, pretende abogar por la empresa y desviar la atención de las profundas irregularidades para compensar el daño reputacional que traerá aparejado para algunos de sus más notables dirigentes la investigación que se llevará adelante en la Cámara Alta.

Así las cosas, cabe esperar que funcionen simultáneamente dos comisiones investigadoras sobre el mismo caso, pero con un enfoque distinto y un tiempo comprendido diferente, a las cuales sus promotores quieren utilizar para hacer escombros en las tiendas contrarias. La jugada, que puede tener su encanto para las mentes maestras que las pergeñaron, tiene el notable efecto de confundir y, cuando se pronuncien, la potencialidad de enfrentar a las cámaras del Poder Legislativo en un verdadero ejercicio de suma cero que significará un poco más de desprestigio de la práctica política para la población general, ya bombardeada por una propaganda sistémica y desideologizante.

No queda otra para las fuerzas honestas que seguir adelante investigando. Tratando de llegar hasta el fondo, porque acá hubo un intento feo de estafar al Estado, y hay que saber por qué el Estado mostró semejante permisividad, y también hay que indagar en si los responsables de este intento estuvieron sólo en aquél lado del mostrador. Ojalá así sea, pero la actitud de defensa frenética de la empresa que han mostrado algunos actores del Ejecutivo pasado, pese a la evidente mala fe del empresario, hace sospechar al más taimado. Esperemos que la investigación avance y que esclarezca, más allá de las fuerzas interesadas en la confusión.

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