Además, tildó de “bastante débil” la actitud del astillero español, porque —según explicó— primero hay que agotar la vía judicial nacional.
“La preocupación que tuvo este gobierno es la que no tuvo la administración anterior, que nos llevó a no tener los controles suficientes para analizar si efectivamente tenía solvencia la empresa”, agregó.
La denuncia de Cardama
El astillero español Cardama Shipyard inició un proceso de arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por la decisión del actual gobierno de rescindir el contrato que había firmado la administración anterior, del presidente Luis Lacalle Pou, con la empresa española para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional. Cardama presentó un escrito ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, pero todavía no precisó el monto del resarcimiento económico que solicitará en caso de ganar el diferendo. El Poder Ejecutivo fue notificado sobre la solicitud de arbitraje este lunes.
En el contrato, firmado el 15 de diciembre de 2023 por el entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García, se establece que los diferendos que tengan las partes sobre “asuntos técnicos” se resolverán, en última instancia, en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Para cualquier otro caso, en el contrato se establece que “las partes intervinientes en el presente contrato se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Montevideo, Uruguay, para la resolución de cuantos litigios y controversias se deriven de la interpretación, aplicación y ejecución del presente contrato”.
En marzo de este año, el astillero español optó por retirarse de la audiencia de conciliación que tenía fijada con el Estado uruguayo, como paso previo a entablar una demanda civil. Esto ocurrió después de que, en febrero, el presidente Yamandú Orsi confirmara en una conferencia de prensa la rescisión del contrato y, al mismo tiempo, anunciara que el gobierno iniciaría “acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo”.
“Nosotros también tenemos que ver cómo nos resarcimos, tenemos que ver, por supuesto, cómo conseguimos las patrulleras y, a su vez, el privado que estuvo [por Cardama] tiene que también elegir su camino para no salir más perjudicado de lo que está. Son cosas normales”, expresó el presidente días después.
