Respecto a la titularidad del negocio —bien ganancial asentado en la declaración jurada del jerarca—, precisó que su cónyuge asumió la franquicia hace 13 meses tras el traspaso de la anterior responsable y la aprobación de la cadena.
El jerarca también se refirió al historial comercial de Leiva en la dependencia, descartando que realizara maniobras ilícitas en las ventanillas del local financiero y asegurando que se trata de "un cliente más". "Es vecino del lugar, cliente habitual de la zona, y concurre al local, no a cambiar dólares ni pesos, no hacer ninguna otra operación que no sea la de pagar, no todos los meses, pero habitualmente, dos recibos del Banco de Previsión Social, correspondientes a dos pequeñas empresas constructoras", detalló el director de la ANP, agregando que en algunas oportunidades "absolutamente documentados".
En esa misma línea, negó los trascendidos que vinculaban al local de cobranza con el posible blanqueo de fondos. "Se ha dicho que esta persona iba a cambiar dinero, a blanquearlo. No es cierto. Quizás esas facturas tengan que ver con alguna actividad que tiene como destino blanquear dinero, yo no lo sé. Pero ahí lo que se hace es cobrar facturas", sostuvo.
Sistema de contralor
En cuanto a la infraestructura de seguridad y la regulación administrativa, Gandini explicó que el local cuenta con un estricto contralor. Señaló que en un espacio físico reducidos operan 14 cámaras de videovigilancia —11 administradas de forma directa por la red central y tres propias— que registran cada movimiento en tiempo real, incluyendo las tareas operativas en ventanilla.
A su vez, enfatizó que la actividad está bajo regulación de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAF) y cuenta con un oficial de cumplimiento que audita el flujo de caja, sumado al monitoreo bancario sistemático al que está sometido por su carácter de funcionario público.
"No conocemos a esta persona"
Como medida preventiva, el jerarca confirmó que su esposa solicitó un informe al oficial de cumplimiento para adjuntar el respaldo de las operaciones del período. De igual forma, manifestó el respaldo ético y legal ante cualquier convocatoria oficial. "Nos ponemos a entera disposición de la fiscalía. Me pongo yo, se pone mi esposa, se ponen las empleadas, particularmente la encargada del local, a disposición de la justicia, me pongo a disposición de la JUTEP", afirmó.
A modo de cierre, el dirigente apeló a su trayectoria en el ámbito estatal para marcar distancia con las acusaciones. "Hace 41 años estoy en la actividad pública, desde el 85. He pasado de todo, son las reglas de juego. Nunca esto, ni en dictadura ni en democracia, mi familia quedó involucrada ni mencionada como en este caso. No somos responsables de ninguna actividad ilícita. No conocemos a esta persona", concluyó.
