“La ley anterior protegía no sólo los glaciares visibles, sino todo el sistema que permite su funcionamiento”, explicó Alderete. Con la modificación, esas áreas quedan parcialmente desprotegidas, habilitando actividades principalmente extractivas en zonas que antes estaban restringidas.
El impacto potencial es significativo. Los ambientes periglaciares funcionan como reservas estratégicas de agua dulce, liberándola de manera gradual y garantizando su disponibilidad a lo largo del tiempo. Su alteración puede afectar directamente el acceso al agua, la biodiversidad de alta montaña y los equilibrios climáticos locales.
Falta de cumplimiento de principios básicos
Desde las organizaciones ambientales también se cuestiona el proceso mediante el cual se aprobó la reforma. Alderete señaló la falta de cumplimiento de principios básicos del derecho ambiental, como la participación pública, el acceso a la justicia y la consulta previa, libre e informada a las comunidades, en línea con el Convenio 169 de la OIT. Además, se advierte una posible violación del principio de no regresividad, que impide retroceder en niveles de protección ya alcanzados.
El trasfondo económico y geopolítico es otro de los ejes centrales del análisis. La ambientóloga vinculó la reforma con un paquete más amplio de medidas orientadas a facilitar la inversión extranjera. Entre ellas, destacó el régimen que otorga beneficios fiscales, estabilidad regulatoria por 30 años y acceso a arbitrajes internacionales para empresas transnacionales.
“Esto debilita la capacidad del Estado para regular en favor de los derechos humanos y ambientales”, afirmó. En ese marco, mencionó casos como el de grandes corporaciones extractivas que han recurrido a tribunales internacionales cuando sus intereses se ven afectados por regulaciones estatales.
Extranjerización de la tierra
La reforma de la Ley de Glaciares no aparece aislada. Se inscribe en una serie de iniciativas que incluyen modificaciones a la Ley de Bosques, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Tierras Rurales, todas orientadas según las organizaciones a flexibilizar protecciones y facilitar la extranjerización de la tierra.
A pesar de este escenario, Alderete subrayó la resistencia social. Durante meses, comunidades, organizaciones y vecinos se movilizaron en todo el país, logrando incluso demorar el tratamiento legislativo. Esa respuesta colectiva, señaló, sigue siendo clave frente a un modelo que consideran regresivo en términos ambientales.
La discusión sobre los glaciares, en definitiva, excede lo técnico. Remite a una disputa más amplia sobre el futuro de los territorios, el acceso al agua y los límites del desarrollo extractivo en un contexto de crisis climática global.
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