El diputado destacó además que gran parte de la reconstrucción de los hechos fue posible gracias a correos electrónicos aportados por el estudio jurídico a las autoridades del Ministerio de Defensa. Según indicó, al asumir el nuevo gobierno no existía documentación sobre el proceso dentro del expediente oficial.
“Todos los elementos que recuperamos fueron a partir de la información que el estudio Delpiazzo brindó al Ministerio de Defensa y que llegó a la comisión investigadora”, afirmó Garlo, quien señaló que se identificaron cinco propuestas distintas de garantías antes del desenlace conocido.
Comisión investigadora
El legislador sostuvo que aún resta determinar si se trató únicamente de una actuación administrativa desprolija o si existió una eventual intención de perjudicar al Estado uruguayo. Señaló que esa cuestión deberá ser esclarecida tanto por la comisión investigadora como por la Justicia, en el marco de la denuncia penal presentada por el Poder Ejecutivo y actualmente a estudio de la Fiscalía.
Asimismo, indicó que el estudio Delpiazzo consideró razonables las primeras prórrogas otorgadas a Cardama, aunque modificó su posición cuando los incumplimientos persistieron. En agosto de 2024, luego de más de seis meses de extensiones y con los plazos vencidos, los asesores elaboraron un informe dirigido al Ministerio de Defensa recomendando dejar sin efecto el contrato debido al incumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa.
Sin embargo, según relató Garlo, ese informe nunca fue remitido a Cardama y, dos meses después, se concedió una nueva prórroga de 72 horas. Fue en esa instancia cuando apareció la garantía de Eurocommerce, que posteriormente fue identificada como falsa.
Ante este escenario, la comisión investigadora resolvió solicitar al Ministerio de Defensa copias de todos los correos electrónicos enviados desde las casillas del Director General de Secretaría y del Director de Recursos Financieros entre el 1° de enero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. El objetivo es determinar si allí existen intercambios con el estudio Delpiazzo, con la empresa Cardama y con sus representantes en Uruguay, que permitan esclarecer las responsabilidades en torno al caso.
