Asimismo, precisaron que el análisis de la información recabada formalmente en los últimos meses puso en evidencia la necesidad de profundizar los controles sobre los procedimientos administrativos internos que definen el envío de los rodados a dependencias privadas. En ese sentido, expresaron que surge la exigencia de conocer los mecanismos "utilizados para determinar cuándo un vehículo municipal es derivado a un taller privado, qué establecimiento es seleccionado, quién adopta dicha decisión y bajo qué criterios técnicos, administrativos y económicos se realiza".
A estos elementos sumaron las recientes manifestaciones del propio intendente, las cuales abordaron los criterios de selección de las empresas, la compulsa de precios y los tiempos de reparación. De acuerdo al texto firmado por los ediles, estas declaraciones públicas "hacen necesario que la Junta Departamental pueda conocer con precisión cuál es el procedimiento general aplicable a estas contrataciones, si existe un protocolo general aplicable a estas contrataciones, cómo se documentan las comparaciones de precios y quiénes son los funcionarios o jerarcas responsables de autorizar las derivaciones y los correspondientes gastos".
Por intermedio del escrito se requirió a la Mesa de la Junta que tome las medidas pertinentes para "incluir la presente solicitud al orden del día de la próxima sesión ordinaria", de modo que el plenario tome una resolución sobre el llamado a Sala al jefe departamental.
Días atás, también se informó que la Junta Departamental aprobó por unanimidad una solicitud de intervención del Tribunal de Cuentas para auditarr el gasto en talleres mecánicos.
