Lo que prevé la Ley de Presupuesto
El artículo 38 del proyecto de ley de Presupuesto define sus funciones: apoyar, gestionar y coordinar la defensa del Estado en litigios estratégicos; patrocinar o representar al Estado; y gestionar un registro centralizado de juicios estatales.
La Secretaría podrá exigir información a organismos estatales, personas jurídicas de derecho público no estatal y sociedades anónimas en las que el Estado tenga participación, bajo pena de obligación legal de colaboración.
Además de reunir y coordinar información estratégica, la oficina estará facultada para crear salas de expertos, desarrollar estudios normativos, celebrar convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y apuntalar proyectos tecnológicos para robustecer la defensa del Estado en procesos judiciales.
El artículo 38 del proyecto de ley de Presupuesto define sus funciones: apoyar, gestionar y coordinar la defensa del Estado en litigios estratégicos; patrocinar o representar al Estado; y gestionar un registro centralizado de juicios estatales. El artículo 38 del proyecto de ley de Presupuesto define sus funciones: apoyar, gestionar y coordinar la defensa del Estado en litigios estratégicos; patrocinar o representar al Estado; y gestionar un registro centralizado de juicios estatales.
Aunque aún no se precisan las partidas presupuestales, el texto establece que la Secretaría administrará los fondos que se le asignen, incluidos recursos fruto de la cooperación internacional.
La nueva oficina heredará competencias de la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales, conectada al Ministerio de Educación y Cultura, en lo relativo al Registro Único de Juicios del Estado (RUJE).
Además, el Ejecutivo debe definir las categorías de litigio estratégico —nacional e internacional— y las modalidades de intervención de la Secretaría.
Demandas internacionales
Este avance se produce en un escenario donde Uruguay enfrenta demandas internacionales relevantes. Durante la transición de gobierno, Díaz había informado que Uruguay enfrentaba cinco arbitrajes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), aunque el caso de Pluna ya había sido resuelto con un acuerdo de pago por unos US$ 30 millones más intereses.
Otros casos en curso incluyen reclamos de la minera Aratirí, por cerca de US$ 4.000 millones, y disputas como las de Montecon y Neltume Ports, vinculadas a puertos y tratado bilateral con Chile. También hay potenciales arbitrales con AFAO, por rescisión contractual.
La creación de esta Secretaría obedece a una estrategia de centralizar la defensa judicial estatal, actualmente fragmentada, y dotarla de tecnología, experiencia y capacidad de negociación. Pretende ser un paso hacia la profesionalización de la abogacía estatal y una respuesta directa a la presión que generan juicios millonarios y estratégicamente sensibles.
Con el ingreso del proyecto de ley al Parlamento, se abre una etapa política clave. El Frente Amplio y la oposición analizan cuidadosamente el proyecto, que incorpora 714 artículos y deberá manejarse con consensos en medio de tensiones sobre prioridades y reformas tributarias.
