De acuerdo con la información publicada por dicho medio, el fideicomiso anunciado por el mandatario se nutrirá en parte de los recursos que el Instituto Nacional de Colonización destina a la compra de nuevas tierras.
Desde la gremial de funcionarios se pronunciaron en contra de esta medida y aseguraron que «quitar estos recursos de la órbita del INC, anula las posibilidades de aumentar la cartera de tierras, y por lo tanto, extirpa al Estado la principal herramienta para generar desarrollo real y sustentable, aumentando el proceso de éxodo rural».
En el comunicado, se reconoce que «la situación de los miles de compatriotas que viven en los asentamientos es una circunstancia que debe ser atendida sin más demora». Sin embargo, entienden que «hacerlo a costa de la política de tierras es atacar las consecuencias del problema agravando las causas».
Señalan que el INC es el «único medio que poseen la mayoría de los trabajadores del campo (asalariados y productores) para acceder a tierra, lo que a lo largo de su historia de 73 años, ha permitido que 5000 familias permanezcan en el medio rural, generando fuentes de trabajo de manera directa e indirecta y sustentando la economía y la vida social de nuestra campaña».
Si bien admiten que el INC «no ha podido frenar este proceso a escala nacional (éxodo rural)», hacen responsable por esto a la falta de recursos y sostienen que el Instituto «ha permitido que el 27 % de los productores familiares de todo el país puedan seguir trabajando sin ser expulsados hacia las ciudades por un mercado de tierras donde la forestación y el agronegocio sojero han provocado un desmedido aumento de la renta».
