Para intentar dar una respuesta a tantas interrogantes, es bueno recordar algunos preceptos lógicos elementales, que deberían guiar el proceder de todos los actores políticos de este país, y ni qué decir de todos los tribunales (y la Jutep es uno de ellos, puesto que el concepto de Tribunal no aplica únicamente para el Poder Judicial, sino para todos aquellos sujetos u órganos que deban tomar una decisión fundamentada).
Lo menos que podemos exigir como ciudadanos (o sea como soberanía), de nuestros gobernantes y de nuestros representantes es que obren con la debida coherencia. Ahora bien, ¿qué sucede con la coherencia? Se trata nada menos que de uno de los elementos irrenunciables de la racionalidad humana y por lo tanto, es imprescindible entender el papel que juega en la argumentación racional. Existe coherencia en los argumentos que se manejan, en cualquier situación humana, cuando se cumple con las siguientes reglas: no contradicción, sinceridad y universalidad lógica.
Las reglas de universalidad, según el filósofo de la argumentación Robert Alexy son las siguientes: a) si se predica algo de un objeto, lo mismo ha de predicarse también de cualquier otro objeto que sea igual en todos los aspectos relevantes. b) si se afirma un juicio de deber (norma) o de valor, en una situación, hay que afirmarlo también en todas las situaciones que son iguales en todos los aspectos relevantes.
Si no se cumple con dichas reglas de universalidad, cualquier argumento cae por su base, ya que resultará viciado de incoherencia e irracionalidad, porque perseguirá fines espurios, tendenciosos o francamente maliciosos.
Puede parecer pequeño el caso de Andrade en ese contexto, pero no lo es en absoluto. Por el contrario. Viene a formar parte de esa enorme y grosera tendencia a naturalizar las desigualdades, no porque Andrade no tenga responsabilidad personal en su carácter de deudor, sino por el recorte arbitrario que se pretende ejercer a su respecto; recorte que no solamente ofende a la lógica y al sentido común, sino que se inscribe en toda una ideología política configurada en la retracción de las reglas del funcionamiento democrático, del Estado del bienestar y de la paz social. Se inscribe en definitiva en el proceso que se lleva adelante en Uruguay, que está reduciendo de manera importante los derechos y las oportunidades de los ciudadanos y de los habitantes de la república, con una desregulación muy fuerte del justo acceso a la información, del debido manejo de las normas y del justo trato entre individuos, todo lo cual conspira contra los derechos y garantías, así como contra la seguridad, la igualdad y la justicia en términos generales. Lejos está quedando el trato igualitario en nuestra sociedad. Lejos están quedando también los valores de la solidaridad y la cooperación social. En estas condiciones, tal como expresa Zygmunt Bauman en la obra referida, los individuos llegan a recelar del propio estado de derecho, desde el momento en que sus normas son utilizadas o mejor deberíamos decir manipuladas- en función de intereses parciales. En la medida que no seamos capaces de actuar bajo la regla de la racionalidad, de la igualdad y del trato justo, lo que cae es el pacto social entero. Y cuando cae el pacto social estamos ante democracias enfermas y fragmentadas. Cuando acusamos a un individuo (y no a otros en igual situación) sólo porque es de tal o cual partido, o porque es pobre y comunista, y no un “malla oro”, o porque está en las antípodas de nuestras concepciones políticas, estamos incurriendo nosotros mismos en corrupción, y ello ataca la estructura interna de la democracia.
