Según sostuvo, la actuación que hoy es objeto de investigación fue respaldada por organizaciones de derechos humanos y por integrantes de la comunidad de La Paloma.
Judicializar la política
Carrera cuestionó además a quienes impulsan o respaldan la acusación judicial y afirmó que existe una interpretación “sesgada” de los hechos.
“Quienes hacen esa lectura son unas bestias”, señaló, y agregó que “lo que se hace a través de estas guerras judiciales es tratar de apagar y de matar al adversario político”.
El exsenador indicó que la presentación formal de la acusación fiscal permite ahora conocer el escenario concreto en el que se desarrollará el proceso judicial y explicó que su defensa contará con treinta días para responder una vez sea notificada oficialmente.
También destacó como un elemento favorable para su situación que el Tribunal de Apelaciones dejara fuera de la acusación el delito de falsificación ideológica de documento público, considerado inicialmente uno de los cargos más graves.
“Los dos delitos restantes no se ajustan a ninguna conducta típica”, afirmó.
Carrera recordó además que durante el gobierno anterior fue objeto de una “pesquisa ilegal”, situación que —según sostuvo— actualmente forma parte de una investigación internacional.
La frase de Charles Carrera
“Lo que se buscaba era matarme políticamente, y no lo lograron”, concluyó.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, encabezada por la fiscal Sandra Fleitas, presentó formalmente la demanda acusatoria contra Carrera y solicitó una pena de cuatro años de prisión por los delitos de fraude y utilización indebida de información.
El pedido incluye además tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 Unidades Reajustables, equivalente a aproximadamente 1,9 millones de pesos.
La causa se originó en una denuncia presentada en 2022 por hechos ocurridos una década antes, cuando Carrera integraba el Ministerio del Interior y presuntamente autorizó de forma irregular la internación y asistencia médica de Hernández en el Hospital Policial, pese a que el hombre no tenía derecho formal a esa cobertura.