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Política | Caja de Profesionales

Caja de Profesionales: gobierno dejaría sin efecto cobro de timbres a consultas médicas

Desde el gobierno se entendió que resultaba inconveniente y podía impactar negativamente en la prestación de servicios de salud.

19 de junio de 2026 - 08:02

El gobierno se encamina a dejar sin efecto la decisión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) de comenzar a cobrar timbres profesionales por registros e informes vinculados a consultas médicas. En este caso se trata de una resolución por la que se cobraría a partir de agosto de este año un timbre de $ 170 sobre todos los informes médicos vinculados a la atención en salud.

La resolución de la Caja había sido aprobada por unanimidad en el directorio el pasado 28 de mayo y preveía aplicar timbres a distintos registros asociados a la atención médica, incluyendo anotaciones realizadas en las historias clínicas. La medida formaba parte de una serie de acciones impulsadas por el organismo para incrementar sus ingresos en medio de su delicada situación financiera.

Tras conocerse la decisión, la Junta Nacional de Salud (Junasa) expresó su preocupación y solicitó formalmente que fuera revocada. La Caja de Profesionales advirtió que el cobro podría trasladarse a los costos de atención y afectar el acceso de los usuarios a los servicios de salud, incluso en consultas preventivas.

Según se supo en las últimas horas, el Poder Ejecutivo ya tiene decidido anular la medida, al considerar que genera efectos indeseados sobre el sistema sanitario y sobre los usuarios.

Resolución irregular

Asimismo, el director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, dijo a Telemundo (Canal 12) que la resolución fue “irregular en lo formal”, en tanto el directorio de la Cjppu “no está facultado a tomar resolución en cuanto al instrumento de cobro y en cuanto al monto que se le asignó a esta imposición”.

De tal forma, reivindicó que el Poder Ejecutivo “tiene las facultades para revertir” esta resolución, a la que tildó de “sumamente negativa”.

La Caja había defendido el cobro argumentando que se trataba de una facultad prevista en la normativa vigente y de una herramienta necesaria para mejorar sus ingresos. Sin embargo, desde el gobierno se entendió que gravar registros asociados a consultas médicas resultaba inconveniente y podía impactar negativamente en la prestación de servicios de salud.

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