¿Qué fue, sin embargo, ese período oscuro de nuestra historia, anticipatorio en más de un sentido de la dictadura militar de 1973? Hay que recordar, como primer abordaje a esta cuestión, que el propio Eduardo Acevedo menciona en sus Anales históricos los crímenes de Lorenzo Latorre (primer militar entronizado en el poder, en 1876). Ese período militarista -de 1876 a 1886- se instaló después del «año terrible» de 1875, marcado por la crisis política y económica y por la inutilidad práctica del gobierno principista de José Ellauri y su círculo elitista, que realizaba verdaderos torneos de oratoria parlamentaria, pero cerraba los ojos ante la realidad. Tras el breve período del gobierno de Pedro Varela, los militares treparon al poder, el 10 de marzo de 1876, llevados en andas -a Latorre literalmente lo fueron a buscar a su casa, para que implantara un estado de fuerza, represión y amordazamiento de las libertades y las garantías republicanas- por una oligarquía representada por el latifundio, la banca y el alto comercio. Se inicia así una década de gobiernos autoritarios, mientras llegaba al país la modernización tecnológica -ferrocarril, telégrafo, alambramiento de los campos, mestización del ganado, creación del Código Rural y un orden impuesto a sangre y fuego en la campaña, con la nueva policía rural, y en Montevideo con el temible Taller de Adoquines-. Durante los gobiernos de Latorre y de Santos se fortalece y se profesionaliza el ejército nacional, no para combatir contra ningún enemigo externo sino para reprimir al pueblo, en especial a los denominados vagos de la campaña; y la Asociación Rural, fundada en 1871, expresa por boca de Domingo Ordoñana, ante las brutales palizas y asesinatos de tales vagos y ladrones de ovejas, que “la campaña va siendo habitable”.
A esto responderá la prensa opositora manifestando que “la campaña es habitable para la gente de sable”. En efecto, el gobierno militarista no atendió ninguno de los profundos problemas sociales del país, como la extendida pobreza y la precariedad laboral. Si el alambramiento de los campos fue necesario y conveniente para asegurar la producción de la estancia y marcar los límites de la propiedad, por otro lado significó una drástica reducción de la de mano de obra, con la consiguiente expulsión de peones y agregados rurales que fueron a dar a los “pueblos de ratas”, y que sobrevivían a duras penas en medio de la más descarnada marginalidad.
Pero la oposición no se calló. El 18 de mayo de 1879, un joven de 23 años llamado José Batlle y Ordóñez publica su primer artículo en la revista El Espíritu Nuevo que, aunque de orientación universitaria, no se limitó a tratar temas educativos y culturales, sino que ingresó de lleno en la crítica al régimen. Y no solamente los “dotores” lo harían. Mientras Santos reforzaba la vigilancia en todo el territorio, el coronel Máximo Pérez, caudillo colorado de Soriano expresó que tomaba “la tacuara para redimir a los pueblos. Vengo a echar abajo el poder de los gobiernos escandalosos e inmorales que con los tesoros públicos han arrastrado la dignidad del país por el inmundo lodo del descrédito, conduciéndolo al último extremo de la degradación y el crimen”. Por desgracia, Pérez no comprendió que las guerras civiles tradicionales eran ya cosa del pasado, y perdió la vida en las primeras escaramuzas bélicas. En 1884 el Mayor Visillac, integrante del partido nacional, intentó sublevarse y también fracasó. Así llegamos a la Revolución del Quebracho, que duró apenas una semana pero que tuvo consecuencias decisivas. Los hechos de la historia, para ser comprendidos, deben colocarse en un contexto o en una urdimbre de acontecimientos; y si no se interpretan e interpelan, se convierten en simple letra muerta; una cosa aburrida, estéril e incomprensible, que no mueve ni conmueve a nadie. Sólo cuando indagamos en ellos, empiezan a surgir las motivaciones, los objetivos, los desvelos, los sueños y las utopías de variado calibre. Esto es lo que sucede con la revolución del Quebracho.
En abril de 1866, ya derrotado el alzamiento, Eugenio Garzón -hijo- le escribe al periodista Daniel Muñoz: «Los hombres, los pueblos que nos miran, se dan pocas veces el trabajo de buscar la causa de estas explosiones del sentimiento popular […]” que “no han sido ni son otra cosa que la resistencia honrada y legítima del país, que casi no ejercita otra función política, desde nuestra emancipación hasta la fecha, que la de resistir a los malos gobernantes que se alzan con los dineros públicos y tergiversan y estrangulan día por día y hora por hora las leyes tutelares de nuestra vida institucional». Estas frases, de profunda vigencia, podrían haber sido escritas ayer mismo. Cuántas veces cierta voz conservadora -la del famoso “algo habrán hecho”- se alza para condenar al barrer cualquier intento de protesta. Tal vez por eso agregó Garzón que “los orientales no hacen ya revoluciones impulsas por un espíritu estrecho de patriotismo, sino en nombre de la salud del país”, pues en aquel contexto de abuso sin límites, la protesta y la rebelión armada fueron el recurso supremo para imponer el respeto a las leyes, a las garantías, a las libertades, a la dignidad y al desarrollo de la sociedad.
