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Política | Crysol

Crysol acude a la CIDH por no haber sido recibidos en el Parlamento

El colectivo sostiene que se les impidió dar su punto de vista sobre el proyecto de ley de resarcimiento a las víctimas de la guerrilla que fue votado.
04 de octubre de 2023 - 17:26

Crysol, colectivo que nuclea a las y los ex-presos políticos durante la última dictadura cívico-militar, envió una carta a Margarette May Macaulay, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que denuncian que no fueron recibidos en el Parlamento para dar su punto de vista, cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley de resarcimiento a las víctimas de la guerrilla.

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"En diciembre del año pasado se nos impidió opinar sobre el proyecto de ley de resarcimiento a las víctimas de la violencia no estatal antes de que el mismo fuera aprobado por la Cámara de Senadores. Dicho proyecto, ya transformado en ley y promulgado por el actual gobierno, otorga un resarcimiento económico a víctimas de la violencia no estatal que duplican y triplican los montos indemnizatorios que la Ley 18 596, aprobada en setiembre de 2009, otorgó a los familiares y a las víctimas directas del terrorismo de Estado por haber sido detenidas desaparecidas, asesinadas o haber sufrido lesiones gravísimas", sostienen en la carta.

En la misiva, también hacen referencia a el proyecto de referido a la administración de los Archivos de la dictadura, en ese sentido, denuncian que tampoco fue dada la oportunidad de expresar sus puntos de vista y esperaban comparecer ante el ministro de Defensa Javier García.

En este marco, Crysol considera que las comisiones parlamentarias deben "escuchar a todas las partes involucradas, de manera directa o indirecta".

"Se debe convocar a todos quienes puedan tener interés en el tema, se deben conocer las distintas versiones y enfoques sobre las temáticas y, entonces, los legisladores podrán iniciar y llevar a cabo un proceso de negociación en el ámbito de ellas antes de su aprobación en cada cámara de acuerdo a las disposiciones constitucionales vigentes", aseguran.

En tanto, desde Crysol solicitan a la presidenta de la CIDH que se diriga a las autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para que se adopten "las medidas pertinentes" destinadas a "poner fin a estas prácticas impropias de las mejores tradiciones democráticas de Uruguay, que empobrecen el debate y degradan la calidad de nuestra democracia".

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