La Ministra aspiraba a que la ley ampliara estas potestades pero el Parlamento no accedió a esta solicitud. En los hechos, , de haberse hecho lo que aspiraba la Ministra, hubiera resultado en el desplazamiento de sus autoridades, las que han sido elegidas siguiendo las normas de la institución.
Decretada la intervención se nombraron tres interventores con sueldos de 400.000 pesos cada uno, los que deberán ser pagos por el CASMU, pero el Ministerio de Economía no dispuso de los recursos para que la Ley se cumpliera.
Por el contrario, la ministra interpretó la ley a su manera y amplió por decreto del Poder Ejecutivo las potestades de la intervención, obstaculizando la administración y la gestión de las autoridades legítimas.
En forma simultanea se repiten, en reiteración real, declaraciones de la ministra en las que habla de irregularidades descubiertas comprobadas que podrían justificar acciones aún más graves de las que se han tomado.
No se necesita suspicacia alguna para inferir el claro propósito de desestabilizar al CASMU, afectar su normal gestión, estimular la desconfianza de su personal médico, técnico y administrativo, y, por supuesto, el de sus socios que escuchan a la ministra acusar, aparentemente sin prueba alguna y sin hacer ninguna denuncia concreta a las autoridades de una institución privada que cumple regularmente con sus obligaciones y que sigue prestando sus servicios sin observaciones relevantes.
A esta altura de las cosas resulta obvio que la actitud del Ministerio de Salud causa perplejidad.
Ya es vox populi que en el gobierno se prepara una operación similar a la que se practicó en Casa de Galicia. Una operación de destrucción de una institución emblemática y de desguace y de enajenación de sus recursos físicos y de su capital humano, empujándola a un proceso de reestructura que enfrente al CASMU con sus funcionarios y médicos y provocando un éxodo de socios que son su principal capital.
De alguna manera confirma esta aventurada hipótesis el hecho de que se ha sabido que uno de los interventores habría hablado del interés del Servicio Médico Integral de pagar un buen precio por uno de los locales donde se prestan servicios del CASMU
Conste que no me guío por versiones, declaraciones de prensa o rumores. Tengo en mi poder y documentada esta información y no tengo dudas de que existió ese interés manifiesto del interventor frente a una jerarquía del CASMU, en la que se argumentó sobre el interés del SMI en el local mencionado y las ventajas que tendría el CASMU en venderlo por un precio atractivo.
Parece obvio, después de esa afirmación de uno de los interventores, que existe un ámbito en el que se discuten posibles decisiones sobre la distribución del patrimonio físico y humano del CASMU entre otros prestadores de salud. Pese a que algunos de los jerarcas del gobierno dicen descartar la posibilidad de tomar ese rumbo, la oposición no debería ser tan inocente como para creerle, tanto más que el senador Sergio Botana y otros parlamentarios del Partido Nacional han advertido que en el partido de gobierno y tal vez en algunos sectores de Cabildo Abierto, a los que responde la ministra de Salud Pública, también estaría avanzando en esa idea, naturalmente en los meses que restan a este gobierno.
Las declaraciones de las autoridades anunciando medidas sancionatorias sin contar aún con los informes técnicos completos son, sin duda, un punto más que llamativo.
Anunciar sanciones sin disponer de toda la información técnica puede interpretarse como una acción apresurada, lo que podría minar la confianza en el proceso. Los informes técnicos suelen ser fundamentales para entender el alcance real de la situación. Actuar sin ellos podría resultar en medidas desproporcionadas o erróneas. Si se tiene conocimiento fehaciente de estas irregularidades sería una falta grave de la ministra Rando no hacer las denuncias correspondientes.
Declarar sanciones prematuras puede generar desconfianza tanto dentro de la institución afectada como en otros actores del sistema de salud, ya que podría percibirse como un juicio apresurado. Además, puede generar confusión entre los trabajadores, los usuarios y los prestadores de salud si no se sabe con claridad en qué se basan las decisiones.
Nada justifica que el gobierno no cumpla con la ley aprobada en el Parlamento, ni tampoco la Junta Nacional de Salud puede presionar a las autoridades del CASMU para que realicen ajustes que lo conduzcan inevitablemente a un conflicto con sus funcionarios y técnicos.
En ese sentido la oposición, los trabajadores del CASMU, el Sindicato Médico y la FUS deben considerar la situación crítica del CASMU en el contexto de lo que ocurre en todo el Sistema Nacional de Salud y deberían actuar con firmeza para no caer en la misma trampa que el gobierno los hizo caer con Casa de Galicia y que llevó a las consecuencias que hoy todos quieren evitar.
