Galeano buscaba que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, o el vicepresidente, Hugo Velázquez, le prestaran el dinero para liberar a Marset, según los nuevos datos que dio el senador ante la fiscalía de ese país, según explicó la periodista Rocío Pereira Da Costa.
De acuerdo a la denuncia presentada por Osorio, unos días después el mismo diputado le habría pedido un préstamo a la diputada Núñez, pero como ella no tenía la suma requerida, le planteó que se la pidiera al presidente Abdo Benítez.
El senador dijo en su presentación judicial que “Galeano le pidió el préstamo a través de un intermediario [Ramírez Barreto], pero en realidad quería que él gestionara el dinero ante el vicepresidente de la República”.
Hace ya casi un mes que Osorio había manifestado públicamente su preocupación porque la Fiscalía no había hecho nada en relación a su denuncia.
El legislador indicó que en el departamento Central, uno de los 17 que forman Paraguay, está circulando dinero sucio, proveniente del lavado, narcotráfico y crimen organizado que compra la conciencia de algunos actores políticos.
El denunciado Galeano aspira a ser elegido el próximo domingo como gobernador de Central, encabezando un sector liderado por Horacio Cartes.
Marset sugirió pedir ayuda a “Marito (Abdo) o a Cartes”
Cuando llegó a Paraguay, Sebastián Marset jugó al fútbol profesional vistiendo la camiseta número 10 del club Capiatá. Se había presentado ante los dirigentes como un próspero empresario, pero en realidad era muy allegado al dirigente Erico Galeano, también diputado del partido Colorado. Marset logró jugar como titular en el Capiatá donde dijo provenir de un club de ascenso de Uruguay, aunque no existen tales registros.
Pronto se vinculó a figuras del Partido Colorado paraguayo, llegando hasta el entonces presidente Horacio Cartes, seguramente presentado por el tío de este, el narco piloto que fue detenido trasladando 400 kilos de marihuana.
Desde ese lugar estableció importantes relaciones con policías, fiscales, jueces y políticos colorados. Todos coincidían en solucionar los problemas que iban surgiendo.
A partir de la investigación iniciada por el fiscal Marcelo Pecci, luego asesinado en Colombia, funcionarios infieles informaron a Marset que “era inminente su detención”. El 7 de junio de 2021 a la hora 9.13, Marset y su familia salieron de Paraguay, intentando llegar a Grecia. Pasaron por un país africano y luego por Dubái, donde funcionarios de Migraciones se dieron cuenta de que el pasaporte paraguayo que portaba era falso y fue detenido. Era setiembre de 2021.
El embajador paraguayo en Catar, Ángel Barchini, mencionó que la familia de Marset le pidió ayuda, sin embargo, el caso lo pasó a Uruguay.
El 12 de setiembre asesinaron al empresario de apellido Schuartzman, informante de la Policía y al que acusaban de ser quien había conseguido el pasaporte falso.
Un documento de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), al que accedió Caras y Caretas, cita una llamada recibida el 19 de setiembre de 2021 en el 0982 765937, utilizado por José Fernando Estigarribia, investigado como parte de la banda del narco uruguayo, realizada desde la línea extranjera 58597 1459999, utilizada por Marset.
El uruguayo pregunta si “pudo solucionar algo” en relación al pasaporte falso. Pero como la respuesta fue negativa, Marset dice que es necesario “hablar con Marito [Abdo, actual presidente] o con Cartes, porque después, sin problemas, se va a poder pagar el favor”.
Marset estaba desesperado porque no quería seguir detenido en Dubái y pretendía volver a Paraguay. Le ofrecieron sacarlo hacia Uruguay o Francia, pero se negó.
La solución llegó de la mano del abogado uruguayo Alejandro Balbi, contactado presumiblemente por la esposa de Marset. Él gestionó el pasaporte ante la Dirección Nacional de Identificación Civil, que dadas las circunstancias requirió la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según Búsqueda, otro abogado paraguayo “esgrimió como argumento para pedir que fuera liberado que el hombre no suponía un riesgo ni era un delincuente de relevancia, ya que su propio país le autorizaba la documentación. Y lo consiguió”.
Finalmente recibió el pasaporte uruguayo. Y con él la libertad ya que no existían requerimientos.
Lo que ocurrió después es historia conocida. Marset se fugó con su familia y ahora tiene una requisitoria internacional.
Un fiscal corrupto
Ocurrió que antes de que Osorio ratificara su denuncia, el fiscal Juan Martín Ledezma fue destituido de su cargo al frente de la Unidad Anticorrupción y Lavado de Dinero.
Ledezma fue trasladado a la ciudad de Alberdi, ubicada a 150 kilómetros de Asunción y que cuenta con 9.600 habitantes, para hacerse cargo de la Fiscalía Comercial, de Niñez y Adolescencia.
Había sido designado en Anticorrupción por la exfiscal general Sandra Quiñónez (también destituida y acusada de corrupción) por recomendación de su hermano Domingo Quiñónez.
Ledezma tenía una larga lista de causas cajoneadas y blanqueadas. Entre ellas está la investigación al diputado colorado Erico Galeano. En su defensa alegó que “era una causa muy compleja y que existe un cúmulo de documentos que cotejar y analizar y que se solicitaron con base a un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad)”.
También tenía “cajoneada” una denuncia contra el extitular de Puertos y actual senador colorado Ramón Retamozo. El fiscal pidió la desestimación de la denuncia por que no existió daño patrimonial para la ANNP en la compra de un software por 6.000 millones de guaraníes. La Contraloría dijo lo contrario, pero el fiscal consideró un dudoso dictamen de un perito.
Unos días antes de ser trasladado, intentó cerrar el caso de los “tapabocas de oro” al decidir la suspensión condicional del procedimiento contra el extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Edgar Melgarejo y otros acusados. Aceptó una “donación” de 60 millones de guaraníes ofrecida por Melgarejo y otros 10 millones de cada uno de los demás acusados para no ir a juicio oral.
Ledezma fue acusado de “coimero y blanqueador” por la activista social María Esther Roa.
El actual fiscal general, Emiliano Rolón, le dio una semana de plazo para que presente un informe sobre todas las causas cajoneadas, antes de iniciar una auditoría que podría terminar con su destitución y acusación penal.
La denuncia contra Galeano debe esperar, por ahora, el estudio del nuevo fiscal designado. Pero el domingo podría ser electo gobernador del departamento Central.
¿Para quién eran los 500.000 dólares?
Dos fuentes -que solicitaron no ser identificadas por su nombre, pero no pusieron reparo a que se informara que uno es periodista y el otro oficial de la Secretaría Antidrogas- aceptaron hablar con Caras y Caretas y aportar parte de la información que han obtenido sobre el caso Galeano.
El periodista afirmó que “tal vez desde la lejanía resulte muy difícil comprender el grado de corrupción y vinculación con el narcotráfico que tiene el sistema político y el judicial en mi país”.
“Acá todo está podrido”, enfatizó. “Es el trabajo que hicieron políticos vinculados al contrabando y ahora al narcotráfico”.
El colega dijo que “Galeano y Marset tenían vínculos muy estrechos con [Horacio] Cartes. Tanto que el expresidente le dio 2.500.000 dólares para construir el estadio del Club Deportivo Capiatá, con capacidad para 15.000 espectadores”.
Luego dijo que “ese club que recibió dinero de Marset logró clasificar primero a la Copa Sudamericana y luego a la Libertadores. Pero todo con dinero del narcotráfico”.
Agregó que “Galeano es un operador muy importante de Cartes porque la ciudad de Capiatá es clave para las operaciones de contrabando y ahora para el tráfico de drogas. ¿Y, además, qué mejor que el fútbol para lavar dinero?”.
Por su parte, el oficial, investigador de la Senad, dijo a Caras y Caretas: “Como usted ya sabrá, en mi país hay un altísimo índice de corrupción en el sistema judicial, lo que nos impide lograr condenas para grandes contrabandistas y narcotraficantes. Es más probable que uno de nosotros termine con un tiro que alguno de ellos preso”.
Agregó que “durante más o menos dos años nosotros investigamos a Marset y todo su entorno. Esa operación se llamó “A ultranza PY”, pero cuando lo íbamos a detener le filtraron la información desde fiscalía y logró huir. Él estaba asociado al clan Insfrán, liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Ese grupo, estrechamente vinculado al mundo político paraguayo, había encontrado en Marset un contacto muy importante para sacar la droga de Paraguay y llevarla primero a África y luego a Europa e incluso a Oriente”.
Erico Galeano, diputado cartista y también presidente del club Capiatá, estuvo en la mira de la Senad durante mucho tiempo. “Nosotros entregamos a fiscalía muchas pruebas sobre sus actividades, que fueron cajoneadas”, dijo el oficial de Policía.
“Entre esas pruebas hay muchísimas horas de escuchas telefónicas realizadas con orden judicial. Nosotros sabemos para qué, para quién y quiénes juntaron esos 500.000 dólares, que no fueron los únicos “.
“Aunque, agregó, lo único que voy a decirle para su interés es que tenemos identificados a dos uruguayos como receptores de parte de ese dinero. No fueron los únicos. No puedo decirle más porque la investigación sigue en curso y porque además hemos tenido muy poca colaboración de las autoridades uruguayas”, concluyó el oficial antidrogas.
