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“Naturalizar expresiones que banalizan la violencia y amenazan la vida” de infancias “es sin dudas sostener un permiso para la comisión de actos que solo perpetúan la violencia”, remarcaron en la denuncia penal.
Las abogadas patrocinantes son Soledad Suarez, Ivanna Messano y María Echetto, quienes representan al viceministro de Desarrollo Social (Mides), Federico Graña, la jefa de Diversidad Sexual del Mides, Josefina González, el secretario de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, Andrés Scagliola.
Así como a los colectivos Gender, Diverso Las Piedras, Den, Dos mamás, Transboys, Coro de hombres gay, Riversidad, Asociación Trans del Uruguay-Rivera, la Eskuelita Trans, y la coordinadora general de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH, Teresa Herrera.
En el programa televisivo Buscadores de Canal 5 el día 30 de octubre de 2026 “el periodista Fernando Vilar entrevista a la Dra. Lorena Quintana , médica pediatra y excandidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto”, describen. Una “figura conocida por defender una posición política anti derechos en relación a las infancias trans, con ideas que sostienen que el reconocimiento de esas posibilidades de habitar un género distinto al asignado al nacer, son ‘abusos’, reduciendo toda posibilidad fuera del binarismo de género como una ‘ideología de género’”, detallaron.
Durante la entrevista el periodista Fernando Vilar expresa: “hace poco tiempo, está circulando… creo que todavía, el caso de una madre cuyo… no me acuerdo si era hija que se sentía hijo, o era hijo que se sentía hija [...]¿que se hace con eso? si “tengo un hijo que cuando tiene ocho años viene de pantaloncito, pelito corto, con la pelota abajo del brazo y me dice: 'Papá, me siento nena'. ¿Qué hago? Le pego un tiro, un problema menos.”
“No bastándole la gran acumulación de estereotipos de género en sus expresiones (que por sí solo constituye un acto de discriminación) concluye su planteo, con una reflexión sobre qué hacer ante tal situación, su conclusión es finalizar lo que entiende como “un problema” (una infancia trans) mediante la muerte por su identidad de género”, cuestionan.
“Ante el planteo de dar muerte a las infancias trans, el resto de integrantes del programa no reaccionan, mientras que la entrevistada, manejó alternativas que patologizan las identidades de género”, critican. “ Pasando por alto que se está colocando la experiencia vital de una infancia, una niña que existe en su individualidad”, expresan.
“Aquí no se debatió un caso hipotético, sino que se habló directamente sobre la vida de dos ciudadanas, vidas atravesadas por la violencia, ya que la madre de la niña, se expuso públicamente para denunciar la situación de discriminación recibida por parte de las autoridades del club deportivo en cuestión. Hecho que significa una revictimización en la vida de las personas a las que se refiere”, denuncian.
“Las expresiones de Fernando Vilar, a todas luces constituyen discriminación por razón de género con interseccionalidad con diversidad sexual y generaciones, revistiendo aparente relevancia penal, de acuerdo con la normativa interna e internacional vigente en nuestro país”, adivierten.
Las declaraciones “constituyen una clara afrenta a los derechos humanos de poblaciones histórica y especialmente vulneradas y discriminadas a nivel mundial, y el Estado uruguayo, ha de actuar con debida diligencia reforzada aplicando la perspectiva de género, generaciones y diversidad sexual que obliga a prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar actos discriminatorios contra la población trans”, encomiendan.
“En virtud de lo preceptuado por el Código Penal en los artículos 149 bis y 149 ter, que mediante la Ley 16.048 y 17.677 se incorpora la orientación sexual e identidad sexual como conducta castigable penalmente, según lo establecido por la Ley 19.684, el Código de la Niñez y de la Adolescencia, la Constitución de la República, arts. 7, 8, 29 y 72, la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica, Ratificada por Uruguay mediante la Ley 15.737 en sus artículos 1.1, 5, 11, 13, 24, 25, la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia ratificada mendiante la Ley 19.584 de 2018, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17, 20.2, 26, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención de Belém do Pará, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer , los Principios de Yogyakarta y según la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “se solicita se investige penalmente al Sr. Fernando Vilar por la presunta comisión de delitos de odio y discriminación por razón de identidad de género”, refuerzan.
“El tardío y relativizado pedido de disculpas efectuado por el denunciado 4 días después de los hechos, cuando además, las autoridades de Canal 5 pidieron rectificación pública a Buscadores tras los dichos efectuados, culmina con el reconocimiento de la violencia ejercida”, aseveran.
“Ello, no hace más que confirmar que la consumación del delito existe y no enerva su responsabilidad penal ni la del Estado que debe actuar con la mayor rigurosidad, puesto que la ofensa es hacia toda la población”, establecen. “Darle la relevancia que amerita a lo que se denuncia, constituye una obligación estatal, por lo que no puede pretenderse que la acción penal quede diluida en actos que no son per se reparatorios según la norma, debiendo darse la misma intervención que se efectúa, por ejemplo, ante delitos contra la propiedad”, sostienen.
“Tal como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos ‘La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza’”, citaron.
“Por lo tanto, el silencio ante actos de absoluta gravedad como los que fueron denunciados, implicaría continuar con la complicidad de un sistema cultural y jurídico que aún goza de tal impunidad que, frente a hechos públicos de similares características, el sistema de justicia no ha demostrado encontrarse a la altura de los compromisos asumidos por nuestro país, tanto mediante la legislación interna como por la ratificación de legislación internacional”, señalaron.
“El silencio y la ausencia de sanción por actos de tal magnitud, solo propiciará el mantenimiento de discursos de odio sin consecuencias jurídicas, pudiéndose llegar a incrementar de forma precipitada lo que el Estado se ha comprometido a erradicar y generándose a consecuencia responsabilidad estatal”, advirtieron.
“Naturalizar expresiones que banalizan la violencia y amenazan la vida de otras personas, para el caso, de infancias, es sin dudas sostener un permiso para la comisión de actos que solo perpetúan la violencia, más aún, cuando provienen de personas con exposición pública y capacidad de incidir en la opinión social”, subrayaron.
“En el ejercicio de ciudadanía, en razón del respeto por la paz pública, tal como se establece en nuestro ordenamiento jurídico, no existe opción ética posible que lleve al silencio”, concluyeron.