El Pacto Histórico terminó consolidándose como la principal fuerza política del país al alcanzar cerca de 4,4 millones de votos. Y lo hizo con un obstáculo importante en el camino, ya que Iván Cepeda —uno de los nombres más fuertes de la izquierda y favorito en varias encuestas— quedó por fuera de las consultas interpartidistas tras una decisión arbitraria del Consejo Nacional Electoral. La consecuencia fue que, en efecto, el voto progresista se dispersó y terminó repartido entre varias opciones que, en otras condiciones, probablemente habrían convergido en una misma candidatura.
La derecha y la extrema derecha llegaron a la Gran Consulta con una baraja amplia de candidatos y lograron movilizar una cantidad importante de votantes. Cerca de cinco millones de personas participaron en esa interna. La candidata respaldada por el expresidente Álvaro Uribe, Paloma Valencia, terminó quedándose con la victoria. Lo hizo con alrededor de 3,2 millones de votos, cumpliendo así el objetivo de consolidarse como la carta principal de dicho sector político.
En segundo lugar quedó Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que reunió cerca de 1,2 millones de apoyos. Aunque a buena distancia de Valencia, tal resultado lo dejó bastante bien posicionado dentro del espacio de una derecha que buscaba mostrarse como una alternativa más tecnocrática y menos ligada a las maquinarias tradicionales.
Por su parte, Abelardo de la Espriella, quien ha cultivado un vínculo cercano al republicanismo estadounidense dentro del universo uribista, decidió mantenerse por fuera de la consulta, buscando preservar una imagen de independencia frente a las estructuras más orgánicas de la derecha uribista. La jugada no es nueva. Forma parte de una estrategia de doble carril que el uribismo ya ha usado otras veces. Algo parecido ocurrió en 2022, cuando dicho sector terminó jugando dos cartas en simultáneo: por un lado, la candidatura oficial del exalcalde Federico «Fico» Gutiérrez y, por otro, la del empresario Rodolfo Hernández, presentada como una opción supuestamente independiente.
Pero la expectativa de que De la Espriella se consolidara como una especie de tercera vía dentro de ese espacio no termina de cuadrar. Su partido, Salvación Nacional —fundado en 1990 por el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, luego asesinado— apenas logró captar el 3,6% del electorado. Eso se tradujo en tres curules en el Senado, un resultado modesto que, además, deja a la organización al borde de perder su personería jurídica por el bajo rendimiento en las urnas.
Así las cosas, Álvaro Uribe vuelve a situarse con dos candidaturas cercanas a su órbita política, ambas con un techo electoral bastante acotado dentro del campo de la extrema derecha. En ese tablero, la figura de Juan Daniel Oviedo empieza a aparecer como un aliado posible para ampliar la base hacia sectores menos radicalizados. Con estos resultados, el exdirector del DANE —quizás, el perfil más moderado dentro de un bloque— queda bien posicionado para negociar una eventual vicepresidencia o, incluso, proyectarse hacia una candidatura a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones de 2027.
El panorama del llamado centro político tampoco salió fortalecido de la jornada. El desempeño del Partido Verde y sus aliados en las legislativas terminó por diluir aún más la ya frágil identidad de ese espacio. En la Consulta de las Soluciones, la exalcaldesa Claudia López reunió 574 670 votos, una cifra que contrasta con el caudal que la llevó al Palacio Liévano en 2019, cuando alcanzó 1 108 541 sufragios.
En el terreno legislativo el sector verde también salió bastante golpeado, ya que perdió figuras importantes en ambos costados del espectro interno. Inti Asprilla, cercano al Pacto Histórico, se quedó sin su escaño. Pero tampoco lograron sostener sus curules por derecha Katherine Miranda ni Angélica Lozano. El resultado dejó bastante a la vista la crisis del «centro verde» como proyecto político.
Tal fragilidad se volvió todavía más evidente con la votación que obtuvo el influencer Jota Pe Hernández, conocido por su admiración por Nayib Bukele. Hernández consiguió 158 457 votos y terminó convirtiéndose en el tercer congresista más votado dentro de las listas abiertas. Solo lo superaron Nadia Blel —integrante del clan parapolítico Blel, una poderosa familia del departamento de Bolívar— y Lidio García Turbay, también ligado a uno de los clanes tradicionales de ese departamento (García Turbay, huelga decirlo, es miembro del grupo político encabezado por el exsenador Álvaro García Romero, su primo, quien en 2010 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por su participación en la masacre de Macayepo del año 2000, conducida por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia).
En síntesis, las tres votaciones más altas de las listas abiertas de la derecha quedaron en manos de dos representantes de clanes políticos históricamente vinculados a las redes de poder que acompañaron la institucionalización del paramilitarismo en la costa del Caribe, junto con un proyecto político de tono libertario que bebe de la estética y el discurso bukelista.
En la otra vereda del espectro político, el Frente por la Vida obtuvo un resultado bastante modesto. Tras la decisión del CNE de impedir la participación de Iván Cepeda en las consultas interpartidistas, el Pacto Histórico decidió no acompañar formalmente la contienda de ese frente. Roy Barreras, quien durante años fue operador del uribismo antes de acercarse al campo progresista, alcanzó alrededor de 360 000 votos.
Aun así, Barreras y Daniel Quintero siguieron adelante con la consulta, que finalmente reunió 595 837 votos en total. El resultado dejó ver con claridad el desgaste político de Barreras. Las maquinarias regionales que durante años respaldaron su papel como operador político terminaron retirándole el apoyo, mientras que entre los sectores de izquierda nunca logró consolidar una base propia realmente sólida. Quien aspiraba a movilizar más de 3 millones de votos quedó muy lejos de esa meta. Hoy Barreras aparece como una figura debilitada dentro del campo progresista y con una capacidad de convocatoria mucho menor a la que proyectaba al comienzo de la contienda.
En el plano legislativo, el bloque de la izquierda en el gobierno tampoco logró alcanzar las mayorías parlamentarias necesarias para sortear sin dificultad los bloqueos que ya se conocen ni los que probablemente vendrán. Sin embargo, más allá de cualquier lectura triunfalista o derrotista, conviene mirar este resultado en perspectiva histórica. Aun con sus limitaciones, se trata del mejor desempeño legislativo que ha conseguido la izquierda. Una izquierda que, desde sus orígenes, ha sido sistemáticamente golpeada por una de las oligarquías más fratricidas del continente.
La violenta democracia colombiana
espués de cuatro años en el gobierno, el avance del Pacto Histórico en el Senado empieza a marcar una tendencia que no pasa desapercibida. Aunque de a poco, parece crecer cierto nivel de confianza institucional en su proyecto político. El bloque progresista pasó de tener 20 a 25 curules en la cámara alta, y el reconteo de votos todavía podría devolverle al menos dos escaños más. No sería algo inédito. Ya ocurrió en 2022. En aquel momento, el recuento terminó recuperando cerca de 570 000 votos que inicialmente no habían sido contabilizados para el Pacto. Ese proceso permitió que la bancada pasara de 16 a 20 senadores. Las cuatro curules recuperadas habían sido asignadas en un principio al Partido de la U, una colectividad que durante años funcionó como uno de los principales vehículos políticos de Álvaro Uribe, antes de que este rompiera con su sucesor Juan Manuel Santos y decidiera fundar el Centro Democrático en 2013.
En el escenario actual, el Centro Democrático aparece como la segunda fuerza del Senado, con 17 escaños, mientras que el Partido Liberal ocupa el tercer lugar, con 13. Así, el mapa político de la corporación queda encabezado por el Pacto Histórico con 25 curules, seguido por el uribismo con 17 y por el liberalismo con 13. La situación en la Cámara de Representantes, por su parte, todavía está en desarrollo. El escrutinio avanza con cierta lentitud, por lo que el panorama definitivo aún no está completamente claro. Sin embargo, las proyecciones preliminares sugieren que el bloque progresista también podría crecer de manera significativa. De acuerdo con estimaciones del Sistema de Medios Públicos RTVC, el Pacto pasaría de 26 a alrededor de 38 escaños en la cámara baja.
Ahora bien, el hecho de que el recuento tenga tanto peso frente al conteo inicial abre preguntas profundas sobre el funcionamiento del sistema electoral colombiano. Una y otra vez, lo que se evidencia es la existencia de una parainstitucionalidad que atraviesa el conjunto de la vida política del país. La pérdida, alteración o desaparición de votos difícilmente puede entenderse como un simple «error técnico». Forma parte de un conjunto de prácticas que, a lo largo de la historia, se han utilizado para bloquear o eliminar a los adversarios políticos.
Dentro de ese repertorio aparecen mecanismos conocidos: compra de votos, presiones clientelares, guerra jurídica, persecución política, proscripciones partidarias, coacción armada e incluso episodios de genocidio político o magnicidio. Son recursos que se activan cada vez que el sistema de poder necesita reacomodarse para proteger los intereses de lo que Jorge Eliécer Gaitán llamaba el «país político»: esa minoría de élites que administra el Estado y que, históricamente, ha mantenido una distancia profunda con las mayorías populares que conforman el llamado «país nacional».
Breve historia de la eliminación política en Colombia
Hubo un momento en que la política colombiana cambió de rumbo de manera brutal. A mediados de los años ochenta, en medio de la recomposición del poder de los sectores conservadores —sin importar demasiado el partido en el que se acomodaran—, el país atravesó dos coyunturas electorales marcadas por sangre: 1986 y 1990. En esos años fueron asesinados varios de los principales candidatos que representaban alternativas políticas por fuera de las élites tradicionales y que, además, se encontraban a la izquierda del poder que orbitaba alrededor del Cartel de Medellín.
La lista es conocida, pero no por eso menos estremecedora. Jaime Pardo Leal, dirigente del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica (UP), fue asesinado en 1987. Dos años después cayó Luis Carlos Galán, líder del Nuevo Liberalismo y uno de los candidatos con mayor proyección presidencial. En 1990 también fueron asesinados Bernardo Jaramillo Ossa, figura central de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro León-Gómez, excomandante del M-19 que acababa de deponer las armas para participar en la política formal.
Tanto la Unión Patriótica como el M-19 habían emprendido procesos de paz que implicaban abandonar la lucha armada para integrarse al sistema político a través de las elecciones. Pero en lugar de abrirse un espacio democrático liberal, lo que siguió fue el exterminio sistemático de la UP y el asesinato de quienes intentaban construir una alternativa política desde la legalidad. Con el tiempo, distintas investigaciones han señalado que detrás de esa violencia convergieron múltiples actores, entre los que se cuentan sectores de las fuerzas armadas, estructuras paramilitares, redes del narcotráfico, empresarios y funcionarios del propio Estado.
La clausura política no terminó allí. En 2002, cuando el exterminio de la Unión Patriótica todavía pesaba sobre la memoria reciente del país, el Comité Nacional Electoral (CNE) decidió retirar la personería jurídica al partido. La medida se tomó durante el ascenso político de Álvaro Uribe. Más de una década después, en 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad del Estado colombiano en ese exterminio y ordenó restituir la personería jurídica a la UP.
La historia volvió a repetirse, aunque bajo otras formas, en 2018. Ese año el CNE bloqueó la posibilidad de que Colombia Humana, el movimiento liderado por Gustavo Petro, se constituyera formalmente como partido político. Ante esa decisión, Petro y su coalición terminaron compitiendo en las elecciones presidenciales utilizando la personería jurídica que le había sido devuelta a la Unión Patriótica (este año, finalmente, Colombia Humana optó por disolverse e integrarse plenamente al Pacto Histórico, una decisión que, al menos en parte, respondió a la necesidad de sortear los obstáculos que el propio CNE ha impuesto al proceso de unificación de dicho proyecto político).
El periodo de los magnicidios marcó profundamente la política del país a finales del siglo XX. En un escenario de apertura democrática clausurada, la participación electoral de la izquierda se retrajo durante décadas. Ese escenario comenzó a cambiar recién en 2018, cuando Gustavo Petro irrumpió como candidato presidencial con una capacidad de movilización inédita para el campo progresista.
Durante casi tres décadas —entre 1990 y el final del ciclo político del uribismo, que terminó desgastándose con el gobierno de Iván Duque en medio del Paro Nacional de 2019-2021— la abstención electoral en Colombia se mantuvo alrededor del 53%. Ese patrón empezó a modificarse a partir de 2018, cuando la abstención descendió al 44%. El descenso, en buena medida, fue impulsado por la movilización de nuevos votantes y por el entusiasmo de sectores progresistas que veían en Petro una posibilidad real de disputar el poder. La tendencia se profundizó en 2022, cuando la abstención cayó hasta el 41,9%, el nivel más bajo en décadas.
A la luz del crecimiento del voto progresista —constatado también en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo—, todo indica que esa tendencia podría seguir consolidándose de cara a la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo de este año. El mapa político colombiano sigue en movimiento pero, por primera vez en mucho tiempo, una parte significativa del electorado parece estar convencida de que participar puede cambiar algo.
¿Reacción conservadora?
El viejo bipartidismo liberal-conservador había logrado volver a reagrupar a buena parte de la oposición en el Congreso en las elecciones de 2022. Sin embargo, las elecciones del pasado 8 de marzo volvieron a transformar la composición partidaria del Congreso. El resultado obtenido por el Centro Democrático, partido de Álvaro Uribe, no solo lo consolida como la segunda fuerza política del país —superando incluso al Partido Liberal—, sino que además reordena el mapa de la derecha. Su avance electoral debilitó a aquellos partidos que durante años habían tenido peso propio (como Cambio Radical) y empujó al Partido Conservador hasta el quinto lugar en la correlación de fuerzas del Congreso.
La presencia de Álvaro Uribe ya había alterado el equilibrio del sistema político tradicional en la década de 2000. En aquel momento, la recomposición de la derecha estuvo impulsada por sectores emergentes de la élite económica, los llamados «nuevos ricos», que consolidaron su poder en medio de la expansión de capitales vinculados al narcotráfico y de su posterior proyección internacional durante la era de Ronald Reagan.
Con el paso del tiempo, esa fracción de la burguesía terminó integrándose de manera estable al paisaje del poder en Colombia. Su consolidación se vio acompañada por episodios recurrentes de vinculación entre sectores políticos y empresariales con las redes de narcotráfico, paramilitarismo, exportación de mercenarios y distintos escándalos relacionados con tráfico de armas en zonas fronterizas, sobre todo cuando esas regiones quedan bajo gobiernos considerados «incómodos» para Estados Unidos.
Este bloque de poder político, financiero y militar opera de forma relativamente cohesionada y se mueve en sintonía con los intereses geopolíticos alineados a Washington. En términos estructurales, se trata de una burguesía de carácter transnacional. En este sentido, la supuesta derrota electoral de Álvaro Uribe como candidato al Senado se parece menos a una retirada que a un simple movimiento táctico dentro de ese mismo bloque de poder.
Más que un «colapso de la derecha», lo que está en marcha es un proceso de reorganización interna. El crecimiento del Centro Democrático y el retroceso del Partido Conservador sugieren una redistribución de roles dentro de ese mismo campo político. El uribismo vuelve ahora a ocupar la posición ofensiva, mientras el conservatismo le abre paso y funciona —como lo ha hecho históricamente— de cantera administrativa y fachada institucional para los sectores más concentrados del poder real.
La base política de Álvaro Uribe ha estado rodeada de polémicas desde sus tiempos como congresista en los años noventa. Diversas investigaciones han señalado vínculos entre sectores de su entorno político y familiar y el Cartel de Medellín. Más adelante, durante sus dos mandatos como presidente (2002-2010), las investigaciones impulsadas por Gustavo Petro e Iván Cepeda contribuyeron a visibilizar el alcance del fenómeno de la «parapolítica», en el que más del 35% del Congreso llegó a estar investigado por presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y con circuitos asociados al narcotráfico.
Ese entramado nunca fue juzgado en su totalidad. Las investigaciones avanzaron de manera fragmentada y dejaron amplias zonas de impunidad en la relación entre poder político, paramilitarismo y economías ilegales. En ese contexto, la llamada «plata dulce» —los flujos de capital provenientes de esas redes— se convierte en una variable clave para entender cómo se reorganiza hoy la derecha colombiana.
Los episodios recientes parecen reforzar tal lectura. Los operativos del Plan Democracia de la Policía Nacional detectaron cerca de 4000 millones de pesos que presuntamente iban a ser utilizados para la compra de votos. Los escándalos alcanzaron tanto a sectores del Centro Democrático como del Partido Liberal. Sin embargo, esos casos apenas arañan la superficie de un fenómeno mucho más profundo, asentado en la persistencia de estructuras de poder que combinan dinero ilícito, influencia política y capacidad coercitiva.
Distintas denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro señalan, además, la posible existencia de un entramado conocido como la «Nueva Junta» del narcotráfico. Las acusaciones alegan que se trata de una red que opera a través de conexiones políticas y financieras que superan ampliamente el territorio colombiano. Y traza el alcance de sus nodos logísticos y financieros incluso hasta Dubái, capital de los Emiratos Árabes Unidos, lo que da una idea del nivel de transnacionalización que han alcanzado estas estructuras.
En ese marco, el proceso electoral colombiano de este 2026 no es solo una disputa electoral entre partidos. Es una oportunidad para entrever con mayor claridad los hilos de la recomposición de un bloque de poder que combina política, capital y redes ilegales, y que sigue teniendo una enorme capacidad para influir en el rumbo institucional del país.
