Después de que la Cámara Baja avalara un veto del presidente a la ley de Financiamiento Universitario que garantizaba el presupuesto para el año en curso, los sindicatos resolvieron profundizar el plan de lucha "con un horizonte de disputa con el Gobierno nacional".
¿Qué denuncian los gremios?
Los gremios universitarios, que denuncian un atraso salarial de alrededor del 50 por ciento desde que asumió la actual gestión en diciembre de 2023, criticaron que cayera la ley que obligaba al Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023 de acuerdo a los índices de inflación.
Esta medida beneficiaba a los 155.000 profesores y a los 60.000 no docentes que integran las 60 universidades nacionales del país.
Unas 70 facultades y universidades provinciales fueron tomadas en los últimos días, tras caer la ley de Financiamiento Universitario.
El miércoles 9 de octubre, a pocas horas de concluida la segunda marcha federal universitaria que organizó el sector educativo hace apenas cinco meses, Milei vetó esta normativa que implicaba una inversión del 0,14 por ciento del producto interior bruto (PIB), según la Oficina del Presupuesto del Congreso.
En el proyecto de Presupuesto 2025 presentado al Palacio Legislativo, el Ejecutivo también decidió suspender la obligación del Estado de invertir en educación al menos el seis por ciento del PIB.
