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El discurso sobre seguridad, convivencia, legalidad y moralidad que defiende el futuro ministro Larrañaga es un discurso punitivo maquillado, que producirá más violencia policial y civil, y que no necesariamente generará menos delincuencia fáctica ni menor sensación subjetiva de inseguridad. Pero los neófitos se lo creen o quieren creérselo. Así son las cosas.
No estamos proponiendo que no se impidan por la fuerza algunas acciones de agresión física que en su extremo pueden configurar homicidios, ni que no se impidan o penalicen rapiñas, hurtos, violaciones y el largo etcétera que constituye el Código Penal y sus complementos legislativos posteriores. Estamos de acuerdo en que ni una infancia castigada ni estados alterados de conciencia ni consumismo culturalmente introyectado deben impedir actuaciones policiales y judiciales que los frustren o castiguen adecuadamente; jurídicamente no deben ser eximentes de responsabilidad. Un buen código, redactado con asesoría permanente de científicos sociales, incluiría estos ítemes como atenuantes de responsabilidad, no como eximentes; pero están hechos por juristas, en el mejor de los casos, con asistencia creciente de médicos y contadores.
Sobre baldes, canillas y otros oportunismos políticos
No dudamos de que la justicia inmediata es necesaria, que es preciso baldear un agua delictiva creciente que inunda la sociedad. Pero sabiendo, admitiendo y diciendo públicamente –además, y con énfasis retórico suficiente– que, en el largo plazo, si queremos minimizar la punición actual de delitos, no bastará con baldear sino que habrá que preocuparse más que nada de cómo cerrar las canillas. Sin cerrar o entornar canillas estaremos condenados para siempre a concentrarnos y privilegiar los baldes y el baldeo.
Se acusa a los que levantan la preocupación por los plazos mediano y largo de que no se dan cuenta de que hay que prevenir y castigar lo que pasa hoy; de que son miopes que no ven lo que pasa aquí y ahora. Por supuesto que sí, que lo ven (lo vemos); pero eso lo dicen los autoritarios astigmáticos, uno de los cuales parece ser Larrañaga, que no ven de lejos, que creen que básicamente perfeccionando los baldes y el baldeo van a dar cuenta de lo que en realidad viene de canillas, cuya cantidad y capacidad de acarreo hay que reducir.
Solamente una normativa hecha por profesionales ajenos a las ciencias sociales puede producir un organigrama constitucional de los ministerios del Poder Ejecutivo como el vigente, en el que se induce a creer que la seguridad la podrá producir el Ministerio del Interior con énfasis en la Policía, como auxiliar de la Justicia (baldeo), sobre la base de la normativa legislativa (baldes). Desde las ciencias sociales se anuncia que es bastante más que esto: es un asunto básicamente sociocultural y económico, multidimensional, multicausal, pluri-institucional, pluri-ministerial, absurdamente reducido al enjuiciamiento judicial de lo actuado por la policía sobre aquello que no pudo prevenir ni disuadir.
El Ministerio del Interior no tiene atribuciones, capacidad ni habilidades como para hacer algo más que baldear la delincuencia, con baldes que construye el Parlamento y que usa el Judicial. Pero ninguno de los dos –Policía y Judicial– saben ni tienen atribuciones suficientes como para cerrar las canillas de las que sale el agua que luego tendrán que baldear. El organigrama institucional del Poder Ejecutivo es obsoleto, técnicamente acientífico desde las ciencias sociales, hiperjurídico, y, por ende, solo referente a la cáscara de la sociedad, sin profundidad. El Legislativo sí podría más, pero si enfatiza legislación para disminuir la cantidad y la capacidad de las canillas, y no solo sobre baldes y baldeo. Y esto es lo más necesario para producir seguridad y convivencia: el largo plazo, las canillas que inundan y obligan a construir cada vez más baldes y a baldear cada vez más.
De izquierdas y derechas electoreras
No hay que dejarse deslumbrar por el discurso mediático ni por las falsas soluciones inmediatas, anzuelos y carnadas con las que los políticos hacen su pesca electoral, sobre la base de la desmesurada inseguridad sentida por una población que es formada por los voraces medios de comunicación y por el oportunismo de los políticos. Está claro, las soluciones reales se tratan en el mediano y largo plazos, pero lo que rinde en lo inmediato son los fuegos artificiales respecto de baldes y baldeo, el corto plazo político-electoral, el astigmatismo sobre la centralidad de las canillas, la secundarización de la causalidad de la delincuencia por sobre sus efectos y consecuencias.
La izquierda se mimetizó con la derecha por miedo electorero y porque si subrayaba la causalidad y el largo plazo de las canillas, estaría implícitamente aceptando que sus políticas sociales, sus redistribuciones y su combate al consumismo habrían sido un fracaso; por lo tanto, siguió la corriente inmediatista, histérica, irracional, inconducente, de baldeadores que no privilegian el cierre de las canillas de las que viene lo que deben baldear, y que ocupa sus preocupaciones, narrativas y discursos con ese astigmatismo electorero. Escupió para arriba y se manchó, perdió. Careció de asesores criminológicos que disolvieran la ignorante convicción de que disminuyendo la pobreza se disminuiría la delincuencia, extremo que ninguna criminología científica jamás afirmó, salvo por su potencial disminución de las necesidades absolutas, causal menguante en la causalidad contemporánea, y hasta contemplada como eximente –estado de necesidad– en códigos ya del siglo XIX.
El consumismo y la desigualdad sentida como injusta son las causas más actuales de criminalidad contra la propiedad y contra la persona; la disminución de la pobreza, elogiable en sí misma, no asegura ninguna disminución de criminalidad en sociedades de consumo, con deprivación relativa creciente y desigualdad sentida como injusto obstáculo a la equidad consumista. Hay que insistir en este punto, que es el central y el que no quieren entender los electoreros de distintas tiendas políticas.
Respeto, autoridad, legítima defensa
El discurso de Larrañaga es un clásico del manual del autoritario conservador de derecha que mantiene un tono moralista y pseudo-jurídico que enmascara, como buen discurso de época de Carnaval, otro meollo. La afirmación vacía, sin ejemplos concretos, que asevera que hay que subrayar, en la legislación y en la práctica, el respeto, la autoridad y el orden, satisface los paladares autoritarios y represivos más exigentes.
Habría que preguntarle: ¿qué faltas de respeto hay hoy que se espera y apunta a reducir a futuro? ¿Qué falta de autoridad campea que deba ser eliminada? ¿Y cómo lo haría? ¿Cualquier orden es intrínsecamente bueno, perseguible y defendible? ¿El de una dictadura africana, de una monarquía saudita, del franquismo, del nazismo, del fascismo, de una dictadura cívico militar o militar del Plan Cóndor?
Esa afirmación vacía, autoritaria y moralista, con delgado barniz legalista, sirve para esconder un proyecto de legislación más punitiva (más baldes, baldeos y baldeadores) al corto plazo, al delito inmediato, con nula referencia a la causalidad de mediano y largo plazo (a las canillas), o sea a la sociedad que genera esa criminalidad, a la criminogenia cotidiana, que, claro está, no es asunto del Ministerio del Interior, que por eso mismo será siempre incapaz de ser una importante solución a la criminalidad, aunque se haga creer lo contrario, y el obsoleto y anticientífico organigrama constitucional del Estado refuerce esa inducción al error.
En cuanto a la transformación del eximente de responsabilidad penal de la legítima defensa (Título II, Cap. I, arts. 26 a 29) en presunción simple de inocencia es un ejemplo de una modificación legal con influencia potencial enorme en la práctica, y, más allá de los cambios legales, en el sentido de la punitividad y la mayor discrecionalidad del accionar policial. Ni que hablar de que los trabajadores policiales deben, hasta sindicalmente, procurar mejor protección física y mejor cobertura legal para sus riesgosas prácticas, pero eso no significa que macrosocialmente dicha legítima aspiración sea conveniente, o que lo sea de los modos propuestos. Es importante desarrollar cómo es el actual estado de cosas en estos ítemes:
Uno: Cualquier policía disfruta en Uruguay, como todo ciudadano, de la presunción de inocencia, que es pilar del Estado de Derecho y por el cual, históricamente, el poder se ha visto impedido de acusar con probabilidades a cualquiera de cualquier cosa que desee o le convenga.
Dos: Desde siempre los tribunales penales uruguayos han tenido el sentido común de apreciar con benevolencia comprensiva a los policías que se han visto involucrados en enfrentamientos con delincuentes o en circunstancias duras. El año pasado, sin ir más lejos, que contó con muchos heridos y hasta fallecidos en operativos policiales, no vio a ningún policía formalizado o llevado a juicio, según el penalista Martín Fernández del Observatorio Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Tres: La presunción simple de inocencia, sustituyendo al eximente de responsabilidad penal, puede generar un efecto expansivo por el cual los civiles interpreten ‘su’ legítima defensa, más que como acciones que deben justificarse según el concurso de circunstancias para constituir legítima defensa completa o incompleta eximente de responsabilidad penal, una presunción absoluta y no meramente simple.
Cuatro: Si ese eximente a probarse se convierte en presunción simple, se deberá, antes de sancionar y promulgar una ley en ese sentido, establecer muy bien, y procesalmente, los requisitos para probar en contra de dicha presunción simple, para que no se convierta la práctica policial y judicial en una presunción absoluta, por falta de capacidad y facilidad de los perjudicados, por una acción policial de accionar en el proceso policial-judicial con probabilidades de que sus razones sean atendidas y que la presunción simple pueda ser derribada si eso fuera pertinente. Sin una muy adecuada legislación sustantiva y procesal, protegida por un muy cuidadoso seguimiento de todos los pasos de registro de evidencias pasibles de derribar la presunción simple, dicha presunción se podría convertir, por la vía de los hechos y de los actores intervinientes, en un verdadero sustento del ‘gatillo fácil’ que escandaliza tanto a Larrañaga.