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Plan Cóndor, esquina Cordero

Existe ya una conversación entre la línea de Cabildo Abierto y el gobierno de Bolsonaro

La situación procesal y el tercer caso frustrado por y desde Uruguay para extraditar al represor Manuel Cordero llegan en un momento en que las corporaciones militares y los partidos políticos de derecha en la región están logrando una coordinación y sinergia capaces de sepultar definitivamente la búsqueda de verdad y justicia.

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Por Federico Gyurkovits

El 20 de febrero se supo que la Justicia uruguaya no había podido completar el proceso de extradición de Cordero, solicitado a principios de 2018 por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad a cargo de Ricardo Perciballe.

Fue en el marco de dos expedientes: el de abusos sexuales y torturas cometidas contra 28 mujeres en centros clandestinos durante la dictadura (1973-1985) y el que investiga el secuestro de los hermanos Anatole y Victoria Julien, hijos de los desaparecidos Victoria Grisonas y Roger Julien.

Si bien el denunciado se encuentra cumpliendo condena en Argentina desde 2010 en el marco de la megacausa del Plan Cóndor, el trámite tenía que pasar por Brasil. Esto se debe a que fue desde ese país que lo habían extraditado para ser juzgado por otros delitos, diferentes a los que investiga en este caso Perciballe.

Pero Brasil nunca contestó el planteo y así fue que se vencieron los plazos establecidos, y en consecuencia la prisión preventiva que la Justicia argentina le había decretado quedó sin efecto.

Pero como Cordero está cumpliendo una condena de 25 años en aquel país, esta situación no pone en riesgo la posibilidad de que se fugue. La información aportada por Búsqueda sobre el pedido de extradición maltrecho incluyó la confirmación del propio fiscal, que según expresó acerca del hecho de que haya vencido el plazo para presentar el pedido formal en Argentina, el mismo “no inhibe que el proceso de extradición se mantenga”.

“Una vez que eso se solucione, y si Brasil autoriza, se podrá entregar toda la documentación en forma y así iniciar el pedido formal”, sostuvo.

Para que el trámite empiece de nuevo debe intervenir nuevamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, por tratarse del vínculo y la aplicación de tratados con otros países. Pero ante el cambio de gobierno y las dudas que se generan en torno a qué posición se adoptará sobre estos temas, el futuro es aún más incierto que el presente.

Nuevos contextos, viejas realidades

Para el politólogo argentino Andrés del Río, de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, más allá de las circunstancias internas de cada país, que pueden explicar malos procedimientos desde el punto de vista formal, o de las condicionantes para otorgar o no las extradiciones de acuerdo con las constituciones y los tratados bilaterales al respecto, hay factores políticos regionales que auguran peores tiempos para la posibilidad de punir los crímenes de lesa humanidad.

«En primer lugar, Brasil está en un proceso de militarización de la vida pública. En vez de la judicialización de la política, estamos en la militarización de la vida política», afirmó al ser consultado por Caras y Caretas.

Como ejemplo -y tras recordar los cientos de militares que ocupan cargos en su administración, tanto en el primer nivel de gestión como en el de los mandos medios-, aportó que «Bolsonaro renovó recientemente la jefatura de gabinete y colocó a un militar, que fue el interventor de Río de Janeiro en 2017-2018. Es una persona que estuvo en el campo y fue el interventor cuando fue el caso Marielle Franco».

«Hoy en día casi toda la primera jerarquía es militar en Brasil, que ya dejó de ser un país con perfil democrático», sentenció.

También describió la realidad en otro de los países involucrados en la saga Cordero: «El gobierno argentino recién llegó. Mauricio Macri en cuatro años fue minando las estructuras institucionales y presupuestarias del área de delitos de lesa humanidad, algo que Alberto Fernández y Cristina Kirchner van a tener que consolidar nuevamente después de un gobierno anti derechos humanos».

Volvió el recreo (de la impunidad)

Para Del Río, hace dos años la región comenzó un proceso de militarización de las decisiones públicas que tuvo un fuerte impulso desde la irrupción de Jair Bolsonaro como candidato presidencial. Esto se advierte no solo en los temas vinculados al «pasado reciente», sino en «la presencia y discusiones militares en los diferentes sectores de la sociedad y la economía».

Pero es justamente a la hora de abordar la necesidad de juzgar los crímenes de las dictaduras donde más se nota esta tendencia, que no solo cierra puertas, sino que busca resignificar la historia. Del Río marca en este contexto una etapa «discursiva» de reconceptualización previa a pasar a la acción.

Uruguay estaría en ese primer escalón, que entre otros ejemplos tiene, de acuerdo con el académico, a las declaraciones de Rivera Elgue, integrante de Cabildo Abierto: si los militares «hubiesen actuado mal” en la dictadura, “tendría que haber muchos más desaparecidos”.

«Los dichos del futuro subsecretario del Ministerio de Defensa colocan sobre la mesa cuál va a ser el norte del gobierno electo de Uruguay con relación a la justicia transicional y con la revisión del pasado reciente», opinó Del Río.

«Primero se legitiman y se renuevan lo significados de lo militar y ahí comienza a tener más participación en los diferentes ámbitos de la sociedad. El caso Manuel Cordero lamentablemente ilustra» esta realidad. Por eso dijo que si bien habría algunos aspectos procesales a tener en cuenta en la no contestación de Brasil al pedido uruguayo, el trasfondo es más complejo aún.

«El gobierno de Bolsonaro no parece estar propenso en este momento a cualquier cosa que sea punir a militares. Por el contrario, en su política interna de seguridad pública es una prioridad la búsqueda de protección jurídica, con la presunción de legítima defensa que ampare a los militares en todas la áreas del gobierno, especialmente en cuestiones de vida y muerte».

Línea directa

El académico, radicado hace años en Brasil, sostuvo que en este contexto y de cara al inicio del nuevo gobierno en Uruguay, la extradición de Cordero «parece más dudosa».

«Recordemos que Bolsonaro apoyó al gobierno electo y se encontraron [Guido] Manini Ríos y el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão. Entonces existe ya una conversación entre la línea de Cabildo Abierto y el gobierno de Bolsonaro que es anterior».

Por este motivo afirmó que las declaraciones de Rivera Elgue «están demostrando el norte de la política transicional y punición del pasado reciente en Uruguay. Por tanto el caso de Manuel Cordero, más que tratarse de un tema simplemente procesal, entra dentro de este contexto de militarización de la política y la vida pública».

Tras los pasos de Cordero
Hacia finales de los años 80 del siglo pasado el presidente uruguayo de la época era el actual senador colorado Julio María Sanguinetti, que no dio curso a la extradición de Cordero hacia Argentina, solicitada por el juez Juan José Galeano en el marco de la megacausa del Plan Cóndor. En ese pedido también estaban incluidos José Gavazzo, Jorge Silveira y Hugo Campos Hermida. A mediados de 2004 fue Uruguay el que solicitó la extradición de Cordero a Brasil, hacia donde se había fugado tras justificar en entrevista con el semanario Búsqueda la tortura aplicada sobre los presos políticos durante la dictadura. De oficio el juez penal José Balcaldi le abrió un expediente por apología del delito. Pero el trámite se vio frustrado porque la defensa del represor, entre otras acciones dilatorias, recusó al magistrado por considerar que Balcaldi, que había sido policía, estuvo bajo las órdenes del militar. Pero Balcaldi le abrió otra causa de «desacato por ofensa», siendo en este caso negada la extradición, ya que el delito tenía una pena que no excedía los dos años exigidos en el Tratado de Asunción, con el que se dirimen las causas de extradición entre los países del Mercosur. Finalmente fue extraditado en 2010, pero a Argentina por el Plan Cóndor, cumpliendo actualmente una condena de prisión domiciliaria de 25 años. Fue detenido en Brasil en 2007 luego de que esta revista lo ubicara y fotografiara viviendo en Santana do Livramento, a escasos metros de la frontera con Uruguay.

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