El pedido citaba a indagatoria a los exvicarios regionales, Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010) y Víctor Urrestarazu (2014-2022), pero llamativamente omitía indagar a Fazio, quien había estado en el mismo cargo en el período intermedio entre Olmos y Urrestarazu.
La acusación sobre Fazio
La acusación sobre Fazio se centra en el caso de M.I.E., una mujer boliviana que fue captada cuando era menor y sirvió como mucama durante 31 años. En abril de 2025, la mujer fue llamada a declarar por segunda vez frente al juez Rafecas y amplió su testimonio.
Señaló que conocía al “padre Mariano” (Fazio) y que había coincidido con él en la sede central mundial del Opus Dei en Roma –a ella la habían enviado como sirvienta y a él para ocupar un cargo jerárquico– y en la sede central en Buenos Aires, donde también trabajó muchos años. La mujer aseguró que entre 2009 y 2014 tuvo asignada la limpieza de la habitación de Fazio, justo en el período en que el argentino fue vicario regional de "la obra".
El escrito de ocho páginas que fue dufundido por elDiario.es pide que se cite a declaración indagatoria a Fazio junto a otros cuatro religiosos.
El pedido formal de imputación -despachado el pasado 11 de junio por los fiscales Alejandra Mángano, Marcelo Colombo y Eduardo Taiano, sostiene que las pruebas que alcanzan a los demás acusados son suficientes para imputar también al número dos del Opus Dei en el mundo.
La imputación sobre Fazio describe las características del trabajo de M.I.E.: “La cantidad de labores que le eran exigidas, la disponibilidad a toda hora, las interminables jornadas, y el sometimiento psicológico volvieron a formar parte de esta nueva declaración”,
También subraya una frase de la víctima: “Yo iba por la calle pensando que no quería vivir más. Iba por la calle pensando cómo puede la gente sonreír. Ahí me mandaron al psiquiatra”.
La acusación concluye que “la respuesta institucional a lo que eran las consecuencias de la vida que le exigían eran antidepresivos, somníferos, ambos suministrados por psiquiatras de la organización”.
Demoras y pedidos al juez para el proceso
Los fiscales volvieron a exigir al juez Rafecas que se concreten las indagatorias a los acusados y remarcaron la demora de casi diez meses desde la primera petición, el 20 de agosto de 2024.
También recordaron la obligación internacional del Estado argentino “de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de delitos”.
“En un caso con las características del presente, que involucra a mujeres víctimas de trata de personas bajo la modalidad de reducción a la servidumbre en el ámbito de una institución religiosa, corresponde tener especialmente en cuenta el deber de debida diligencia en las investigaciones judiciales que las involucran”, apuntaron los tres fiscales.
