Carne importada
El mandatario sostuvo que su objetivo es que la carne importada llegue a los consumidores con precios hasta 25% inferiores a los actuales. “Este acuerdo reducirá los precios para los estadounidenses y, al mismo tiempo, permitirá que nuestro gran ganado vacuno estadounidense vuelva a crecer”, afirmó en sus redes sociales.
La decisión, sin embargo, generó resistencia entre los productores estadounidenses. Los ganaderos advierten que un aumento de las importaciones podría dificultar la recuperación de una industria que atraviesa una de sus peores crisis en décadas.
En julio, el precio promedio de la carne vacuna picada alcanzó los 6,89 dólares por libra, alrededor de 10% más que un año atrás. Al mismo tiempo, el stock de ganado bovino estadounidense cayó a su nivel más bajo en 65 años, como consecuencia de factores como la sequía, los elevados costos y la menor productividad del sector.
La situación se complica además por los propios aranceles impulsados por la Casa Blanca. México, Brasil y Australia se encuentran entre los principales proveedores de carne vacuna del mercado estadounidense, pero las tarifas comerciales han encarecido o limitado el ingreso de productos extranjeros.
Una política económica bajo presión
La carne no es el único frente en el que Trump intenta intervenir para contener el costo de vida. La Casa Blanca también ha presionado a empresas energéticas para reducir los precios de los combustibles y ha reclamado al sector minorista medidas destinadas a abaratar los productos para los consumidores.
El gobierno también buscó reducir los costos de financiamiento mediante una estrategia orientada a bajar las tasas hipotecarias y los tipos de interés de largo plazo, entre otras medidas.
Estas iniciativas reflejan una creciente preocupación por el impacto político del costo de vida de cara a las elecciones legislativas de medio mandato. Las medidas de alivio, sin embargo, ofrecen resultados limitados y obligan a la administración a revisar parcialmente algunas de sus políticas económicas.
La guerra arancelaria impulsada por Trump también comenzó a generar críticas dentro de su propio Partido Republicano. La aplicación de tarifas de hasta 50% sobre determinados productos provenientes de Canadá provocó reclamos de dirigentes republicanos, que pidieron retomar las negociaciones con Ottawa al considerar que los aranceles están perjudicando a la economía estadounidense.
A esto se suman las consecuencias de la inestabilidad en los mercados energéticos vinculada al conflicto con Irán, que incrementó las presiones sobre los precios y el bolsillo de los consumidores.
Trump mantiene su estrategia arancelaria
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump convirtió los aranceles en uno de los principales instrumentos de su política económica. El mandatario sostiene que Estados Unidos debe alcanzar una mayor “independencia económica” y acusa a otros países de haber aprovechado durante décadas las relaciones comerciales en perjuicio de la economía estadounidense.
La ofensiva, sin embargo, enfrentó obstáculos judiciales. En febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la aplicación de los aranceles globales anunciados previamente por Trump al considerar ilegales los fundamentos utilizados para imponerlos.
La administración no abandonó su estrategia y buscó nuevas vías para mantener las tarifas comerciales. A fines de julio, la Casa Blanca anunció nuevos aranceles de entre 10% y 12,5% para mercancías provenientes de unas 60 economías que, según Washington, no han hecho lo suficiente para combatir el trabajo forzado.
El gobierno estadounidense justificó estas medidas como una forma de combatir el trabajo forzado en las cadenas de suministro, proteger a los trabajadores locales y enfrentar prácticas comerciales consideradas desleales.
