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INR diseña plan piloto con prestaciones sociales a las personas liberadas de la cárcel

Se aplicará en unos 500 o 600 casos e incluirá subvenciones de boletos, así como soluciones de vivienda y empleo.

“Está en proceso de diseño con reuniones interinstitucionales periódicas; creemos que en los próximos meses se podría empezar a implementar”, dijo Juanche en una entrevista con el programa radial Así nos va. El plan ya pasó a la órbita del Poder Ejecutivo y formará parte de una serie de anuncios que realizará el Mides la próxima semana.

La directora del INR sostuvo que se proyecta iniciar el plan “con unos 500, 600 casos”. Para definirlo, se está “evaluando realmente la bolsa de dinero, para cuánto alcanza y a partir de ahí escalar este plan”.

Por otro lado, aún no se ha definido por cuánto tiempo se extenderían las prestaciones. “Estamos haciendo cuentas”, reafirmó Juanche, y señaló que pretenden que sea “por lo menos de un año” o, al menos, no menor a seis meses.

El proyecto

El programa tiene como principal antecedente el Proyecto de Inclusión Asistida (PIA), que funcionó entre diciembre de 2024 y setiembre de 2024, y fue ejecutado por el Mides, en colaboriación con la Universidad de Montevideo y el Ministerio del Interior. Con el objetivo de reducir la reincidencia, el PIA brindó una tarjeta de 1.640 pesos mensuales durante seis meses después de la liberación, así como una tarjeta para el transporte metropolitano recargable con 400 pesos o boletos interdepartamentales.

Juanche sostuvo que el PIA se aplicó a 400 casos y “tuvo una duración acotada”. Igualmente, “se vio en la evaluación de impacto de ese programa que, sobre todo en el primer mes después del egreso, el apoyo monetario era sustantivo en ralentizar el retorno de las personas a la calle”.

Explicó que las personas liberadas tienen “grandes perspectivas” de quedar en situación de calle, “porque no tienen acceso a la vivienda, porque tienen los vínculos socio afectivos bastante quebrantados, porque muchas veces volver a la comunidad es volver al círculo criminógeno”. Según los datos del último relevamiento de personas en situación de calle, realizado en 2023 y solo en Montevideo, del total de 2.756 personas, algo más de la mitad (52,9%) declaró haber estado privada de libertad en algún momento de su adultez. De ese grupo, la mitad indicó haberlo estado tres veces o más.

La directora del INR detalló que el nuevo plan también contaría con el Ministerio de Vivienda, para promover el acceso a una “vivienda protegida en alguno de los dispositivos que tiene disponibles el Estado”, y colaboraría en el empleo, “que es como el eje motor”, dijo. Además, comprendería la “atención de salud integral para que las personas puedan, por ejemplo, hacer uso de los tratamientos para el uso problemático de drogas”.

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