Con esto se trunca el intento del diputado Marcos Ilabaca (PS) de llevar el tema al Tribunal Constitucional, argumentando que es el derecho penal la herramienta efectiva para poder enfrentar los incumplimientos de la pandemia.
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Piñera se refirió al proyecto en un punto de prensa junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y al ministro de Defensa, Alberto Espina.
“Necesitamos el compromiso, la colaboración de cada uno de nuestros compatriotas“, señaló Piñera, detallando las medidas tomadas por el Gobierno, entre cuarentenas y cordones sanitarios para evitar el contagio de Covid-19.
“Nada de esto es suficiente, nada esto rendirá frutos si no contamos con una comprometida y eficaz colaboración de todos los ciudadanos de nuestro país”, dijo, además de llamar a cumplir las normas de protección sanitaria, evitando aglomeraciones y manteniendo el distanciamiento social.
El Presidente señaló que es importante y necesario que se cumplan las cuarentenas determinadas por la Autoridad Sanitaria.
“Existe un importante grupo de personas muy irresponsables, muy egoístas que no cumplen con la medida de la cuarentena“, y son quienes ponen en riesgo al resto de la ciudadanía, afirmó el mandatario.
Con esto, el mandatario informó que se restringirán el número de permisos de desplazamientos otorgados cada día y se aumentará el control y la fiscalización por parte de las policías y las FFAA.
El detalle de las sanciones
El proyecto aumenta la pena de presidio mayor en su grado mínimo —de 61 a 540 días de cárcel— hasta 3 años de prisión y las multas, que podrán fluctuar entre 6 y 200 UTM (300 mil a 10 millones de pesos) para quienes incumplan las disposiciones sanitarias.
Asimismo, también se contemplan sanciones para los que teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, los obliguen a trabajar presencialmente cuando éste se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad pública.
En el caso anterior, la persona podrá ser castigada con hasta tres años de presidio y una multa de 10 a 200 UTM por cada trabajador obligado.
Además, para quienes organicen o convoquen a fiestas, eventos o similares, esa conducta será considerada como un agravante que deberá contemplar el juez al momento de dictar su resolución.
También establece un trabajo comunitario, que de acuerdo al presidente Piñera “nos gustaría que fuera dirigido preferentemente a un trabajo en beneficio a los centros de salud para aquellas personas que no cumplen con las reglas de la cuarentena”.
Finalmente, se establece que quienes obliguen a una persona a trabajar, infringiendo las normas sanitarias o las cuarentenas, también arriesgan multas o penas de cárcel.
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