El 13 de abril se cercó toda la zona y varias personas fueron detenidas, amenazadas y golpeadas durante una olla popular.
La INDDHH inició una investigación al Ministerio del Interior (MI) el 21 de abril para obtener información sobre el procedimiento en Malvín Norte. El 24 de junio el MI contestó que «la actuación policial en la zona ha sido bien valorada». El 29 hubo varios allanamientos simultáneos, uno en la casa que había sido baleada los días previos.
La institución concluyó que en los procedimientos hubo «acción ilegítima del Estado que implicó la violación de los derechos humanos de las personas afectadas a partir del uso ilegítimo de la fuerza letal y no letal por parte de la Policía Nacional». Recomendó una investigación administrativa, la modificación necesaria para que la práctica de identificación no sea injustificada, la implementación de un mecanismo de rendición de cuentas sobre la actuación policial y protección a las personas afectadas por posibles amenazas.