El proyecto de ley, enviado para su aprobación o rechazo, pareció culminar un largo período en que las autoridades legítimas del CASMU expusieron con aparente transparencia sus dificultades y las autoridades del Ministerio de Salud Pública hicieron públicas sin ninguna prudencia afirmaciones que afectaron la credibilidad de la institución de salud que presta servicios a 180.000 personas, la honorabilidad de sus autoridades y hasta del estudio profesional que, sugerido por el mismo Ministerio, fue seleccionado entre otros tres para realizar una auditoría externa, con independencia y solvencia técnica.
Las declaraciones del presidente de la República, comunicando a la opinión pública que aconsejaba una intervención sin desplazamiento de autoridades y el otorgamiento de la garantía solicitada, también parecía contribuir a calmar las aguas y a permitir que las autoridades encauzaran las cosas y amortiguaran la pérdida de confianza que actores diversos y el propio Ministerio contribuyeron a debilitar.
Declaraciones de la ministra
La incidencia de la ministra Karina Rando en el debate parlamentario y sus imprudentes declaraciones sugiriendo la posibilidad de que la intervención tuviera más potestades que las admitidas por la legislación vigente, justifican que despierte suspicacias.
Es muy raro y aventurado que la ministra declarara, aparentemente sin pruebas, la existencia de testaferros y de negocios turbios e irregulares y eventualmente delictivos que comprometerían a las autoridades del CASMU. También lo es que la ministra ignore lo resuelto textualmente en la ley aprobada y se adjudique el derecho a hacer una interpretación de la voluntad del legislador para encontrar una manera de tergiversarla.
La investigación
Parecería acertado que el CASMU haya dispuesto realizar una investigación exhaustiva de los últimos quince años para saber si hay algo que no percibió o que se debió denunciar y que la ministra procure hacerlo ahora. Es más, no da demasiado trabajo recordar que estas autoridades hoy cuestionadas iniciaron acciones judiciales reparatorias millonarias en los primeros meses del 2020 a los Dres. Gustavo Bogliaccini y a Daniel Salinas, quienes se habían desempeñado hasta ese momento como presidente y gerente de Recursos Materiales del CASMU, y tales demandas se retiraron luego de presiones del Gobierno que alegó que Salinas sería nombrado ministro y Bogliaccini integraría la Junta Nacional de Salud, entidad que tiene autoridad reguladora del todo el sistema. Las irregularidades denunciadas en ese momento merecieron incluso una acción judicial conciliatoria, según informaran en su momento los semanarios Brecha y Búsqueda.
Si la ministra declaró esto, debe haber sido informada de algún ilícito que las autoridades del CASMU ocultan o no conocen, y si hay algo, ella tiene el deber de denunciarlo sin subterfugios o amenazas.
Intereses que quieren destruir al CASMU
Para el Gobierno, aparentemente el problema no está terminado y las autoridades de Salud Pública procuran ampliar sus facultades con el supuesto propósito de solucionar los problemas económico financieros que el CASMU mantuvo al menos en los últimos treinta años.
El Ministerio intimó hace unas semanas al CASMU a proporcionar una respuesta en diez días proponiendo un plan para superar sus dificultades más allá del pedido que el CASMU había realizado de otorgar las garantía para renovar un fideicomiso que había ya cancelado.
Como lo he escrito en varias oportunidades, hay intereses que quieren destruir al CASMU. El CASMU es un gran botín, tiene 180.000 socios, sanatorios, policlínicas zonales, centros altamente especializados y capital humano para atraer los intereses y la voracidad de empresas lucrativas que quieren quedarse con el botín.
Hay intereses en el Gobierno y hay disposición a hacer en estos meses todo lo que han querido hacer en el pasado y no han podido.
Dice la verdad el senador Sergio Botana cuando afirma que hay un núcleo de exjerarcas del CASMU que se desempeñaron en los diez años en que Gustavo Bogliaccini se desempeñó como presidente de la institución y que han sido nombrados en distintos cargos jerárquicos del Ministerio de Salud Pública.
El propio Gustavo Bogliaccini, expresidente del CASMU, fue nombrado para integrar la JUNASA y actualmente se desempeña en la Comisión Honoraria contra la Hidatidosis; la Dra. Nuria Santana, que se desempeñaba como directora técnica, fue interventora de Casa de Galicia y actualmente dirige el sanatorio que perteneciera a Casa de Galicia y hoy es propiedad del Círculo Católico; la Cra. María Ana Porcelli, quien se desempeñara como subgerente general y responsable del área administrativo financiero del CASMU, actualmente es directora del Fondo Nacional de Recursos; el Dr. Daniel Salinas, exgerente de Recursos Materiales, fue ministro de Salud Pública; el Cr. Alberto Yagoda, quien fuera contador del CASMU y firmara en 2020 el balance junto a la Cra. María Porcelli, fue nombrado director de la JUNASA y actualmente asesora al presidente del BPS; la Dra. Irene Vidal, que había sido desvinculada del CASMU, fue considerada, según nos dicen, para integrar la Intervención del CASMU, cosa que al final no ocurrió.
El balance presentado por las anteriores autoridades en el primer trimestre del 2020 , firmado por los profesionales Yagoda y Porcelli, ya evidenciaba un pasivo millonario en dólares y un descalce evidente con las obligaciones financieras a corto plazo también voluminosas en dólares. Las actuales autoridades presentaron un balance cuyos resultados son significativamente positivos y fue aprobado por la asamblea de médicos por amplísima mayoría. La auditoría externa también corroboró estas memorias y el Ministerio debió reconocer que el CASMU había mejorado sus resultados. No hay ninguna objeción a la calidad de sus servicios por parte de los organismos competentes.
Hay, sí, dificultades financieras que el propio CASMU advirtió y para lo que se pidió la garantía del Estado dentro de los márgenes que marca la ley.
Es bastante obvio que el Ministerio de Salud Pública no tiene soluciones mágicas. Probablemente no pensará en disminuir los salarios de médicos y funcionarios, ni la calidad de sus servicios, ni el número de funcionarios técnicos y administrativos que son los rubros que insumen la inmensa mayoría de los gastos del CASMU. Si las tiene puede proponerlas y probablemente sean muy bienvenidas. Todos dicen querer lo mejor para el CASMU porque es una institución fundamental y emblemática del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Los números los conocen el Ministerio y la JUNASA porque hace meses que hay una comisión fiscalizadora que ha mirado los números para arriba y para abajo.
Ahora lo mejor es que dejen trabajar al CASMU sin interferencias y que la comisión interventora presente su informe a los sesenta días como corresponde. Si no hay nada que ocultar, las autoridades del CASMU deben defender su honor, investigar, exhibir una administración transparente y proactiva. No debieran bajar la guardia, porque de las declaraciones de la ministra surge claramente que, al menos, hay propósitos de profundizar la intervención y hay quienes avivan el fuego.
Podemos estar a favor o en contra de las actuales autoridades del CASMU y de sus políticas, pero podemos estar seguros de que este Gobierno y alguno de los personajes nombrados, y los que actúan desde el anonimato con más o menos poder, no dan garantía de transparencia ni ecuanimidad.
