¿Cómo se reconstruye un país después del modelo de la desigualdad?

El problema de los ingresos sumergidos tiene causas estructurales o de largo plazo, a las que en los últimos tiempos se sumaron otras más coyunturales o de corto plazo. Las causas estructurales tienen que ver con la formación económico-social que tiene nuestro país desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que existe como tal. La economía uruguaya es fuertemente dependiente de los ciclos económicos externos, centrada en la exportación de materias primas con escaso o nulo valor agregado, con una baja productividad media y escaso desarrollo del tejido productivo. Estas características estructurales llevan a la persistencia de los problemas de empleo y los bajos salarios, más allá de las mejoras relativas que pueden ocurrir en períodos en que coexiste el crecimiento económico con políticas distributivas. En los últimos años el problema de los bajos salarios se agudizó por la inexistencia de una política que priorice a estos sectores más desfavorecidos. En la crisis económica y social derivada de la pandemia, el Poder Ejecutivo no protegió de manera contundente a los salarios más bajos, que se vieron disminuidos a pesar de ya estar en niveles muy sumergidos, lo que impactó en el aumento de la pobreza. Por su parte, en los lineamientos para la negociación colectiva planteados hacia la etapa de recuperación salarial, no se estableció ningún criterio diferencial de ajuste para los niveles de ingreso más bajos. La situación planteada también demuestra que las medidas implementadas para la protección de microempresas, unipersonales y monotributistas fueron insuficientes, ya que hay una parte importante de las personas con ingresos inferiores a $25.000 que son trabajadores por cuenta propia. De este modo, tenemos que en 2022 hubo 549.000 ocupados que ganan menos de $25.000 líquidos por 40 horas de trabajo semanal, lo que representa casi 100.000 personas más que en 2019. De ese total, 322.000 son asalariados dependientes.

¿Cuáles son los sectores más afectados por la caída de los salarios y qué población es la más afectada?

Los sectores de trabajadores más impactados por la caída de los salarios en estos últimos años fueron los que se ubican en rubros que el gobierno calificó como “más afectados por la pandemia”, con lo cual tuvieron rebaja salarial durante dos años seguidos -del orden de casi el 10 % en términos reales- y la recuperación del poder de compra que tenían antes de la pandemia será recién a mediados de 2026. Estos son los servicios de alojamiento, gastronomía, transporte de pasajeros, actividades vinculadas con el transporte aéreo, clubes deportivos, cine y servicios audiovisuales. Asimismo, otros sectores de actividad donde predominan los trabajadores de ingresos bajos, como el comercio, el servicio doméstico y las actividades agropecuarias, si bien no tuvieron una caída del poder de compra tan pronunciada como las actividades mencionadas en el párrafo anterior, las rebajas de salario real que sufrieron (o disminución de horas de trabajo en algunos casos como sucedió en el servicio doméstico), sumado a la lentitud de la recuperación, provocó que muchos trabajadores cayeran por debajo del umbral de los $25.000 mensuales.

¿El equipo económico está cumpliendo sus metas y objetivos? Te lo pregunto porque si la economía crece, el empleo también, pero aumentan las personas con salarios sumergidos, hay alguna variable que no estaría siendo atendida correctamente. ¿Dónde está la falla?

Creo que el actual gobierno asumió con un objetivo principal que era relanzar el dinamismo económico por la vía de aumentar la competitividad del sector privado.

En el Compromiso por el País firmado en noviembre de 2019 por los líderes de la coalición, se establecía el compromiso de mantener el salario real de los trabajadores. Posteriormente vino la pandemia del coronavirus, se instrumentó la caída del poder de compra del salario en la llamada Ronda Puente y actualmente se empieza a transitar la recuperación que el gobierno afirma que se va a completar al final del mandato o incluso antes. De todos modos no cabe duda que durante la trayectoria los trabajadores habrán perdido salario. Mientras tanto, la economía se recuperó de forma bastante más acelerada que la masa salarial total. El gobierno afirma que esto es algo inevitable luego de que se vive una crisis, pero lo cierto es que no se aplicaron políticas para evitar la pérdida de participación de los salarios en el ingreso nacional. La prioridad para el gobierno fue contemplar la competitividad empresarial por la vía de la contención del costo de la mano de obra. Otro de los objetivos propios que el gobierno ha cumplido es la disminución del gasto público, aunque con criterios distintos que los anunciados en campaña electoral, donde se afirmaba que se iban a ahorrar 900 millones de dólares sin afectar salarios, jubilaciones ni gasto público social. Era la cuadratura del círculo. Finalmente se bajaron los salarios de los trabajadores estatales, las jubilaciones, el gasto público social y también las inversiones en algunas áreas estratégicas, como en las principales empresas públicas, abriendo espacio para el capital privado. Hoy tenemos un Estado más chico, lo que puede ser positivo para una parte del capital privado -sobre todo el de mayor porte que no necesita el apoyo de las políticas públicas para su desarrollo- pero con mayores dificultades para cumplir con sus cometidos sociales básicos y con un deterioro en su capacidad de acción estratégica. Más que una falla lo que tenemos son las consecuencias de la aplicación de un modelo económico, que establece que lo mejor que puede hacer un gobierno es contribuir a asegurar las condiciones para la competitividad del capital privado y que el derrame de la nueva riqueza se produzca naturalmente. Las desigualdades se perciben como deseables, acorde a las diferencias de talento o del esfuerzo entre las personas o, en el mejor de los casos, como inevitables. Todo lo que haga el Estado para amortiguar estas desigualdades, en esta concepción, trae más problemas que soluciones.

¿Cuál es tu balance del modelo aplicado y del resultado de las políticas del gobierno en materia económica?

En una palabra, es un balance desigual. Para el gran capital privado y los grandes propietarios, mejores condiciones de acumulación, como lo muestra el crecimiento económico concentrado y el aumento de los depósitos en el exterior y en las cuentas de mayor porte de la plaza financiera local. Según un informe de AEBU, en los primeros dos años del actual gobierno, los depósitos de uruguayos en el exterior crecieron del entorno de los 6.200 millones de dólares a los 9.900 millones; es decir, un aumento del 60 %. Por su parte, los depósitos en la plaza financiera local en las cuentas de más de 250.000 dólares, pasaron de un total de 12.100 millones de dólares a 18.300 millones, lo que supone un aumento del 51 %. Para las grandes mayorías nacionales, un deterioro general en sus condiciones de vida, tanto por la caída del salario real y las jubilaciones, el empeoramiento de los servicios que brinda el Estado y las dificultades de las pequeñas y medianas empresas que se mueven en torno al mercado interno. Como aspecto positivo para las grandes mayorías está la recuperación del empleo, pero no podemos dejar de ver que son empleos con peores remuneraciones y algunos casos de mayor precariedad laboral. Además de que el aumento del empleo constatado es inferior al ritmo de recuperación del Producto Bruto Interno. Desde el punto de vista global, tenemos un Estado con menos capacidad de desarrollar políticas estratégicas. La matriz productiva no tuvo transformaciones sustanciales, puesto que no es parte de la política del gobierno.

¿Qué secuelas deja esta política económica aplicada durante estos años y qué país recibirá el nuevo gobierno?

Como aspectos de mayor preocupación podríamos mencionar los siguientes: una mayor desigualdad económica, con una peor distribución global entre trabajo y capital, con una parte importante de la clase trabajadora con ingresos sumergidos; un Estado con un balance fiscal en apariencia mejor que el que tenía hace 5 años, pero donde este ajuste de cuentas se basó en la caída de salarios, jubilaciones, gasto público social e inversión en áreas estratégicas, además de quedar una deuda financiera importante por proyectos de carácter público-privado que en una primera instancia no figuran como gastos del sector público pero que posteriormente se tienen que ir abonando; como le gusta destacar al gobierno, mayor libertad económica, pero en economía la libertad muchas veces es la libertad del zorro en el gallinero. Hay más libertad o flexibilidad para que los empresarios actúen en el mercado de trabajo, hay libertad para realizar transacciones por más de 100.000 dólares en efectivo, hay rebaja de impuestos sobre la sacrosanta propiedad. Para la mayoría de los mortales, esta libertad no se ve por ninguna parte. Más que libertad económica individual, lo que se necesita es una institucionalidad que haga que el conjunto de la sociedad apoye más a los que están peor, para que todos vivamos mejor.

Desde tu visión, ¿por dónde pasan las urgencias y los asuntos prioritarios que deberá atender un nuevo gobierno en relación a las y los trabajadores?

Entiendo que pasa por retomar un mayor equilibrio entre el trabajo y el capital, por ejemplo, asegurando (como mínimo) que se evite que el salario siga perdiendo participación en la riqueza nacional y recuperando derechos perdidos por los trabajadores, como ser la ultraactividad de los convenios colectivos. Algo que debería ser atendido con urgencia es apuntalar el poder de compra de los trabajadores de menores ingresos, que debería incrementarse de manera decidida. Por su parte, hay otros desafíos que no son de resolución urgente sino de largo aliento pero, como suele decirse, si algo lleva más tiempo, entonces hay que empezarlo antes. Me refiero a establecer los lineamientos para un plan nacional de desarrollo estratégico, que tenga como objetivo una transformación sustancial de la matriz productiva, que establezca incentivos y destine recursos al desarrollo de sectores de la producción de bienes manufacturados y servicios con mayor valor agregado y empleo de calidad. En esta perspectiva, se debe jerarquizar el rol de las actuales empresas públicas, junto a otros instrumentos públicos que puedan desarrollarse; las asociaciones estratégicas entre el Estado con el capital privado y/o los trabajadores en el marco del plan de desarrollo establecido; la integración productiva regional; las compras públicas como factor de desarrollo sectorial; el rol de la inversión en ciencia y tecnología; un sistema financiero orientado a promover desarrollo y no la especulación; la formación profesional; una política fiscal activa que cobre más a las actividades con rentabilidad extraordinaria y a la concentración de la propiedad, para volcar recursos a desplegar y fortalecer las actividades con mayor potencial de generación de valor agregado y empleo de calidad.