Tanto Correa como Infante son investigados por omitir los controles a los que estaban obligados en su carácter de ordenadores de gastos.
El miércoles 6 había declarado, también como imputado, el titular de la empresa monotributista presuntamente contratada para realizar obras de mantenimiento en el edificio de la Junta. Ya declararon como testigos la actual presidenta de la Junta, Verónica Robaina; algunos funcionarios de jerarquía y el hijo del empresario contratado.
Sánchez y cómo se destapó el tarro
A fines de febrero pasado, el periodista Jorge Bonica, director de El Bocón, informó que “dos personas se comunicaron con él para entregarle documentos que demostrarían que, mediante una burda maniobra, el expresidente de Junta, José Luis Sánchez, se habría apoderado de varios millones de pesos”. Según la denuncia también estarían involucrados otros ediles blancos que ocuparon la presidencia durante los pasados 5 años.
La maniobra consistía en la presentación de facturas aparentemente falsas por parte de un proveedor de servicios. Ese proveedor aparecía como asociado a un hijo de Sánchez. Éste, como ordenador de gastos, depositaba el monto de la factura en la cuenta de su hijo. El detalle es que éste inmediatamente la giraba a la cuenta de su padre. La cifra rondaba los 240.000 pesos mensuales y la maniobra se realizó durante varios años. Ahí es donde aparecen involucrados otros dos ediles blancos que también se desempeñaron como presidentes de la Junta. Aunque por ahora no está probado que recibieran dinero, pero sí que fueron omisos en los controles, ya que se continuaron pagando facturas a una empresa que ni siquiera figuraba en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), obligación para toda empresa que contrate con el Estado.
El periodista decidió entonces entregar toda esa documentación a la Fiscalía a cargo del doctor Jorge Vaz .Y aquí es donde comienza la hecatombe. Sánchez amenazó con suicidarse si Bonica no retiraba la denuncia. Después pidió licencia a su cargo para ya no volver porque no fue reelecto, ninguna lista lo incluyó. La bancada del Frente Amplio solicitó la conformación de una comisión investigadora que el Partido Nacional apoyó a regañadientes, cuando el escándalo público antes de las elecciones de mayo era imparable. La Comisión se reunió después del aplastante triunfo nacionalista, pero decidió por mayoría que sus actuaciones serían secretas. Entonces contrataron al abogado Augusto Durán Martínez —experto en Derecho Administrativo, exprosecretario de la Presidencia de Luis Lacalle Herrera, presidente del Instituto Manuel Oribe y padre del actual embajador uruguayo en EEUU— para que les dijera que “estaba todo en orden”.
En su informe, Durán afirma que “la contratación practicada se realizó de conformidad con el derecho, que se actuó correctamente”, además de que “no se detectaron irregularidades que cuestionen la legitimidad del proceso administrativo”. Agrega que, “si hubo órdenes de gastos en favor de determinado proveedor, es que hubo una selección de contratista y esa selección del contratista se efectúa por un acto administrativo implícito”.
También estableció que “la modalidad de contratación directa aplicada por escaso monto fue legítima y ajustada al marco legal vigente”, afirmando que no se observaron irregularidades administrativas ni jurídicas sustanciales.
La investigadora presentó el informe en mayoría al plenario de ediles, pero por una maniobra de la bancada blanca el Frente Amplio fue impedido de leer el informe en minoría. Entonces éstos decidieron poner en conocimiento de Fiscalía el informe que realizaron. El fiscal estableció una extensa nómina de personas a ser interrogadas como testigos. Primero citó a Bonica para ratificar la denuncia. Luego a Sánchez y a su hijo como testigos, además de al dueño de la empresa contratada, a la presidenta de la Junta de Maldonado —que también lo era el año pasado—, a algunos funcionarios del Legislativo y, finalmente, a los exediles Sánchez, Correa y a al actual Infante. Estos tres ya como imputados.
Nadie contó con que el hijo de Sánchez, finalmente, “destaparía el tarro”. Al declarar en Fiscalía, el joven fue lapidario.
Negó tener una empresa, señaló que conocía a la persona que emitía las facturas porque “viven en la misma ciudad”, pero negó tener cualquier tipo de vínculo con él. El joven dijo al fiscal que “hace unos años, durante un cuarto intermedio de la sesión de la Junta, su padre lo llamó para pedirle su número de cuenta del BROU para enviarle dinero, y a la vez le solicitó que lo reenviara a su cuenta”. Entonces no sospechó nada, creyó que sería por algún negocio. Pero igual le llamó la atención que los giros fueran desde la cuenta de la Junta Departamental. En ese momento, abrió su aplicación del BROU y le mostró al fiscal la enorme cantidad de giros que recibió y reenvió. Con esa evidencia, el fiscal Vaz solicitó a la Justicia que ordenara el levantamiento del secreto bancario para las cuentas de la Junta Departamental, las de edil Sánchez, las de su hijo y también las de los expresidentes de la Junta, los ediles blancos Correa e Infante, que continuaron los pagos.
El dictamen de Fiscalía sería inminente y seguramente se solicitará la formalización con prisión de Sánchez por varios delitos contra la administración pública, aunque no se descarta que también se solicite condena para los otros dos expresidentes.
El sueldo encubierto
En julio del 2015, apenas asumió el nuevo gobierno encabezado por el intendente Enrique Antía y a propuesta de varios ediles blancos, la Junta decidió votar un sueldo para cada edil. La decisión es violatoria de la Constitución de la República —que establece claramente que el cargo de edil es honorario—, del Estatuto del Funcionario Público y de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. El gasto es observado todos los años por el Tribunal de Cuentas, y la JUTEP encabezada por Ricardo Gil Iribarne condenó “por ilegal” lo que denominó “sueldo encubierto”. Pero además es ilegal por donde se lo mire, ya que ninguna autoridad electa puede votar su salario, sino que éste se establece en el período anterior. Entonces dijeron que ese monto “podía ser usado para alquilar locales partidarios u otras actividades”. La JUTEP también descalificó ese argumento porque era “una forma ilegal de financiar a los partidos políticos”.
La propuesta de los blancos fue acompañada entonces por los ediles frentistas que respondían a Darío Pérez y por lo menos uno del sector de Óscar de los Santos y por uno de los dos ediles colorados. Hoy ese sueldo ronda los 100.000 pesos, no paga aportes al BPS ni tampoco IRPF. En realidad ni siquiera se sabe qué ediles lo cobran y qué pasa con el dinero.
Todos los meses el presidente de la Junta ordena depositar en una cuenta bancaria y a un nombre determinado por cada bancada, que no necesariamente es edil, una cifra que surge de multiplicar el monto establecido como “sueldo” por la cantidad de ediles. Luego cada bancada hace el reparto.
El año pasado el Legislativo departamental gastó casi 1.000.000 de dólares con ese único destino. El dinero, como todo el presupuesto de la Junta, lo aporta la Intendencia de Maldonado. El Tribunal de Cuentas lo ha observado siempre, pero como no existe ninguna sanción, los ediles lo reiteran una y otra vez.
La historia de un obstinado ciudadano
A mediados de julio pasado, después de la feria judicial, el fiscal Vaz recibió toda la información requerida al BROU por vía judicial sobre las cuentas de los tres ediles investigados y las de la Junta Departamental. Tal como lo informamos hace un mes, Vaz encontró millonarias transferencias mensuales realizadas a diferentes personas, que llamaron su atención. Esas partidas corresponden al “sueldo encubierto” que reciben ediles de todos los partidos políticos representados en la Junta.
En el año 2015, Germán Bonilla, un vecino de San Carlos que no tiene militancia política aunque en ese año tuvo un breve pasaje por el Partido Colorado, se indignó cuando se enteró del cobro de los ediles. Bonilla es un trabajador, empleado de comercio, que entonces recopiló declaraciones, artículos de prensa, dictámenes del TCR y presentó una denuncia ante la JUTEP, entonces presidida por Gil Iribarne. En el año 2017 el informe de este organismo fue lapidario, condenando por ilegal la decisión de la Junta de Maldonado. Con ese informe y toda la documentación acumulada, Bonilla presentó una denuncia en la Fiscalía de Maldonado. Pero después de un año, sin citar a nadie pero con un informe de tres reconocidos abogados presentados por la Junta Departamental, la causa se archivó.
Varios jueces penales y fiscales consultados por Caras y Caretas afirmaron que esos informes jurídicos a los que suelen recurrir diferentes organismos o funcionarios públicos “no tienen ningún valor probatorio”. “Son un tiradero de plata porque es como pedirle a tu mamá un informe para que diga que sos bueno y lindo. ¿Qué crees que va a decir tu vieja?”, sostuvo un fiscal, entre risas.
Enterado de la investigación que ahora realizaba el fiscal Vaz y el levantamiento del secreto bancario para las cuentas de la Junta, Bonilla le solicitó una reunión y fue recibido casi inmediatamente. En ese encuentro hizo un relato pormenorizado de la situación y entregó una voluminosa carpeta con documentos. Pero el fiscal le señaló que, al estar archivada esa denuncia, él no podía reabrirla “salvo que hubiera elementos nuevos”. Esta semana Bonilla presentó una nueva denuncia. El fiscal Vaz, consultado por Caras y Caretas, se limitó a señalar que “estaba obligado a investigar y es lo que voy a hacer”.
Se abren las puertas del infierno
En los próximos meses decenas de ediles de los tres partidos representados en la Junta Departamental serán citados para que expliquen pormenorizadamente el uso que le dieron a ese dinero. Vaz va a investigar la denominada “ruta del dinero”, porque públicamente algunos ediles han reconocido que, o ayudaban a personas de su conocimiento, o lo usaban en actividades políticas. La Ley de Financiamiento de Partidos Políticos prohíbe expresamente esta forma de uso de dineros públicos. Esa ley no establece sanciones penales, pero en el caso Maldonado se podrían haber configurado otros delitos.
Esta investigación tendrá enormes repercusiones locales y nacionales. En lo local porque encontrará a la Junta considerando el Presupuesto Quinquenal que presentará la Intendencia. Vale preguntarse qué valor legal podría tener una resolución de personas que estarán siendo investigadas y eventualmente condenadas. Y lo mismo vale para las Juntas de todo el país, porque “el método Maldonado” se aplica en otros departamentos y ya se anuncian investigaciones.
Una alta fuente de Fiscalía dijo que “los ediles carecen de formación en derecho administrativo y creen que todo lo que hacen está bien, porque tendrían el respaldo de votos ciudadanos. Pero ocurre que no todo lo que hacen está bien de acuerdo a las normas que rigen para toda la administración pública”.
