Recién en julio de 2021, y tras varios pedidos de la Secretaría de Derechos Humanos y de las otras querellas exigiendo una pronta resolución, la Corte Suprema de Justicia anuló lo resuelto por la Casación, señalando que esa decisión había sido "arbitraria" y que "obstaculizó indebidamente el avance del proceso".
Las actuaciones irregulares de las máximas autoridades judiciales en este caso paradigmático dejan en evidencia una vez más la resistencia que generan las causas que involucran la responsabilidad de actores civiles y económicos durante la última dictadura cívico-militar.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación considera que es indispensable que se avance de manera urgente en el juicio contra Alberto Lemos, administrador del Ingenio durante el terrorismo de Estado. Este juicio permitirá esclarecer especialmente la responsabilidad que tuvo la empresa en la represión ilegal a trabajadores, trabajadoras y sus familias.
Las Madres de Plaza de Mayo compartieron un comunicado: "Queremos expresar nuestra más profunda decepción con el Poder Judicial ante la muerte del empresario Carlos Blaquier, cómplice de la dictadura. Nos parece inaceptable que hasta el día de hoy continúen en sus cargos algunos ministros de la Corte, magistrados, y funcionarios del Poder Judicial, que jamás avanzaron siquiera en sentar en el banco de los acusados a tamaño acusado por delitos de lesa humanidad en Jujuy".
