El CV de Álvaro Uribe
El joven Álvaro Uribe, en 1980 fue nombrado director de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil luego de que su predecesor, Fernando Uribe Senior, fuera asesinado por un incipiente cártel de Medellín. Bajo la dirección de Uribe Vélez, más de 200 licencias aéreas fueron otorgadas a personas vinculadas con el Cártel de Medellín, lo que permitió su vertiginoso ascenso.
Iniciaba la época de oro del narcotráfico en Colombia, el poder del dinero se extendía con rapidez y la necesidad de blanquear millones de dólares que llegaban a Colombia en efectivo acercaron a los nuevos ricos a sectores más tradicionales de la economía como los industriales y los ganaderos, que empezaron a beneficiarse de inyecciones de enormes capitales a modo de inversiones express.
De otro lado, la enorme inequidad sustentada en la violencia sangrienta aprendida de la colonia generó una enérgica respuesta desde mediados de los años 60, cuando empezaron a generarse movimientos armados que combatieron, desde diferentes esquinas ideológicas, esa inequidad y esa violencia. Al mismo tiempo, los movimientos sociales, que llevaban décadas clamando por mejores condiciones laborales en el campo y la ciudad, empezaron a tener eco entre los trabajadores y los movimientos sindicales y campesinos tuvieron una sólida tendencia al ascenso.
La respuesta no se hizo esperar y esos sectores económicos consolidados en una sola masa hecha de ganaderos, latifundistas y narcos metieron en la misma bolsa al movimiento armado que exigía dinero por la fuerza y al sindicato que pedía mejores condiciones laborales y salariales para los empleados, y todos fueron declarados como el mismo enemigo.
Mientras tanto, el dinero y el poder local fueron haciendo que poco a poco las grandes figuras de los sectores económicos más poderosos se convirtieran al mismo tiempo en figuras políticas, que llegaban a los cargos administrativos en defensa exclusiva de sus intereses, gobernando y legislando para sí mismos.
Uribe, como gobernador del departamento de Antioquia, impulsó el paramilitarismo como mecanismos legales de defensa contra el accionar de las guerrillas, pero al mismo tiempo, bajo la misma cubierta, operaron estructuras que erradicaron de forma brutal nodos sindicales, dirigentes agrarios e incluso población inerme con el objetivo de apropiarse de terrenos y propiedades a voluntad de sus financiadores.
Para finales de los 90 la maquinaria ya se había echado a andar a nivel nacional y las entidades del Estado fortalecían estructuras armadas que por su parte se encargaban de elegir y hacer elegir a quienes representaban sus intereses y exterminar a quienes se les opusieron. En ese marco se dio el exterminio del partido político Unión Patriótica, que según la sentencia de 2024 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sufrió el asesinato y la desaparición de más de 6.000 miembros de los 9.000 que llegó a tener censados.
La presidencia
Como presidente, Uribe puso al Estado en función de sus intereses, terminó de rematar las empresas públicas que los gobiernos anteriores no habían entregado y demolió las pocas garantías laborales que quedaban. Mientras tanto, se consolidó una feroz maquinaria comunicativa que generó un relato que satanizaba cualquier posible acción de las guerrillas y fomentó el discurso que igualaba a las organizaciones sociales con grupos armados, mientras edulcoraba el paramilitarismo romantizando las acciones más atroces.
En su primer mandato, Uribe desarrolló un proceso de paz que se conoció en su primera fase como el “Acuerdo de Ralito”, donde se juntaron los principales jefes paramilitares de Colombia que ya tenían una sola estructura conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. Allí acordaron firmar un pacto para entregar las armas y supeditarse al gobierno, este acuerdo, que fue desarrollado y firmado en tiempo récord, desconoció las diferentes posturas dentro de los paramilitares, ya que no todos funcionaban en los mismos niveles ni con los mismos intereses.
Allí nuevamente operó la maquinaria y los jefes paramilitares que no se sumaron al acuerdo como estaba planteado fueron asesinados o desaparecidos, como el comandante del Bloque Metro, “Doble Cero”, implicado a la Masacre del Aro, única acción de ese tipo donde se ha podido establecer judicialmente algún tipo de participación de Uribe como gobernador, o el mismo Carlos Castaño, comandante máximo de las AUC, pero que se distanció de los parámetros del acuerdo, por lo que fue desaparecido en 2004 y su cadáver hallado dos años después a partir del testimonio de quien lo ejecutó por orden de su hermano José Vicente Castaño. Finalmente, ante el visible descontento de los comandantes paramilitares detenidos en la cárcel de Itagüí, fueron extraditados en 2008 por medio de un procedimiento exprés que dejó inconclusos varios procesos judiciales en Colombia.
Finalmente, en 2012 el senador del Polo Democrático Iván Cepeda acusó formalmente al ya senador Álvaro Uribe de participar de la formación del Bloque Metro de las AUC; por lo tanto, de tener responsabilidad en sus múltiples acciones, para lo cual se valió del testimonio de varios combatientes y colaboradores presos en diferentes cárceles. Ante esta situación, Uribe demandó a Cepeda ante la Suprema Corte por el cargo de soborno de dichos testigos y ésta en 2018 desestimó la denuncia procediendo de oficio contra Uribe por manipulación de testigos. En 2020 la Corte ordenó la prisión domiciliaria de Uribe por posible obstrucción de la justicia, ante lo que Uribe renunció a su curul, dejando sin efecto el accionar de la Corte Suprema y pasando el caso a la Justicia ordinaria, donde su sector político tenía pleno control por medio del fiscal general Francisco Barbosa.
A partir del cambio de dirección en la Fiscalía, el proceso volvió a tomar su curso y la jueza Sandra Heredia, finalmente, después de un largo proceso de 13 años, testigos amenazados y todo tipo de presiones mediáticas, lo declaró culpable el pasado 28 de julio.
No deja de ser una victoria para los miles (acaso millones) de víctimas que ha dejado el accionar de Álvaro Uribe desde sus inicios en la política, involucrado de manera directa en la comisión de delitos simples, delitos graves, crímenes atroces y delitos de lesa humanidad.
Es una victoria porque abre una gran ventana a la posibilidad de que después de este proceso se puedan abrir otros por los crímenes más graves cometidos por y bajo el amparo de una de las figuras más retardatarias del pensamiento político latinoamericano, referente ideológico de gran derecha estadounidense encabezada por Marco Rubio y defendido abiertamente por Trump, admirado por Bolsonaro, ejemplo a seguir para Santiago Abascal y su partido VOX de España.
Deja un sabor amargo porque, siendo tanto el horror que hay detrás de la figura de Uribe, que sea condenado por fraude y soborno parece poco, porque es una persona mayor de 70 años que todavía tiene margen jurídico para apelar y ganar tiempo, y aún cuando el fallo quede en firme, es muy poco probable que se le vea tras las rejas, como sí se pudo ver a Fujimori o a Jeanine Áñez, que es lo que miles claman en Colombia. La herida que dejó Uribe sigue abierta y la justicia ya se asomó, pero aún no se deja ver completa.
