El Artículo 214 de la Carta Magna de 1996 refiere al Presupuesto quinquenal que el Poder Ejecutivo debe presentar al Legislativo dentro de los primeros seis meses de gestión. El inciso C expresa en forma textual: “Los recursos y la estimación de su producido, así como el porcentaje que, sobre el monto total de recursos, corresponderá a los Gobiernos departamentales. A este efecto, la Comisión sectorial referida en el Artículo 230 asesorará sobre el porcentaje a fijarse con treinta días de anticipación al vencimiento del plazo establecido en el inciso primero. Si la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no compartiere su opinión, igualmente la elevará al Poder Ejecutivo, y éste la comunicará al Poder Legislativo”.
Los recursos provienen de todo lo que recauda el Estado, menos de aquello que tenga un fin específico, como el FONASA. Pero la Constitución no dice cuál será el porcentaje a distribuir. Fue en el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) cuando esa reforma constitucional comenzó a regir a pleno. Entonces se acordó entre la OPP y el Congreso de Intendentes que ese porcentaje sería 3,33 % del total. Y ese número no se ha modificado hasta ahora, cuando, con énfasis, los blancos le reclaman al Frente Amplio lo que no reclamaron al gobierno de su partido. Lo que sí cambió durante el gobierno de Luis Lacalle Pou fue el criterio de asignación de esos recursos, ya que se decidió dejar fuera del reparto a las intendencias de Montevideo y Canelones.
Vale recordar que esa reforma constitucional, que modificó el sistema electoral, fue impulsada por blancos y colorados para “impedir que el FA llegara al gobierno”, como lo reconoció años después el dirigente nacionalista Alberto Volonté, entonces principal figura del Partido Nacional. Pero también se incluyó la asignación de recursos a las intendencias, entonces gobernadas en su mayoría por blancos y colorados, salvo Montevideo, donde ya estaba el FA. La idea central era fortalecer el poderío de los gobiernos departamentales para no perder pie ante el avance de la izquierda. Eran años de crisis, el PBI era el mismo que el monto de la deuda externa y, para peor, primero sobrevino la epidemia de aftosa y enseguida la crisis del sistema bancario. Con los recursos que recibían, que no eran muchos, las intendencias hacían “su magia”, que incluía no pagar los servicios públicos. Las deudas con UTE, Ancap, OSE y Antel crecieron a límites insostenibles para los entes.
Recién en el primer gobierno de Tabaré Vázquez comenzó a ordenarse la situación. Pero aún subsistían graves problemas, como “la guerra de las patentes”. Cualquier cosa con tal de agarrar un peso más.
Ocurre que el inciso C del Artículo 214, citado al principio, tiene una segunda parte que expresa en forma textual: “Los Gobiernos departamentales remitirán al Poder Legislativo, dentro de los seis meses de vencido el ejercicio anual, una rendición de cuentas de los recursos recibidos por aplicación de este literal, con indicación precisa de los montos y de los destinos aplicados”.
Y he aquí el “quid” de la cuestión.
El cangrejo bajo la piedra
A los intendentes no les gusta mucho que los controlen. Basados en el principio constitucional de la autonomía departamental, sostienen que los controles les corresponden a cada Junta Departamental. Una falacia que ignora que el partido que gana la elección departamental tiene la mayoría en cada junta. En algunos departamentos también tienen mayoría absoluta, es decir, no necesitan acordar con la oposición. Entonces, salvo que ocurra un quiebre político interno, que ha ocurrido, los intendentes pueden hacer cualquier cosa. Por ejemplo, falsear información entregada al Tribunal de Cuentas de la República; contratar la cantidad de funcionarios que quieran; tener todos los directores de confianza que se les ocurran; subir los tributos cuándo y cómo determinen; usar el presupuesto quinquenal como deseen… Las observaciones del TCR jamás fueron, ni son, consideradas por la Asamblea General, por lo tanto no existen las sanciones políticas para los jefes departamentales.
Tampoco les gustó el proyecto de ley presentado primero por el fallecido diputado colorado Daniel Peña, retomado en esta legislatura por el Frente Amplio, para regular los ingresos de funcionarios a las intendencias. Y ahí está ese proyecto de ley “durmiendo el sueño de los justos”.
Llevarlos ante la Justicia no es sencillo como cree la mayoría, porque gobiernan como “patrones de estancia” y eso les otorga impunidad y un poder casi absoluto en su área territorial. Dos casos recientes lo demuestran. Los Caram mantienen el poder en Artigas aún cuando fueron procesados y condenados por corrupción. Ellos nombraron al actual intendente, Emiliano Soravilla, y Valentina Dos Santos Caram es la secretaria general de la Intendencia. La Fiscalía de Soriano imputó al intendente Guillermo Besozzi por todos los delitos de corrupción incluídos en el Código Penal. Inmediatamente, su partido lanzó una operación de desprestigio contra la fiscal del caso. El acusado logró apoyos de todos sus amigos intendentes, de todos los partidos, se “victimizó” y fue reelecto. O sea, controlar a las intendencias no es tarea fácil.
Como expresa el inciso C del 214 de la Constitución, “los Gobiernos departamentales están obligados a rendir cuentas cada año por todos los dineros que reciben del Gobierno central”. Hasta el año 2019 muchas partidas de dinero se giraban previa certificación de obras. Pero en el 2020, y a caballo de la pandemia, el entonces subdirector de la OPP, José Luis Falero, quien poco después pasara a desempeñarse como ministro de Transporte y Obras Públicas, logró por decreto que las obras ya no fueran certificadas sino que bastara con una declaración jurada de las intendencias. Eso aún no se cambió, aunque seguramente esté incluído en el Presupuesto quinquenal a considerar antes de fin de año.
¿Qué lograron ahora?
4.100 millones de dólares van a recibir ahora las 19 intendencias durante los próximos 5 años. Pedro Apezteguía, exjerarca de la OPP, más precisamente director de Descentralización durante todos los gobiernos frenteamplistas, explicó a Caras y Caretas que “antes del reciente acuerdo con el Ejecutivo, el Gobierno ya les había asegurado más de 3. 925 millones de dólares en el quinquenio 2026-2030. O sea, cada año no menos de 650 millones establecidos por el Artículo 214, 70 millones del Fondo de Inversión, 25 millones para caminería rural, 10 millones para alumbrado público, una partida para el funcionamiento del SUCIVE, 25 millones como contribución al Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios. Además, el viernes pasado había ofrecido 80 millones más, superando los U$S 4.000 millones en el quinquenio. Una cifra histórica. Y la consideran insuficiente”, consideró.
El incremento que lograron ahora fue en desmedro de las intendencias de Montevideo y Canelones, ya que invirtieron el monto de los porcentajes antes asignados para caminería rural.
¿A quién le damos plata?
Salvo Canelones, el resto de las intendencias tienen déficit y, en varios casos, millonarias deudas que ponen en riesgo su funcionamiento. Maldonado encabeza la lista del más endeudado y más deficitario. Según sus propios números entregados al TCR, al cierre del 2024 el déficit acumulado es de 180 millones de dólares (unos 7.200 millones de pesos) y tiene un endeudamiento bancario y por fideicomisos que asciende a unos 200 millones de dólares, a los que habrá que sumar los 38 millones de la misma moneda que pide para resolver “un desfase temporal de liquidez”. Aún así, con esta situación financiera, incrementó el número de directores de confianza y presupuestó al 85 % de los funcionarios contratados en el período anterior.
En el proyecto de decreto enviado a la Junta para su aprobación se incluye un aumento de la Contribución Inmobiliaria de entre un 11 % a 14 %, muy por arriba del IPC. Aunque, claro, se elimina la tasa extra que se cobraba por las cámaras de videovigilancia. Pero Enrique Antía, el anterior intendente, había exonerado de varios tributos a quienes invirtieran en grandes proyectos. Vale recordar que ahora mismo la Fiscalía investiga a un exedil blanco y expresidente de la Junta departamental por haberse apropiado de centenares de miles de pesos. Y no sería sorpresivo que la investigación abarque a otros ediles.
Hace 10 años la Junta de Maldonado votó un “sueldo encubierto” para los ediles que hoy llega casi a los 100.000 pesos. Dos semanas atrás la Fiscalía recibió documentación y nuevos testimonios, y no se descarta que abra una nueva investigación. Estos números, más las multimillonarias cifras gastadas para publicitar al Gobierno departamental, también son parte del déficit acumulado.
El otro caso de notoriedad es Cerro Largo. El intendente electo, Christian Morel, ha denunciado en estos 20 días que van desde que asumió “la existencia de una deuda por 40 millones de dólares, el cierre de los créditos con Ancap y con el BROU por malos pagadores, 300 funcionarios de más y hasta la existencia de unos 30 ñoquis que cobran pero no se sabe dónde están”. Morel sustituyó al también blanco José Yurramendi, un hombre de Sergio Botana.
Tacuarembó se sumó a la nómina de intendencias con déficit y por eso cesó funcionarios. Pero el exintendente, también blanco, Eber da Rosa, afirmó que “él había dejado un superávit de algo más de 11 millones de dólares”. El exintendente frentista de Rocha, Aníbal Pereyra, señaló que “él había dejado unos 8 millones de dólares en caja con una intendencia sin déficit. Pero ahora el blanco Alejo Umpiérrez se heredó a sí mismo una deuda de 20 millones de dólares”.
La Intendencia de Artigas tiene un déficit acumulado de unos 25 millones de dólares al cierre del 2023. Además tiene deudas por unos 28 millones de dólares. En ese período tuvo egresos por unos 60 millones de dólares e ingresos por un total de 55 millones de la misma moneda. Pero lo curioso, y no tanto, es que algo más del 60 % de esos ingresos son “aportes del Gobierno central”. Es decir que con la recaudación propia esa Intendencia no podría funcionar.
Según el diario El Pueblo de Salto, “tras una década de administraciones frenteamplistas en Salto, los números muestran una comuna que logra pequeños superávits anuales, pero arrastra una pesada deuda estructural acumulada, en buena medida explicada por decisiones adoptadas en años anteriores y por el peso del fideicomiso. El hecho de que los resultados del ejercicio 2023 y 2024 sean positivos indica un esfuerzo de orden financiero en el corto plazo, pero el panorama general sigue siendo de alta vulnerabilidad fiscal”. Y ese es el panorama que encontró Carlos Albisu, el primer y único intendente electo por la Coalición Republicana.
En cambio, en Florida, que parecía no tener problemas, el nuevo intendente Carlos Enciso reconoció que “no hay dinero para pagar los sueldos de julio”. Encima acumula una deuda de unos 30 millones de dólares.
Finalmente Montevideo acumula un endeudamiento de 91 millones de dólares, cifra que preocupa al intendente Mario Bergara, que tiene que cumplir con la promesa de limpiar a la ciudad, pero eso cuesta dinero. El periodista Eduardo Preve informó el miércoles que “Bergara nombrará en los próximos días a unos 120 funcionarios de confianza”.
El modelo necesita cambios
En un país donde discutimos meses si se daba 55 millones de dólares a la Caja Profesional para que pudiera pagar las jubilaciones de unos 6.000 profesionales; donde discutimos todos los días de dónde obtener dinero para comenzar a resolver la pobreza infantil; donde miles de jubilados perciben un magro aumento de 200 pesos, debería llamar la atención que en apenas minutos se resolviera adjudicar 4.100 millones de dólares a las intendencias. Para cumplir una norma constitucional, claro. Pero si el porcentaje hubiera sido menor, igual se hubiera cumplido con la Constitución.
Este modelo de administración de dineros públicos, que no es culpa ni del presidente ni de los nuevos intendentes, necesita un urgente rediseño, incluyendo más controles y sanciones a los incumplidores.
De lo contrario, todos los uruguayos seguirán pagando la corrupción, el clientelismo, las malas administraciones de dirigentes políticos que basan su poder en la impunidad.
