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Política

Layera: «Hay un relato de la acción policial que se desmarca de la gestión anterior»

El exdirector de la Policía Mario Layera asegura que las actuales autoridades del Ministerio del Interior tienen un relato que diferencia su accionar de la gestión realizada por el Ministro Bonomi, pero ese cambio no se refleja en la acción. Cuestiona las cifras presentadas como baja en los delitos por el accionar policial y sostiene que la figura de desacato votada en la LUC lejos de ser un respaldo al funcionario policial, genera situaciones complejas en su accionar y para la sociedad.

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Con 59 años de edad y 38 años de policía llegando a ocupar el cargo de director Nacional de la Policía, este hombre que integró el equipo de los “Guarteche boys” es uno de los que se podría denominar “un sabueso viejo”, un policía que no ha perdido el olfato, a pesar de que apuesta como fruto de su experiencia a la utilización del método científico en la gestión policial más que a la intuición.

 

¿Qué opinión le merecen las últimas cifras dadas por el Observatorio sobre el descenso de los delitos?

Yo ya me he manifestado públicamente diciendo que cuando se hace este tipo de análisis se deben considerar las variables que son más importantes, que en su momento nosotros determinamos una ecuación que tiene que ver con la Policía, los criminales, las victimas y el escenario y se estudian cuando hay una determinada tendencia para saber a que responden, y en ese sentido lo que se modifica en estos dos últimos años, cuando comienza la gestión del nuevo gobierno, es el efecto de la pandemia.

La pandemia se dice que afectó la movilidad, pero es un factor mucho más profundo en la conducta social en todo sentido y afecta a las otras variables de forma importante.

Algunos estudios que se realizaron y fueron publicados presentan ese factor como una variable importante que en muchas ciudades estaba dando una tendencia a la baja en los delitos.

 

Hay un documento de la Europol que marca esa tendencia a nivel general por la pandemia.

Correcto. Ameritaría una investigación de ese orden en nuestro país si se quiere saber realmente como afectó. Luego, decía, hay otras variables como la Policía en lo que tiene que ver con el presupuesto y los recursos humanos, que no ha habido grandes cambios, tampoco en lo estratégico táctico que está resolviendo todo, sino que se sigue en los mismos planes. Desde ese punto de vista no estamos encontrando que existan elementos suficientes de análisis que se publiquen que digan que en el factor policía hay un cambio rotundo que implica mayores patrullajes, más recursos humanos, más recursos humanos motivados, y cuando se lo dice, se lo dice como una percepción y no con base en un estudio científico.

 

¿Cómo impacta en esas cifras el tema de las denuncias?

Se observa en el discurso público que no hay un elemento contundente que esté intentando reducir las denuncias; en la administración anterior se criticaba que no se registraban todas las denuncias y cuando bajó el delito en los años 2016-2017, no estaban de acuerdo con las cifras y se decían que se mentía en las cifras. Esa “cifra negra”, que no hay duda que puede existir, se puede medir o al menos alcanzar una aproximación, no ha sido ahora objeto de atención y cuando tenemos un relato que por el cambio normativo y la conducta policial van a bajar los delitos, se está ignorando todo el resto de la ecuación, y si se ignora eso y el efecto de la pandemia, el relato en definitiva genera dudas y perjudica una medición correcta y objetiva. En su momento fue importante para nosotros la carencia de recursos humanos frente a una conducta criminal en aumento, hechos violentos y de violencia doméstica que hacían que muchos policías estuvieran afectados a custodias de todo tipo y perjudicaba el patrullaje y policías capacitados para registrar denuncias. Ahí se implementó el programa de la incorporación de becarios que mejoraba la atención al público en la comisarías y los registros en la toma de denuncias que ahora se dejó de lado. Ahora se impulsa la contratación de policías jubilados, que creemos no va a incidir en este tema de calidad de toma de la denuncia y de atención al público; va a plantear un problema y que la forma de atenderlo hace que a veces termine en una denuncia.

 

Ha habido críticas del sindicato de policías del poco tiempo de instrucción del personal subalterno que se suma a tareas ejecutivas.

No estoy muy al tanto de las políticas en la Escuela de Policía, pero la instrucción mínima es de seis meses. No se pueden acortar los tiempos de instrucción por necesidad de tener mas presencia policial en la calle, generando vulnerabilidades que después cuesten mucho más.

 

¿Usted entiende que la incorporación de la LUC de la figura de desacato favorece la acción policial?

Yo creo que la complejiza más, en principio podría ser percibida como que sí, pero no es una demanda de muchos policías el poder tener mayor autoridad, mayor autonomía para ese primer contacto con lo criminal. El problema de ese contacto es que no se da con el criminal, sino con una parte de la ciudadanía que muchas veces tiene problemas y frustraciones que lo hacen reaccionar con una conducta agresiva frente al funcionario, que puede ser verbal o física en algún aspecto, pero nosotros siempre apuntamos a la mediación. Esto hace que la respuesta de autoridad sea mayor represión policial y autonomía para la detención y esto trae problemas al policía y al ciudadano, porque luego de cuatro horas el fiscal determinará si amerita o no y eso puede traerle problemas judiciales al policía y lleva a confundir a funcionarios que se formen a partir de ahora. Termina empoderando al policía, pero se pierde el equilibrio que se debe mantener apostando al principio de negociación e intermediación primaria para aquellos ciudadanos que no son criminales y que tienen una respuesta producto de la frustración, ya que los criminales no responden así. No es una respuesta para los grupos criminales.

 

En su momento se planteó con fuerza la implementación de los allanamientos nocturnos. ¿Que opinión le merece?

Es un debate que siempre tuvimos a nivel profesional y nace como una respuesta al narcotráfico y mi posición en todos los foros es que resulta negativo a partir de mi experiencia y capacitación en otros países con mayor capacidad en infraestructura, logística y recursos humanos.

Tanto en el allanamiento como en las actividades encubiertas, informantes, provocación del delito comprando droga por parte de policías, no estamos suficientemente preparados y no tenemos la logística para evitar daños mayores. Hay una contradicción con la nueva norma con la ampliación de la defensa legítima donde las personas pueden responder defendiéndose del ingreso de personas a su terreno o vivienda, entonces en un allanamiento nocturno se pierde por parte del ciudadano afectado la identificación, porque no siempre la que allana es la Policía. Por ejemplo, en muchas “bocas” o gente involucrada le han realizado ataques de otras bocas disfrazados de policías y esa gente tenía la garantía de saber que salvo raras excepciones la Policía no allana de noche.

Es una situación muy compleja que debe ser estudiada a fondo y sobre todo tomando en cuenta los recursos especiales, para ingresar de noche donde se puede cortar la luz. Ya tenemos grupos especiales que trabajan en temas de secuestro, en situaciones donde hay riesgo de muerte, para eso hay respuesta, pero de ahí a combatir el microtráfico. Yo no lo haría pero es un tema de definición política.

 

¿Y sobre el registro de los clubes cannábicos?

Ese es un tema de discusión política donde se preveía el registro bajo determinadas condiciones. Veníamos de un cambio rotundo que pasó de la prohibición a la regulación y ese manejo de los datos lo debe seguir manejando la Justicia.

 

¿Debería buscarse alguna alternativa al aumento de mujeres procesadas por suministro de sustancias?

Son “palos de ciego” en el sentido que no se tiene conocimiento en la situación que se encuentran muchas veces estas mujeres, la presión de las amenazas y extorsiones que reciben y terminan con penas mucho más duras que los propios traficantes. Se reprime de la cadena de actividad a la parte más vulnerable.

 

¿Cree que hubo un cambio en la gestión de combate al narcotráfico?

Yo creo que hay un relato que quiere marcar distancia con la anterior gestión, pero no sé si el relato afecta la acción. Hubo mucha experiencia acumulada para definir las amenazas, que no tenemos respuesta para enfrentarlas todas juntas y hay que definir estratégicamente a nivel nacional como Estado, como país, y se ha reducido todo al combate al microtráfico y cuando queramos acordarnos, vamos a tener un tiburón debajo nuestro.

Yo no veo un cambio radical en la gestión, veo un relato para el cambio, pero no mucho más.

La tendencia de generar grupos especializados descentralizados genera problemas internos si no hay una dirección de información clara y concreta y que pueda observar todo al mismo tiempo y en tiempo real. Ahí si creo están sucediendo cambios, y puede influir en los resultados.

 

¿La descentralización de unidades puede hacer resurgir la corrupción policial?

Y es la amenaza latente que siempre vimos nosotros en el combate a las drogas porque se puede perder el control.

 

Entre otras cosas, el retorno de los bonos de colaboración policial que en el pasado implicó una forma de corrupción policial.

La intención puede ser buena, pero los mecanismos en su momento causaban más problemas que soluciones, confundían, eran poco transparentes, por eso lo sacamos. Es un aspecto muy informal que perjudica la imagen de la institución, pero hay quien valora que no en la medida que lo reinstalan. La respuesta de brindar seguridad pertenece a la institución con sus recursos, lo otro debería ser muy regularizado, sobre todo a nivel de la iniciativa.

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