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El gobierno presentó el texto que apunta a reducir el costo de vida, aliviar las trabas burocráticas y fomentar la competencia y la inversión.
El gobierno presentó en el Parlamento el proyecto de ley de Competitividad, que incluye más de 240 artículos con el objetivo de avanzar en la simplificación de trámites, mejorar los marcos regulatorios y fomentar la inversión.
La unificación de registros, la digitalización de trámites comerciales y el silencio administrativo positivo se destacan entre las medidas tendientes a reducir las trabas burocráticas, así como la extensión de la vigencia de los registros sanitarios a diez años, en el marco de una norma que contaría con visto bueno de la oposición.
El articulado del texto contempla también la reducción del costo de vida y el alivio económico de los consumidores, donde aparece la obligación de exhibir el precio por unidad de medida, buscando facilitar la comparación y la toma de decisiones en las compras del día a día.
En paralelo, el Ejecutivo promueve la libre competencia a través de la facilitación de importaciones múltiples de un mismo producto, dotando de mayor autonomía a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.
Entre los artículos tendientes a reducir la burocracia y agilizar los trámites, que recogen buena parte de los reclamos de los empresarios, en la iniciativa aparece el principio de “gestión basada en riesgos”, lo que supone menos controles previos a algunas actividades y más fiscalización posterior, mientras promueve el uso de declaraciones juradas en lugar de autorizaciones complejas.
Un punto saliente es la implementación del “silencio administrativo positivo”, lo que supone que el Estado aprueba automáticamente una autorización si excede un determinado plazo máximo en responderla. Además, buscando reducir las trabas, prohibirá a organismos exigir documentación que ya posean otras dependencias estatales.
Aparece también la mayor interoperabilidad entre organismos, con la creación de una plataforma común de gestión de trámites para pymes, integrando a la DGI, el BPS, los ministerios y las intendencias.
Otro paso es el avance de un Programa de Calidad Regulatoria, a cargo de la Dirección Nacional de Inversión, que pretende eliminar cargas administrativas innecesarias, promover el rediseño de algunos mecanismos y coordinar la articulación entre el sector privado y el Estado.