—Nos encontramos con una situación muy compleja, producto de factores que inciden en la responsabilidad de gestión. Nuestra competencia fundamental es la contraloría de toda la institucionalidad e instrumentalidad de la seguridad social, lo que incluye la administración de subsidios de desempleo especiales y prórrogas de subsidios de desempleo. Estos mecanismos están muy demandados desde el inicio de la actual administración y, además, debemos velar por la eficiencia de nuestra gestión en un contexto de fuerte erosión presupuestal. Los subsidios por desempleo especiales y las prórrogas sobre los subsidios comunes de desempleo demandan muchas horas de trabajo en un contexto presupuestal muy restrictivo. Una fuerte erosión presupuestal a nivel general y en particular en el Ministerio y muy especialmente en esta dirección respecto al quinquenio anterior.
—¿A qué se refiere con erosión presupuestal?
—La Administración anterior redujo alrededor de un 40 % el presupuesto ministerial en términos reales respecto a la segunda administración de Tabaré Vázquez. Un 30 % menos en gasto corriente y un 50 % en inversiones. Eso dejó a un ministerio con dotación de personal por debajo incluso de lo previsto en la propia ley de presupuesto anterior, porque la gente se fue jubilando y no hubo ingresos. Hoy enfrentamos restricciones logísticas y de apoyo a la función. Nuestra expectativa es recuperar el nivel previo y avanzar en una renovación generacional en el personal. Estoy convencido de que en este quinquenio tenemos que revertir los efectos devastadores de una política donde el Estado fue apartado significativamente en su rol rector en materia de seguridad y protección social, generando un espacio de excluidos.
Caja Profesional y sostenibilidad
Quienes afirman que la última reforma no garantiza sostenibilidad no han presentado datos que respalden esas afirmaciones, y eso daña el valor democrático del proceso. Quienes afirman que la última reforma no garantiza sostenibilidad no han presentado datos que respalden esas afirmaciones, y eso daña el valor democrático del proceso.
—Uno de los temas más debatidos ha sido la Caja Profesional. ¿La solución aprobada garantizará su sostenibilidad a largo plazo?
—El Parlamento aprobó, con un amplísimo respaldo (30 de 31 senadores y 90 de 94 diputados), una reforma orgánica que busca revertir desequilibrios previsionales, de orden demográfico y económicos acumulados durante los últimos veinte años. Supuso un esfuerzo contributivo tanto de los asegurados como de la sociedad, a través de rentas generales. Nosotros estamos política y técnicamente convencidos de que es una solución de largo plazo. Sin embargo, se han escuchado voces críticas que señalan lo contrario.
Esas expresiones públicas no tienen sustento técnico ni científico en lo actuarial. En seguridad social la evidencia actuarial es fundamental: cómo bajo supuestos de consenso se comportarán las variables demográficas y económicas a largo plazo, cómo se proyectan resultados en el tiempo. Quienes afirman que la última reforma no garantiza sostenibilidad no han presentado datos que respalden esas afirmaciones, y eso daña el valor democrático del proceso.
—¿Y qué opina de propuestas como unificar las cajas?
—Creo que debemos avanzar hacia una convergencia sistémica, pero eso no se decreta. Requiere amplios acuerdos sociales y políticos, y atender la historia de la seguridad social en Uruguay. Ya en esa materia hemos tenido intercambios políticos institucionales y técnicos con todos los subsistemas, incluidos los servicios de retiro militar y policial, y hay apertura para un diálogo técnico honesto que busque sostenibilidad a largo plazo.
La inmoralidad de las AFAPs
No se trata solo de discutir jubilaciones: no podemos pensar la seguridad social disociada del sistema de cuidados, de la educación y de la salud. Es un enfoque integral de derechos humanos. No se trata solo de discutir jubilaciones: no podemos pensar la seguridad social disociada del sistema de cuidados, de la educación y de la salud. Es un enfoque integral de derechos humanos.
—Usted ha sido muy crítico con el sistema mixto. ¿Qué cuestiona de las AFAPs?
—Lo digo a título personal: el esquema de comisiones de las AFAPs raya en la inmoralidad. Cobran siempre, todos los meses, antes incluso de que el trabajador vea rentabilidad alguna en sus ahorros. En ninguna parte del mundo se asegura riesgo cero de facturación a una empresa privada. Aquí sí. Y lo peor es que ese costo recae siempre sobre el trabajador. Cuando se grava el trabajo y se mantiene una estructura de exoneración contributiva de capital, evidentemente existe una visión regresiva de la seguridad social. Cuando más allá de los aportes patronales y personales no se busca otra fuente alternativa de financiamiento de la seguridad social, ni se analiza el impacto que tienen los cambios en el mundo del trabajo, no estás enfocando consistentemente la sostenibilidad sistémica.
—¿Estos temas formarán parte del diálogo social anunciado por el Gobierno?
—Sí, yo estoy convencido de que deben abordarse. El diálogo social lo estamos llevando adelante con una metodología que tiene como centro al ciudadano y sus organizaciones representativas, integrando a trabajadores, ciudadanos vinculados a los cuidados, actores de la minoridad y del sistema educativo. No se trata solo de discutir jubilaciones: no podemos pensar la seguridad social disociada del sistema de cuidados, de la educación y de la salud. Es un enfoque integral de derechos humanos.
—En cuanto a recursos, ¿cómo se financia una seguridad social más robusta en un país con déficit fiscal elevado?
—Heredamos el mayor déficit fiscal de los últimos 35 años, lo que condiciona la velocidad de las decisiones. Pero no todo se define en la ley de presupuesto: es una herramienta relevante, no una tapa irreversible. Yo comparto, por ejemplo, la decisión de gravar depósitos de uruguayos en el exterior, unos sesenta y dos mil millones de dólares. Eso puede ser relevante en el plano fiscal, a priori no descarto ninguna iniciativa progresiva en el orden impositivo. Tenemos que poner todas las iniciativas arriba de la mesa para democratizar la fiscalidad, incluso la propuesta del 1 %, tan mentada en estos días.
Presupuesto Quinquenal
Lo que sí sé es que los gobiernos de derechas menosprecian las relaciones laborales y fundamentalmente todo lo inherente a la negociación colectiva, el valor de los sindicatos en la democracia. Lo que sí sé es que los gobiernos de derechas menosprecian las relaciones laborales y fundamentalmente todo lo inherente a la negociación colectiva, el valor de los sindicatos en la democracia.
—¿Con qué expectativa encara el quinquenio?
—Con la convicción de que debemos recomponer los equilibrios dañados por políticas de retracción del Estado. No será por decreto ni de un día para otro. Pero si logramos sostener el diálogo social y avanzar hacia consensos amplios, Uruguay puede consolidar un sistema de seguridad social sostenible, justo e integrado.
¿Cuáles son las expectativas en relación a este presupuesto quinquenal?
—Que haya un aumento y que estén dadas las condiciones a todo nivel para recuperar, por lo menos, el nivel que teníamos previo a la administración de Lacalle Pou. En términos proporcionales claramente es posible advertir que esos recortes presupuestales se correlacionaron con el enfoque de la función del Ministerio en la administración anterior.
—¿Cuál fue el argumento para hacer esta reducción presupuestaria?
—Lo desconozco. Lo que sí sé es que los gobiernos de derechas menosprecian las relaciones laborales y fundamentalmente todo lo inherente a la negociación colectiva, el valor de los sindicatos en la democracia. Entonces hay una correlación política entre lo que fue la reducción presupuestaria y el enfoque de la misión que se le asignó al Ministerio de Trabajo en la administración pasada.
