La organización que nuclea a los y las ex-presos políticos, Crysol, que ya había manifestado su preocupación ante la posición que adopto el Gobierno, ahora definió presentar una nota de protesta ante diferentes organismos reveló el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, a Caras y Caretas. Se dará cuenta al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en protesta ante la postura del Gobierno, que impidió la participación de organizaciones sociales en el proyecto de Ley que plantea crear un espacio en el Archivo General de la Nación para los documentos vinculados al pasado reciente y que sean de acceso público.
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"Se trata de una protesta ante una situación sumamente irregular que se ha vivido por segunda vez durante el tratamiento parlamentario de proyectos de Ley que involucran al colectivo y donde se nos impidió hacer uso de la palabra para expresar nuestro punto de vista", explicó el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, a Caras y Caretas. En ese sentido, explicó que en la instancia anterior, cuando se trató el proyecto de Ley de reparación económica a víctimas de la guerrilla, el cual recordó que tuvo un tratamiento "exprés" en el Senado, donde entró un día y fue aprobado al siguiente al tiempo que se debatía el proyecto de reforma jubilatoria. "Fue el precio que pagó la coalición gubernamental a Cabildo Abierto para aprobar ese proyecto", sentenció.
La protesta, que fue adelantada verbalmente la semana pasada a la relatora de la CIDH, Julissa Mantilla, se concretará de manera oficial en la próxima semana, tras una reunión de la organización el próximo lunes. Además, también se presentará el reclamo formal ante la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, por medio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, adelantó el dirigente.
El reclamo tiene como objetivo "poner fin" a estas prácticas que "son totalmente antidemocráticas y violentan principios básicos del funcionamiento democrático", aclaró. Asimismo, el dirigente calificó de "insólito" el impedimento de la expresión de organizaciones sociales, afirmó que se trata de "prácticas prepotentes" y que "significan un abuso ilegítimo de posiciones dominantes debido a los votos que se tiene".
Consultado respecto a que se está legislando sobre lo que ya está legislado, Grisoni señaló que el "aspecto novedoso" de la Ley 18.435 es que "en el directorio de ese organismo, que iba a estar dependiente del Archivo General de la Nación, habría participación de representantes de la sociedad civil".
El dirigente volvió a manifestar que no están en contra de que se publique ninguno de los archivos, siempre y cuando se respete la normativa vigente y las organizaciones sociales también tengan participación.
Respecto a las declaraciones en concreto del ministro de Defensa, Javier García, el dirigente consideró que siempre hay "intencionalidad política" detrás de los proyectos de Ley y que parece ser la intensión del ministro. "Da la impresión de que en este caso es evidente, que más allá de todas las declaraciones que se formulan, hay una puesta en escena del Ministerio de Defensa Nacional con la mirada puesta en la campaña electoral, en la medida en que dentro del Partido Nacional existen diferentes candidaturas que están pretendiendo tener un lugar predominante", afirmó.