Entre los años comprendidos (1962-1976), varios grupos ejercieron violencia política basados en objetivos políticos; entre ellos se encuentran el Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros (MLN-T); La organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR33); las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales (FARO); los Escuadrones de la muerte que se denominaron: el Comando Caza Tupamaros y la Defensa Armada Nacionalista (DAN en homenaje al funcionario norteamericano Dan Mitrione); la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) y las organizaciones que llevaron ataques con bombas en sinagogas y edificios judíos en Uruguay y tajearon los muslos de la militante Soledad Barret con una esvástica, la Liga Oriental antisemita (LOA), el Frente Estudiantil De Acción Nacional (FEDAN).
En el proyecto se prevé la creación de una comisión que recibirá las solicitudes pero no trae propuesta de integración y define que el Estado promoverá acciones simbólicas o reparados a cargo de Rentas Generales.
Varias organizaciones de Derechos Humanos y dirigentes del Frente Amplio consultados por Caras y Caretas están estudiando el tema con cautela y aún no hay definiciones de los distintos colectivos, pero a título personal varios mencionaron que no es comparable la violencia ejercida desde el Estado, que la ejercida por individuos y que hay una intencionalidad de ceñir el tema a la "Teoría de los dos demonios", opinó por ejemplo la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio, Adriana Barros.
Mandado del herrerismo
La diputada frenteamplista Verónica Mato e integrante de la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja expresó que: " es un proyecto que se presenta en el contexto del proyecto dela Reforma de la Seguridad Social por lo cuál se recorta las Pensiones Reparatorias a los ex presos políticos y exiliados (PER) y sus familiares, en un conjunto de personas que tienen una expectativa de vida menor, por los castigos físicos y psicológicos sufridos. el proyecto no pone en cuestión que era lo que sucedía en ese tramo de la historia, no lo menciona en sus fundamentos y debería porque esto quiere decir que ¿el Estado se esta haciendo responsable al asumir la reparación?; no hay un relato de las Medidas Prontas de Seguridad, de la dictadura, ¿porque el Estado debe hacerse cargo de esa situación o se reconoce que fue responsabilidad del Estado matar a esas personas?, no queda claro y para mi no corresponde que el Estado lo haga. Todas éstas personas en el momento que los hechos sucedieron tuvieron un acompañamiento de los mandos militares o policiales y no estuvieron desamparadas y las personas que cometieron éstos años fueron presos en democracia, durante toda la dictadura, y hasta 1984, pagaron por sus delitos. Yo creo que es un mandado que le hace el herrerismo a Cabildo Abierto, a su sector militar y mas involucrada en éstos episodios, para que Cabildo les vote otros proyectos. Quiero remarcar la existencia de un grupo en todo el cono sur que se llama Memoria Desobediente, hijos de represores que hoy recorren el camino de Verdad y Justicia, porque ellos también fueron víctimas del Terrorismo de estado ejercido por sus padres"
Proyecto que ya ha fracasado
Para la senadora frenteamplista e integrante de la comisión de derechos humanos y género del senado, Sandra Lazo, " la postura del Frente Amplio, quedó plasmada en la argumentación que la coordinadora de bancada, compañera Liliam Kechichiam realizara. Allí se expresó claramente que no nos parece que se trate de un proyecto de carácter reparatorio con fines humanitarios, sino que mas bien parece un proyecto de carácter estrictamente ideológico, en el cual se establece una reparación al barrer, sin explicitar a quienes o a cuantos damnificados en fechas preestablecidas donde se intenta equiparar el daño producido por el Terrorismo de Estado, a los daños que no negamos pueden haber causado en el marco de enfrentamientos, los grupos armados que actuaron en el referido momento. Grupos armados que no solo fueron identificados, sino que sus integrantes pagaron con cárcel, tortura, desaparición y muerte violenta por parte de un Estado que debía protegerlos.
En conocimiento además que ya ha habido expresiones de reconocimiento representado en placas, y en días de conmemoración de diversos colectivos, incluso dentro de espacios de instituciones del Estado. En el respeto al dolor de quienes pueden sentirse damnificados, entendemos que no se puede establecer al barrer una reparación pecuniaria, sino que es necesario en todo caso, a lo que no nos negamos, estudiar caso por caso, y requerir además la opinión de organizaciones sociales, de derechos humanos, historiadores, etc.
Reconocer a los años que preceden al periodo de la dictadura cívico militar como una democracia plena, es algo que no comparto en lo personal, (el proyecto refiere del 62 al 76). Existen por otra parte reconocimientos a través de notas de prensa, literatura variada al respecto, incluso monumentos a los caídos en servicio, o resarcimiento económico que abarcan también a sus familias, por lo que entendemos que salvo, en algún caso que no se contemple y que se deberá estudiar, un reconocimiento social, moral, o económico, al barrer es un acto de reivindicación a la dictadura y sus nefastas consecuencias.
Desde el regreso de la democracia en 1985 varios gobiernos del Partido Colorado y el Partido Nacional (hoy gobernando en conjunto) recibieron iniciativas similares que no prosperaron aun contando con las mayorías para aprobarlo, lo cual nos lleva a reflexionar sobre el porque hoy traer nuevamente un tema que no hace mas que poner sobre la mesa una teoría que no compartimos (de los dos demonios), a instancias de no sabemos qué tipo de presión a la que está expuesta la actual conducción política del gobierno para presentar una vez mas una iniciativa que, reitero, tuvo otras mayorías y otras coyunturas y no logro ser aprobado.
Mientras tanto aún quedan aspectos del pasado reciente sin respuesta, como los y las compatriotas que continúan en calidad de desaparecidos (víctimas de la desaparición forzada por parte del Estado), y muchos compatriotas victimas de grupos armados de extrema derecha, que nunca fueron contemplados en la medida que nunca se reconoció su existencia (como paramilitares), por parte de quienes hoy llevan adelante la iniciativa. No nos parece un proyecto reparatorio con carácter humanista, sino una intención solapada de reivindicar el accionar de quienes, desde el Estado, incumplieron con sus deberes elementales".
Reparación ideológica
El Dr. Pablo Chargonia que ha asistido varios juicios contra víctimas del Terrorismo de Estado expresó a Caras y Caretas que : "en mi opinión personal (el Observatorio Luz Ibarburu no se ha expedido): la intención del proyecto no es humanitaria sino ideológica. Se usa la reparación económica como un instrumento de interpretación de la historia reciente que abone la teoría falsa de "los dos demonios". El mensaje subyacente en el proyecto de ley es un intento de justificación del terrorismo de Estado y de ocultamiento de las responsabilidades de los partidos políticos tradicionales que en su momento promovieron la represión generalizada contra quien, mucho antes del golpe de Estado, era considerado el "enemigo interno". Con este proyecto de ley, la derecha pretende neutralizar la definición del art. 2 de la Ley 18.596 del año 2009, que dice: "Se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional."
Cantidad de beneficiados
Consultado por Caras y Caretas el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano manifestó que serían cerca de 80 personas las beneficiadas, pero será la comisión a crear quién lo determinará.
